VALÈNCIA. Los últimos pronunciamientos de la juez encargada del conocido como caso Erial y de la Fiscalía Anticorrupción dejan entrever una intención de no eternizar la instrucción de la causa en exceso. Al menos, son los argumentos que la magistrada utiliza para rechazar determinadas peticiones de práctica de diligencias por parte de las defensas de los principales investigados, que ahora han recurrido en bloque la decisión.
La más destacada es la declaración del abogado uruguayo Fernando Belhot, considerado testaferro de Eduardo Zaplana en el extranjero y cuyo interrogatorio tuvo lugar cuando la causa todavía permanecía secreta, de manera que las partes no pudieron participar. El pasado noviembre, el abogado del exministro del PP solicitó a la juez que lo citara para preguntarle acerca de varios movimientos con origen o destino en las cuentas que él manejaba fuera de España para tratar de demostrar que ninguna de las transferencias fue a parar a las tituladas por el expresidente de la Generalitat.
Pidió, del mismo modo, que fuera incorporado el testimonio que prestó Belhot en 2017 en el marco del caso Lezo sobre Zaplana. Una declaración que, de acuerdo con los investigadores de Erial, no se produjo realmente y nada tiene que ver con este caso.
El abogado del exministro añadió otras solicitudes de declaración, como la de la exmujer del abogado uruguayo –por ser titular en la cuenta de Imison, una de las principales empresas de la trama–, la del exconseller Diego Such y la de funcionarios de la Generalitat relacionados con el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Contratos adjudicados supuestamente de forma fraudulenta y a través de los cuales se habrían cobrado comisiones, dinero que posteriormente se desvió a sociedades extranjeras para blanquearlo, de acuerdo con la investigación.
La juez lo desestimó todo al entender que no se especificaban los extremos sobre los que debían de versar las declaraciones. Así, sostenía, al igual que la Fiscalía, que "no se trata de volver a reiterar lo ya declarado" porque los testimonios que tienen valor son los que se realizan durante el juicio oral, algo que evidencia la voluntad de acelerar la instrucción para llegar a esa fase lo antes posible. Los indicios que maneja la magistrada respecto a Belhot, destacó en su escrito, son la entrega de los más de seis millones de euros del supuesto botín y que se encuentra a disposición de esta causa.
Lo mismo afirmó sobre el resto de testificales propuestas porque "nada aportarían en esta fase del procedimiento". Además, los expedientes de la licitación de los contratos públicos, indicó, se encuentran a disposición del juzgado junto con los informes correspondientes.
En cuanto a la exmujer de Belhot, cree que su interrogatorio tampoco ayudaría "dada la forma presunta de blanquear dinero". Concretamente, menciona que "el propio Belhot titulaba cuentas o podía disponer del dinero oculto, como hizo en su día con los más de seis millones de euros que se presumen de Eduardo Zaplana" y que el abogado puso a disposición del juzgado. "De las cuentas en las que son o cotitulares con Belhot o titulares por sí mismos, llega dinero de sociedades que forman parte de la trama, y de las mismas sale después dinero a otras cuentas tituladas por Belhot para diversas operaciones. Por lo tanto, dichos datos objetivos bastan en esta fase de instrucción", zanjó.
La decisión ha sido ahora recurrida por el abogado de Zaplana y a ella se han adherido las defensas de algunos de los principales investigados, como el que fuera su asesor fiscal, Francisco Grau, su exsecretaria Mitsouko Henríquez, o la exdiputada del PP Elvira Suances.