Foto: EPVALÈNCIA. (EP) El representante del PP en el Consejo de Administración de Divalterra, Rafael Soler, ha ratificado este viernes la denuncia de su partido sobre las supuestas irregularidades en los contratos de alta dirección de esta empresa pública de la Diputación de Valencia, investigados en la causa abierta que desencadenó la 'Operación Alquería'.
Además, ha señalado que "llevamos ya cinco o seis días y todavía no se ha cesado" a los altos cargos investigados por lo que, pese a que se ha declarado "partidario de la presunción de inocencia", ha pedido a los grupos políticos que "reaccionen" y no dejen la gestión de Divalterra "en un limbo".
Así se ha pronunciado el representante de los 'populares' valencianos en Divalterra a su salida de la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha acudido a declarar como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9, encargado de las investigaciones relacionadas con la llamada 'operación Alquería', que llevó a la dimisión del hasta entonces presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez.
El juez ha citado a declarar este viernes en calidad de testigos a los miembros de los grupos políticos de PSPV, Compromís, PP y Ciudadanos en el consejo de administración de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra.
Se trata, en concreto del portavoz del PSPV, Pablo Seguí; de Maria Josep Amigó (Compromís), actual presidenta en funciones; de Rafael Soler (PP) y de Jorge Ochando, de Ciudadanos. Este último presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra el presidente de la corporación provincial por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección.
A su salida de los juzgados valencianos, Soler ha explicado que en su declaración ha ratificado la denuncia que presentó su formación "defendiendo los derechos de la Diputación y nuestra responsabilidad como consejeros de Divalterra". Dicha denuncia fue presentada, ha señalado, porque los 'populares' consideran que "hay irregularidades" en los contratos investigados pero, ha añadido: "Quien tiene que estimar si hay o no hay es el juez".
Ante la cuestión de cuáles son las irregularidades por las que los 'populares' valencianos denunciaron los hechos investigados, ha indicado que creen que esos contratos están "mal" y presentaron la denuncia "salvaguardando nuestra responsabilidad dentro del Consejo de Administración". "Y ahora acataremos lo que estime el juez", ha afirmado.
Preguntado por el cese de la representante de Compromís en Divalterra, Agustina Brines, como cogerente de la empresa pública, según ha anunciado su formación, Soler ha opinado que la situación de la firma dependiente de la Diputación es "un poco no normal" porque "si una persona está investigada, está como gerente, y la otra no aparece, la empresa tiene 600 o 700 trabajadores, de los cuales 500 salen al monte, y tienen que estar provistos de sus vehículos, sus herramientas y del combustible, y no hay ninguna persona que pueda firmar, no se puede dejar esto en un limbo".
"Aunque la presidenta sí que podía haber nombrado a cualquier persona que se encargara. Queremos ser prudentes y en un par de días que sea el Consejo de Administración quien valore poner un gerente al frente de Divalterra", ha apuntado.
Igualmente, sobre el cese del resto de altos cargos investigados que, según ha denunciado el PP, continúan percibiendo su sueldo, ha sostenido que "eso lo tendrían que hacer los grupos políticos". "En un momento determinado, se investigó a dos de nuestros asesores y en el momento en que supimos que tenían cargos tardamos una hora en cesarles. Aquí llevamos ya cinco o seis días y todavía no se han cesado. Yo soy partidario de la presunción de inocencia, pero aquí hay que reaccionar de la forma que se pide", ha manifestado.
Por otro lado, inquirido sobre la posible disolución de la empresa pública Divalterra, que han plantado algunas formaciones políticas, ha insistido en que "la reflexión la deben hacer los políticos y las personas que ponen al frente de las empresas y las instituciones, no en las empresas en sí, porque lo peor que puede pasar es que afecte a los empleados, que cumplen perfectamente su cometido y que nada tienen que ver en esto".
La operación Alquería, en la que fue detenido Jorge Rodríguez, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra, investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra --la antigua Imelsa-- en 2015. La causa está abierta por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
