Rafael Blasco. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La petición de una pena de 16 años para el que fuera todo poderoso conseller de la Generalitat valenciana Rafael Blasco ha sido un jarro de agua fría para su defensa y para él, que ya lleva dos años en la cárcel. De ser condenado, y con la ley en la mano, Blasco pasará los próximos 18 años viendo pasar los días tras los barrotes de Picassent, una jubilación dentro de una jaula gris por haber desfalcado el dinero destinado a los más pobres del planeta, el dinero para la cooperación internacional.
De ser nuevamente condenado, el cinco veces conseller cumplirá su pena con 90 años, ya que actualmente tiene 72, si el juez de instituciones penitenciarias no se apiada de él antes y le concede un permiso o el tercer grado, ya que la Fiscalía Anticorrupción no lo hará, pues informa en contra de cualquier permiso o beneficio para los reos condenados por corrupción, sobre todo aquellos que como Blasco no han devuelto ni un céntimo del dinero robado al erario.
El máximo cumplimiento que establece la ley para este tipo de delitos son 20 años, 7.300 días largos, muy largos, entre barrotes. Aunque igual, de ser condenados su mujer y su hijo, ambos imputados dentro del caso IVAM, la condena se le hace un poco más llevadera con su familia a su lado.
Normalmente, cuando un caso se divide en diferentes piezas separadas, los condenados cumplen el triple de la mayor de las penas. Un ejemplo de ello sería por ejemplo el principal investigado dentro de la trama Gürtel, Francisco Correa, para quien la Fiscalía pide más de 70 años de cárcel, pero que solo cumplirá el triple de la mayor de las condenas, por el momento 12 años, al haber sido condenado a 4 años por malversación dentro de la pieza de Fitur.
Son embargo, en este caso por el momento no se puede aplicar el triple de la mayor pues, el triple de 12 son 36 y, eso, supera el total de la petición de cárcel del fiscal en las tres piezas, que son 22 años. El derecho penal español dice que se aplicará siempre lo más beneficioso para el reo, en este caso sería una pena total de 22 años con un máximo de cumplimiento de 20. Pero eso podría cambiar si Blasco es condenado también en la otra pieza en la que está imputado, de las dos piezas que quedan por instruir dentro del caso Cooperación.
El juzgado mantiene abierta la investigación de otras dos piezas dentro de este procedimiento, la 4 y 5. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. La otra pieza investiga si el empresario Augusto César Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.
La solicitud de 16 años efectuada por la fiscalía contra Blasco se suma a la formulada este lunes por la Abogacía de la Generalitat, que pide una condena de 17 años y 6 meses de cárcel para el exconseller y de 170 años para el conjunto de los procesados. Adicionalmente reclama 8 millones de euros por la responsabilidad social de los procesados, de los que 3 millones se piden por el "daño moral" a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación.
Por su parte, la Coordinadora Valenciana de ONGD solicita una pena de 16 años de prisión para Blasco y otros 22 para el empresario Augusto César Tauroni como "principales responsables" del fraude de subvenciones dentro del caso Cooperación. En total, la esta entidad reclama 150 años de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 de este procedimiento.
Entre los procesados en estas dos piezas se encuentran la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la exsecretaria general Tina Sanjuán; el exdirector general José María Felip; el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.
Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
