Voy a darles una muy buena noticia que supongo aún no sabrán. Según una ley que se publicará mañana, todos los coches de hidrógeno podrán ir a más de 300 km/h por nuestras carreteras.
Supongo que la cara de usted ahora mismo es el emoji del whatsapp con los ojos abiertos como platos. Esta cara la ponemos al ver que crean una ley sin tener en cuenta la realidad actual en la que vivimos. Pues bien, aunque esa noticia es falsa, conserve ese emoji porque hay una realidad similar dentro de nuestra legislación que nos lleva a poner ese mismo “careto” por los mismos motivos.
El pasado 1 de octubre de 2018 entraban en vigor la leyes 39 y 40 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para resumir estas leyes, diremos que pedían cosas que, a día de hoy y diciéndolo con mucho conocimiento de causa, la gran mayoría de nuestras administraciones públicas no serán capaces de cumplir.
Sin profundizar y analizando sólo una parte de estas leyes, diremos que nos obligan a crear un ayuntamiento virtual donde todo ciudadano podrá presentar cualquier trámite de manera telemática sin necesidad de adjuntar documentación ya presentada en otras administraciones públicas.
Cuando digo que sé que muchas organizaciones públicas, a día de hoy, no pueden cumplir con esta ley, lo digo porque para poder cumplir con esta ley tan compleja deben cumplirse muchos requisitos previos que no se cumplen en la actualidad.
Para hacer un símil explicativo, vamos a poner como ejemplo algo que los españoles ya tenemos muy interiorizado y que nos va a ayudar a entender esta problemática. Lo que se pretende hacer con las leyes de administración electrónica y en concreto con las leyes 39 y 40 en cualquier municipio de españa, es obligar a tener, a parte de la tienda física que ya existe y que sería el edificio consistorial de cada localidad, una tienda online. El ayuntamiento tiene, como cualquier otra tienda online, productos. Estos productos son documentos que el cliente (ciudadano) necesita.
Estas leyes nos obligan a abrir un nuevo ayuntamiento accesible por internet con toda la seguridad e integridad que se tiene en el ayuntamiento físico. Además de contemplar las mismas cualidades del ayuntamiento físico, el virtual deberá tener una disponibilidad de 24x7x365, que cualquier ciudadano pueda interactuar con esta nueva tienda, que puedan ver donde esta su pedido en todo momento, que si el ciudadano lo pide, se le comunique cualquier cosa electrónicamente y por si esto fuera poco, los documentos que haya en cualquier municipio de España, deberán poder consultarse desde cualquier otra entidad pública.
¿Que están provocando todas estas leyes que salen en materia de administración electrónica?,¿hasta donde llegan estas leyes?,¿porque es inviable su cumplimiento a día de hoy?
Estas leyes están diciendo que condiciones y que requisitos mínimos tienen que cumplir esas nuevas “tiendas online” para dar un servicio de calidad a los ciudadanos. Perfecto, pero ¿están preparadas las entidades públicas para cumplir con todo lo que se pide?.
Por aportar más luz, vamos a inventar una situación similar que se podría dar en nuestra sociedad.
Imaginemos que hacemos una ley que diga que mañana las iglesias de barrio están obligadas a dar la misa por internet para todas las personas que quieran. Y a continuación empezamos a sacar leyes para decir todo lo que deben cumplir las webs que van a retransmitir esas misas.
.- Las webs en las que se den la misa de cada iglesia, tendrán fondo azul para que por internet se vea bien.
.- Todas las webs tendrán un tipo de letra determinado.
.- Las webs tendrán la capacidad de cambiar los ángulos de grabación con un mínimo de 5 cámaras para no perder ningún detalle.
.- La web de cada iglesia permitirá ver la misa a cámara lenta y ver el evento con 1000 frames por segundo.
.- La web por la que emitamos la misa, deberá permitir elegir al ciudadano en que idioma quiere oir la misa.
.- La iglesia que no tenga esta web, podrá ser denunciada.
Genial, ya tenemos un papel que nos dice los requisitos mínimos de las webs para emitir las misas en cada iglesia española.
Ahora sólo queda que los dueños de cada iglesia, los curas, lleven a buen término este proyecto. ¿Creen que los curas como “grandes expertos en tecnologías de la información y las comunicaciones” están capacitados para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura?
