Puig y Moreno agitan el avispero de la financiación: saltan la España 'vaciada' y el Gobierno

SEVILLA. La reunión entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para la reivindicación conjunta de un nuevo sistema de financiación autonómica levantó ampollas este martes en la agenda política nacional. Una circunstancia poco habitual, dado que este asunto, pese a ser de vital importancia para la Comunitat Valenciana, no termina de generar ningún interés mediático ni político, dado que estratégicamente ninguno de los dos grandes partidos (PP-PSOE) ha tenido demasiado interés en abordarlo desde que caducara a finales de 2013 el actual modelo vigente.

Así, la manifestación institucional compartida por el presidente de la autonomía más poblada en la que gobierna el PP (Andalucía) y su homólogo en la región más importante liderada por el PSOE (Comunitat Valenciana) sí terminó por agitar el avispero estatal, con reacción de otras Comunidades Autónomas (CCAA) y del propio Gobierno de España. No en vano, tal y como recalcó Puig durante la rueda de prensa conjunta, entre ambas suman casi el 30% de la población española, por lo que la reivindicación compartida sí adquirió cierta resonancia y prendió la mecha del debate nacional.

En primer lugar, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya se había apresurado horas antes de esta reunión, a asegurar que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, cumplirá su palabra y tendrá lista una propuesta para la reforma en el mes de noviembre. Unas declaraciones estas que, precisamente, hacía tras la reunión celebrada con el presidente andaluz, Moreno Bonilla. Aún más, ya lo deslizó el lunes pero este martes repitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por esta minicumbre valenciano-andaluza, su deseo de evitar conflictos a cuenta de la financiación autonómica. "No lleva a nada bueno un planteamiento que crea bloques territoriales", afirmó la ministra. En este sentido, tal y como informó este diario, uno de los peligros de la maniobra de Puig es el daño colateral que puede generar entre sus compañeros de partido en el Gobierno de España, que se muestran reacios a abrir el melón de la reforma del sistema.

Pero las reservas en La Moncloa respecto a la conveniencia de que esta cuestión adquiera más relevancia no impidieron los movimientos en otras CCAA. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, no se mordía la lengua este martes la hora de manifestar su desaprobación por la visión de la reforma de la financiación que compartían a cientos de kilómetros su compañero de partido Ximo Puig y el popular Juanma Moreno. 

Es más, el dirigente aragonés anunciaba una cumbre para el mes de octubre con otros presidentes regionales que conforman la llamada 'España vaciada', cuyas prioridades en la materia no van tanto en la línea valenciana -número de habitantes- sino en el peso que deben tener otras condiciones como la dispersión poblacional o el envejecimiento de la misma. A la sazón: Aragón (PSOE), Galicia (PP), Extremadura (PSOE), Castilla y León (PP), Castilla-La Mancha (PSOE) y Asturias (PSOE) revalidarán su alianza para tratar de que los criterios que defienden -y que actualmente tienen más peso que otros- se mantengan o, en su defecto, que no se reforme el modelo si esto supone perder dinero.

La tensión no apunta a relajarse este miércoles. Precisamente comparecerá en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar la citada reforma del sistema. Y lo hará, de nuevo, a petición del diputado de Compromís, Joan Baldoví, con quien ya ha protagonizado en el pasado rifirrafes en la cámara. La cuestión es que ahora el Gobierno -pese a que la propia Montero lo rechazó en su día y Calviño llegó a postergarla recientemente en València a "los próximos años"- sí parece que cumplirá su palabra y presentará una primera propuesta para la reforma en noviembre. Sin embargo, la pregunta que planea en el Botànic es si ese documento será un marco demasiado general que no aportará ningún avance en el debate o si de verdad permitirá fijar un horizonte final a la polémica.

Puig, meses intentando reivindicar sin confrontar

Desde hace meses, el presidente valenciano está tratando de involucrar a otras autonomías en la reivindicación por la reforma del sistema, que ha perpetuado un reparto que perjudica notablemente a la Comunitat Valenciana, situándola en el furgón de cola de las regiones españolas. La maniobra de Puig, mucho menos frontal que cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy, se ha dirigido a recabar apoyos de otros presidentes autonómicos con el objetivo de generar una especie de clamor que obligue al Gobierno de España a cumplir sus promesas -la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe presentar una propuesta antes de que termine el año-. De paso, el jefe del Consell y líder de los socialistas valencianos, a traves de esta hoja de ruta de alianzas regionales, también ha conseguido ganar algo de tiempo para evitar ir a un choque frontal contra su compañero de partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De esta manera, primero logró un posicionamiento común en esta y otras materias con su compañera de partido y presidenta del Govern balear, Francina Armengol. Menos suerte tuvo Puig con su homólogo catalán, Pere Aragonès, con quien hubo sintonía en diversas cuestiones pero no la misma mirada de prioridad con la reforma de la financiación, dado que admitió estar centrado en la negociación bilateral por el referéndum independentista.

Ahora, el movimiento de Puig con Moreno Bonilla sí parece que ha sido mucho más certero. En los próximos días, el presidente andaluz se reunirá con el responsable de Murcia, Fernando López Miras (PP), quien ya ha proclamado públicamente su interés por apoyar la reforma inmediata de la reforma junto a estos protagonistas.

Curiosamente, la plataforma valenciana Per un Finançament Just, conformada por todos los partidos con representación en Les Corts excepto Vox, los principales sindicatos y la patronal, han impulsado tres manifestaciones para reivindicar esta cuestión el próximo 20 de noviembre. Preguntado por esta herramienta de protesta, Moreno Bonilla evitó animar a este tipo de manifestaciones en su territorio, lo que mete más presión al Gobierno valenciano en su afán reivindicativo frente al Ejecutivo central.