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Compromís y unides podem acusan de injerencia política al cgpj por su informe contrario

El Botànic cree que la Ley de Vivienda no invade competencias pero Compromís la ve muy mejorable

Foto KIKE TABERNER

Recuerdan que el órgano judicial debia haberse renovado hace tres años y que la mayoría conservadora tumbó un primer informe que avalaba la ley

29/01/2022 - 

VALÈNCIA. La futura Ley de Vivienda del Gobierno provocó desde el principio una gran polémica y división de opiniones por el posible impacto en el mercado inmobiliario. Mientras algunas voces hablaban de una contracción en la oferta y un freno de la inversión de futuros desarrollos, otros se mostraban más reticentes sobre los efectos que tendría la norma, cuya propuesta estrella es la limitación de los precios del alquiler.

No obstante, más allá de las críticas de los expertos, y principalmente del sector inmobiliario que la llegó a tildar de "nociva", "intervencionista" e incluso de "grave error", el proyecto legislativo se ha encontrado con un nuevo obstáculo en su camino. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitía un informe sobre el Anteproyecto de Ley en el que advertía al Gobierno de que el texto invadía competencias de las comunidades autónomas, dado que la vivienda es una materia con competencias de las regiones.

De esta forma, en el informe redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, que no es vinculante, se recuerda que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica". Afeaban, por tanto, al Ejecutivo que se dé "un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias". Y que "limita y dificulta" la competencia en materia de vivienda a las Comunidades Autónomas. Finalmente, el pleno del CGPJ aprobó por mayoría de 15 votos la propuesta que iniciará su trámite parlamentario.

Consenso y disenso Botànic

En medio de esta tormenta y con el Gobierno de PSOE e Unidas Podemos defendiendo el texto, los partidos que conforman el Consell del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem-, cierran filas en torno a la constitucionalidad de la norma, aunque con matices importantes en cuanto a su contenido.

Desde Compromís, su diputada en Les Corts, Belén Bachero, recuerdan que el CGPJ se tenía que haber renovado “hace tres años” y asegura que eso supone que “no está actualmente representando la voluntad de la ciudadanía, que decidió acabar con las mayorías absolutas y que hubiera un gobierno progresista” como el que existe. “Tenemos una anomalía democrática en la que de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el judicial no corresponde a la voluntad del pueblo y eso nos lleva a situaciones como esta”, lamenta.

La diputada de Compromís Belén Bachero Foto VP

Afirma que desde Compromís se alinean “totalmente” con el primer informe que presentó como ponente al CGPJ Álvaro Cuesta y que defendía el encaje legal del texto en la Constitución. “Votaron en contra los quince magistrados más conservadores y a favor los seis más progresistas. Esto está descompasado con la voluntad del pueblo”, señala. Bachero desliza además que el segundo informe, el aprobado finalmente este jueves y que denuncia una invasión competencial, apunta a que “el CGPJ además de no representar al pueblo está haciendo más política que los políticos”.

Pero la defensa de su constitucionalidad no quiere decir que Compromís esté satisfecho con esa ley. “Nos hubiera gustado una ley mas ambiciosa, que realmente blindara el derecho a la vivienda y frenara los desahucios sin alternativa habitacional, que pensamos que es donde debe estar el foco de esta ley y, por otra parte, que garantizara los suministros básicos, que vista la subida actual de la luz pensamos que es una cuestión irrenunciable”, remarca. Ahora llega el momento de Joan Baldoví, su representante en el Congreso. “Hay mucho margen para mejorar en el ámbito parlamentario”, sentencia Bachero.

Desde el PSPV-PSOE, su diputado nacional y portavoz de Vivienda Vicent Sarrià señala que tanto en València como en Madrid los socialistas tienen claro que no hay invasión de competencias en una ley que aún tensa las costuras entre los socios del Ejecutivo central pero que según recuerda supone cumplir con su compromiso de “defender el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna y asequible”.

El diputado socialista Vicent Sarrià Foto EVA MÁÑEZ

“Estamos ante la primera ley estatal de vivienda de la democracia, la cual pretende dar un marco general de mínimos que, sin cuestionar las competencias de las comunidades autónomas ni el derecho a la propiedad, evite que el mercado de la vivienda este condicionado por la especulación y se logre cumplir con su función social”, subraya.

Desde Unides Podem, que además dirigen la Conselleria de Vivienda en el Gobierno valenciano, insisten en "la necesidad de que el Gobierno apruebe la Ley de Vivienda con la mayor celeridad y sin ulteriores modificaciones que empeoren o rebajen los términos de ésta". Señalan que el Consejo General del Poder Judicial "lleva tres años sin renovarse a causa del bloqueo del Partido Popular" y es, a su juicio, un órgano que "obstaculiza la aprobación de políticas públicas por parte de la mayoría parlamentaria que, por ahora, continúa siendo el órgano que legisla en este país". 

El conseller de Vivienda Héctor Illueca. Foto: KIKE TABERNER

Por este motivo, desde Vivienda consideran que lo "preocupante" no es su dictamen no vinculante sobre la ley sino, "esta actitud entorpecedora del poder ejecutivo y legislativo". "La aprobación de esta ley ha de ser un paso adelante de gran relevancia en el blindaje del derecho a la vivienda. Por primera vez en la historia de la democracia de España, se provee a las instituciones de toda una serie de herramientas para intervenir en el mercado inmobiliario en favor de la mayoría social como son las personas inquilinas. Ha de significar un cambio, por lo tanto,  en una tendencia histórica en este país: la de regular en favor de los rentistas", recalcan desde Vivienda.

Además, destacan que un gran número de las propuestas valencianas enviadas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) como sugerencias para ser incluidas en la Ley de Vivienda se encuentran reflejadas en el texto.

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