VALÈNCIA (EFE). El Gobierno remitirá este martes a Bruselas el primer plan fiscal estructural, un documento que recogerá compromisos concretos de ajuste de las cuentas públicas para los próximos años tal y como prevén las nuevas reglas fiscales europeas. ¿En qué consiste este plan?
La Comisión Europea define los planes fiscales como la piedra angular de su nuevo marco de gobernanza económica. Este documento, que tienen que remitir todos los países europeos, incluye la senda fiscal para los siguientes cuatro años, que tiene que ser compatible una reducción gradual y sostenida de la deuda, junto con las prioridades en materia de inversiones y reformas. Es decir, que este documento concreta cuánto se comprometen los gobiernos a ajustar sus cuentas públicas y cómo planean hacerlo.
El plan fiscal es la forma en que se materializan las nuevas reglas fiscales europeas, que pretenden implementar un sistema más sencillo para avanzar hacia el cumplimiento del pacto fiscal -que el déficit no supere el 3 % del PIB ni la deuda el 60 % del PIB-. Entre sus principales diferencias destacan:
- Los compromisos de ajuste son a medio plazo -cuatro años por regla general, siete si comprometen ciertas reformas estructurales- en lugar de anuales, lo que pretende evitar que los objetivos se reformulen cada ejercicio. De hecho, el plan solo se puede revisar en circunstancias excepcionales, como un cambio de gobierno.
- La vigilancia dejará de estar centrada en el déficit para fijarse en el gasto estructural neto de ingresos, una métrica que excluye el gasto en intereses o financiación de programas europeos pero que incluye las pensiones, y que puede compensarse con nuevos ingresos. En la práctica, controlar que el gasto no aumente si no lo hacen también los ingresos permite reducir el déficit y la deuda.
- Las medidas con las que se ajustan las cuentas son propuestas por los países, en lugar de venir impuestas desde Bruselas, aunque la Comisión tiene que certificar que son suficientes para colocar la deuda en una senda descendente a largo plazo.
Por el momento, no se sabe. Antes de verano, la Comisión Europea comunicó a todos los países que superan los umbrales europeos de déficit y deuda (como España) una trayectoria de referencia específica -una proyección del gasto neto máximo que pueden asumir en los siguientes cuatro o siete años para colocar la deuda pública en una senda descendente-, pero el Gobierno no la ha hecho pública. A partir de esta tasa, el Ejecutivo negocia con la Comisión cómo se materializa el ajuste, unas conversaciones que, a comienzos de esta semana, todavía no se habían cerrado.
En un cálculo preliminar, la AIReF estima que sería necesario realizar un ajuste fiscal de 0,63 puntos de PIB anuales si se hace en cuatro años o 0,43 puntos de PIB anuales si se hace en siete, lo que supondría minorar el aumento del gasto en 10.000 o 7.000 millones anuales, respectivamente.
Tampoco se sabe. El compromiso de ajuste afecta al gasto primario neto, es decir, cuánto puede aumentar el gasto de un año a otro, como máximo, si no se adoptan medidas específicas para recaudar más. Así, el plan puede optar tanto por contener el gasto -lo que podría implicar recortes en algunos ámbitos para compensar el creciente gasto en pensiones- como por implementar medidas de ingresos -con subidas fiscales o políticas que permitan incrementar la base sobre la que se aplican esos impuestos-.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado esta semana que el plan no incluirá recortes, pero sí "compromisos de responsabilidad de gasto" y ha recordado que España tiene una presión fiscal cuatro puntos de PIB inferior a la media europea.
Los planes de otros Estados que ya se han hecho públicos incluyen previsiones macroeconómicas y fiscales hasta 2028, adaptadas a la trayectoria propuesta por la Comisión, y una relación de las reformas e inversiones que prevén poner en marcha.
No, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido a exponerlo en las Cortes tras enviarlo a Bruselas este martes 15 de octubre.