VALÈNCIA. La decisión del Consell de eliminar los impuestos verdes que recogía la Ley de Cambio Climático, aprobada por el Botànic en la pasada legislatura, ha generado las críticas de PSPV y Compromís, que, además, impulsaron la norma. "Es propio de una derecha negacionista y depredadora del territorio, que está contra el medio ambiente", señala el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, Jose Muñoz.
Concretamente, el gobierno de Carlos Mazón sacó a consulta pública el pasado jueves la revisión de la ley para, entre tras cuestiones, suprimir estos tres gravámenes que se iban a aplicará a partir del 1 de enero de 2025. Se trata de un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica; otro sobre la emisión de gases de efecto invernadero; y uno ambiental sobre grandes establecimientos comerciales.
Una decisión que desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que dirige Salomé Pradas, justifican en la mejora del diseño del marco fiscal "para favorecer la competitividad de la economía valenciana", según consta en la resolución. Sin embargo, la oposición carga contra ella, mientras que la patronal CEV se muestra conforme con la decisión del Ejecutivo autonómico.
Para el PSPV, el Consell desmonta "los instrumentos fiscales para plantar batalla y frenar el cambio climático", algo que, a juicio de Muñoz, "es propio de una derecha negacionista y depredadora del territorio, que está contra el medio ambiente". En este sentido, el diputado socialista apunta que una cosa "es evaluar si conviene o no establecer o ampliar la moratoria de algún impuesto para consolidar la recuperación tras la crisis de precios, que tanto ha castigado a la industria cerámica" y otra muy diferente es "liquidar toda la fiscalidad verde". "Es algo que además que va en contra de las directrices de la Unión Europea", advierte.
"Vemos un Consell que vuelve a aquello de "tot melonar és un solar", con el anteproyecto de la nueva ley de Costas valenciana, que entierra el Pativel y permitirá hoteles a 200 metros del litoral y un Consell firmado por partidos que eliminan carriles bici e inauguran carriles de coche como ocurre en València", critica Muñoz.
Por su parte, la diputada de Compromís y portavoz de Medio Ambiente, Paula Espinosa, también muestra el rechazo de su grupo ante esta medida. "No tiene ningún sentido que se elimine la parte impositiva de la ley de Cambio Climático, que principalmente tenía el objetivo pedagógico y disuasivo para ayudar a la correcta toma de decisiones y poder financiar el Fondo de Transición. Pero, en vez de movilizarse y movilizar a la sociedad ante una oportunidad de transformar la sociedad ante un futuro complicado, el gobierno lo paraliza y deja a la sociedad valenciana sin una hoja de ruta clara", lamenta.
En este sentido, remarca que como sociedad se necesita dejar de emitir CO₂. "En cambio, tenemos una Conselleria que en vez de ponerse manos a la obra, se dedica a deshacer el camino que habíamos iniciado", afirma Espinora.
En cambio, para la CEV es una decisión acertada al considerar que evita una penalización a las empresas. "No se comprende que, existiendo un marco estatal normativo como es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las empresas de la Comunitat Valenciana tengan que cumplir con mayores obligaciones de información no justificadas desde un punto de vista de cumplimiento de objetivos medioambientales".
"En el caso de la fiscalidad, la CEV lo ha trasladado en reiteradas ocasiones, las empresas de la Comunitat Valenciana no deben soportar más cargas fiscales que las de su entorno. Además, es preciso abordar la fiscalidad desde una perspectiva global, que no genere agravios comparativos, ni impactos negativos sobre la competitividad de sectores concretos o autonomías", subraya la patronal empresarial valenciana.