Tampoco es para tanto, solamente tendrán que decidir que ordenadores comprar para almacenar las grabaciones, donde ponerlos, montar la wifi dentro de la iglesia, contratar conexión a internet, programar las webs o en su defecto contratar las webs con proveedores externos, que sepa si los productos que le ofrecen los proveedores son caros o baratos, si las webs que le van a vender van a cubrir todas sus necesidades, mantener todas esas webs, comprar los nombres de dominios, almacenar toda la información en sus servidores con máxima protección, hacer copias de seguridad de todos los datos, dotar de seguridad el centro donde se encuentren los servidores web, cumplir con el esquema nacional de seguridad para evitar fugas de datos, garantizar una alta disponibilidad del servicio.
Solucionado. Acabamos de modernizar la religión católica española y la iglesia que no lo cumpla, la denunciamos.
¿Creen que hemos modernizado algo?, ¿creen que el objetivo de las leyes se va a poder cumplir?, ¿creen que si le decimos al cura que en vez de para mañana, tenga todo montado para pasado mañana, podremos cumplir con las leyes? ¿un cura va a ser capaz de crear una iglesia virtual?, ¿no es esto un despropósito?, ¿no deberíamos legislar para dotar a las iglesias de gente preparada para modernizar las iglesias antes de obligar a emitir misas por internet?, ¿creen que tendrá continuidad este proyecto?.
Eso si, si seguimos adelante con este proyecto y con esta planificación, preparemos los juzgados españoles por que van a denunciar a “todo cristo”, nunca mejor dicho.
Esta es la realidad que vivimos dentro de las mayoría de nuestras administraciones públicas. Su estructura de personal y de recursos está hecha en el siglo pasado y les estamos obligando a cumplir con demandas del siglo XXI.
Si resucitara un trabajador que hubiera trabajado en el siglo pasado en un ayuntamiento en puestos directivos y volviera a trabajar a en su mismo puesto, no notaría cambio en los procesos que se llevan a cabo, siguen siendo los mismos procesos y el personal directivo dentro de estas entidades, siguen siendo los mismos.
Si resucitara un trabajador que hubiera trabajado en el siglo pasado en una multinacional en puestos directivos y volviera a trabajar en su mismo puesto, no sabría ni por donde empezar. Los procesos de las empresas privadas han ido evolucionando, su forma de trabajar se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, y sobretodo, su plantilla de puestos directivos no tiene nada que ver con la del siglo pasado.
Es sabido que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, la revolución del internet de las cosas (IoT), el big data... Hoy en día estamos totalmente conectados, nuestros relojes saben los pasos que damos, las neveras pueden hacer la compra dependiendo de lo que nos queda dentro de ella y sin intervención humana, nuestros móviles saben todo sobre nosotros. Son cambios profundos a todos los niveles de la sociedad.
Por todo esto, las empresas privadas ya llevan tiempo poniendo a los mandos de sus negocios a personal experto en tecnologías de la información y las comunicaciones. Saben de sobra, que en los tiempos que corren e independientemente del sector al que se dediquen, la persona más preparada de su plantilla y la que más rentabilidad le puede ofrecer dirigiendo sus proyectos, es el personal TIC. Por lo general, este personal es cualificado, preparado y altamente motivado por los proyectos que su propio mundo puede proporcionar a sus empresas y a nuestra sociedad.
A día de hoy, en la relación de puestos de trabajo de la entidades públicas, el personal experto en tecnologías de la información no es importante, no tiene un papel relevante dentro de la administración, no es personal consultivo a la hora de llevar a cabo proyectos importantes y no esta valorado como debería. Esto sucede en el mejor de los casos, en otras muchas administraciones públicas, ni siquiera tienen en plantilla ningún funcionario TIC.
Este es el verdadero problema de nuestras organizaciones públicas. Si legislamos para obligar a modernizar nuestras entidades, legislemos antes para tener buenos cimientos dentro de las mismas. Si queremos modernizarlas, antes hemos de legislar para obligar a que dichas entes tengan personal experto en tecnologías de la información en su plantilla. Que estén dentro de los comités de toma de decisiones estratégicas. Que estos funcionarios de carrera sean habilitados nacionales para ser lo más independientes posible.
