Rajoy pone fecha de caducidad a 22.669 procedimientos judiciales en Valencia

VALENCIA. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que otorga seis meses de plazo a la instrucción judicial, o 18 meses en las causas de especial complejidad, entra en vigor el lunes y pone fecha de caducidad de la mano del presidente de Gobierno Mariano Rajoy, y del ministro de Justicia, Rafael Català, a nada más y nada menos que 22.669 procedimientos judiciales, de ellos 133 sumarios. Pero a esos casos además hay que sumar los cerca de 25 que maneja la Fiscalía Anticorrupción y que dependen de Madrid.

Según la nueva Lecrim hay seis meses para instruir cualquier procedimiento salvo excepciones. Dichas excepciones son las causas de especial complejidad y, dentro de ellas estarían aquellos procedimientos que requieren de periciales complejas, de requerimientos al extranjero así como de otras pruebas específicas y contempladas en la ley o no. Estas causas tienen un plazo de instrucción antes de llegar a juicio de 18 meses que se pueden ampliar otros 18.

Corrupción

Casos como Emarsa, Imelsa, Vaersa y un largo etcétera tendrán desde el próximo lunes seis meses para ser instruidos o ir a juicio. Pero hecha la ley hecha la trampa. Según ha podido saber Valencia Plaza, el próximo jueves los fiscales de dicha sección enviarán la solicitud para que todas las causas que manejan sean consideradas como de “especial complejidad” lo que otorga 18 meses para completar la instrucción, más otros 18 de prórroga que puede solicitar el fiscal.

El problema real se presenta con los más de 22.500 procedimientos que están “vivos” y que los fiscales, encargados de solicitar la especial complejidad, no conocen en profundidad e incluso pueden no haber visto nunca, ya que la ley no prevé un traslado obligatorio de la causa al fiscal hasta el auto de incoación del procedimiento abreviado, pues no son ellos los instructores sino el juez. Qué ocurrirá es una incógnita que no podremos desvelar hasta dentro de seis meses, pero de momento los problemas están comenzando a aflorar.

Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, los jueces de instrucción y los secretarios judiciales de dichos juzgados, no están nada ‘contentos’ con el hecho de que los miembros del Ministerio Público utilicen a sus funcionarios para saber de qué trata cada sumario o diligencia abierta. Y con el número de funcionarios que tienen los fiscales, salen a uno por cada seis, es imposible que utilicen a los suyos para saber que procedimientos hay.

Contra eso, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y a la sazón fiscal, ha prometido a sus excompañeros que podrán acceder al programa informático de los magistrados para poder tener controlados los procedimientos abiertos, y que ninguno llegue a los seis meses sin haber pasado por las manos de los fiscales. De hecho, Bravo le ha confirmado hoy a Valencia Plaza que después del puente deberían tener acceso, algo que desde la ciudad de la Justicia ponen en duda.

Pero la nueva Lecrim pone en peligro no solo las causas de corrupción. La nueva norma dice expresamente que serán causas de especial complejidad aquellas que necesiten, por ejemplo, pruebas ‘complejas’. Muy bien, ¿es el ADN una prueba compleja? Este periódico se ha puesto en contacto con diversos penalistas de reconocido prestigio y todos ellos han afirmado que, “si un fiscal solicita una prórroga por el ADN en un caso de asesinato, nosotros recurriremos ya que no tener medios no implica complejidad”.

Ante esa respuesta, Valencia Plaza ha hablado con varios magistrados de la Audiencia Provincial que han dicho que “la pregunta no es baladí” puesto que ellos deberán resolver los recursos y, “no es lo mismo falta de medios que la especial complejidad, más teniendo en cuenta que el ADN es una prueba considerada de protocolo”. De sentarse ese precedente, o se tiene el ADN en menos de seis meses o habrá que ir a juicio sin él. Aunque también existe una tercera posibilidad, archivar provisionalmente mientras llega el análisis, pero esa opción implica retirar las medidas cautelares y dejar libres a aquellos detenidos imputados, bueno según la nueva Lecrim ‘investigados’, mientras la causa esté en archivo provisional.