Para cumplir con leyes de modernización y modernizar nuestras administraciones, hemos de poner a gente cualificada en esas instituciones.
Actualmente, el porcentaje de los ayuntamientos que tienen entre sus puestos más importantes a personal de las tecnologías de la información y las comunicaciones es residual e insignificante. La mayoría de los 8124 ayuntamientos españoles, o no tienen departamento informático o su departamento informático esta infradimensionado para desempeñar todas las funciones que se le están atribuyendo. Dentro de nuestros ayuntamientos, el informático no esta valorado acorde al papel que esta desempeñando y esto repercute directamente al ciudadano y a la calidad del servicio que demanda.
Justo antes de cumplirse la fecha límite de entrada en vigor de las leyes 39 y 40, los mismos que impusieron su cumplimiento para el 1 de octubre de 2018, han reculado y han establecido un periodo de “prórroga” de 2 años.
El panorama actual de nuestras entidades públicas es similar a si ustedes hicieran un viaje en avión, el cual tiene una duración prevista de 3 horas y como piloto de ese avión hubiera un cocinero, ¿donde creen que acabaría ese viaje?, ¿y donde creen que acabaría el mismo viaje si en vez de 3 horas les dijeran que dejan un plazo de 6 horas?, ¿creen que el problema y la solución es la duración del vuelo?, eso sí, en dicho vuelo se podría comer de lujo.
Apliquemos el sentido común y no engañemos a los ciudadanos, hemos de ser conscientes que para modernizar nuestras administraciones públicas hemos de poner a los mandos de las mismas al personal más capacitado y formado para modernizarlas. Creo que esto es tan indiscutible como irreal a día de hoy. No podemos ni debemos legislar y decir que un ciudadano va a poder presentar de manera telemática cualquier trámite en nuestras entidades públicas y ver que hay ayuntamientos de más de 25.000 habitantes que no tienen ni un sólo TIC entre sus funcionarios. Si esto no es un despropósito, pocas cosas los serán a partir de ahora. Esto es una barbaridad, es inadmisible y si verdaderamente queremos que estos entes sean capaces de evolucionar acorde a la evolución de la sociedad y los ciudadanos, esto debe de arreglarse.
El primer cambio que deberían abordar nuestros legisladores para modernizar nuestras AAPP, es el de reestructurar la relación de puestos de trabajo de nuestras entidades locales. Deben legislar para emitir un informe en el cual se diga que dependiendo de los habitantes del municipio, el ayuntamiento debe tener un mínimo de funcionarios TIC con determinadas características. Similar a los que se tiene para decidir que número de unidades de las fuerzas de seguridad tienen que haber por municipio (intendentes, inspectores, agentes de policia,...). Además, el personal de las tecnologías de la información debería ser habilitado nacional, ya que tiene una relevancia e importancia equiparable al resto de habilitados nacionales que hay en nuestras EELL.
Si queremos tener administraciones públicas de mayor calidad y sacarles la mayor rentabilidad posible, no hemos de empezar la casa por el tejado, hemos de empezar por los cimientos. No podemos legislar imponiendo normas que no estamos preparados para cumplir, ya que lo único que provocaremos sobre los legislados es frustración e incumplimiento. Para empezar, hemos de poner en los altos cargos de nuestras administraciones públicas y con poder de toma de decisiones a la persona más preparada para dirigir una modernización. El personal que mejor conoce los procedimientos, tal cual se están llevando a cabo actualmente y como se podrían modernizar y mejorar con la inclusión de las nuevas tecnologías es el TIC. Es una figura transversal a toda la organización.
Legislemos para hacer que los TICs sean habilitados nacionales, para que las EELL tengan suficientes TICs y para que estos estén bien reconocidos dentro de nuestras AAPP.
Resumiendo, hemos de pensar hacia donde queremos llevar nuestra sociedad y, con las herramientas y la revolución que esta habiendo actualmente, quien creemos que esta más preparado para conducir en ese viaje.
#ReconocimientoalosTIC
Fernando Torregrosa Navarro es presidente de ATIAL (Asociación de Técnicos Informáticos de la Administración Local)