Pareciera que el despliegue de acciones de concienciación en la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático estuviese calando en la sociedad. Que las prioridades en la acción política y empresarial se encaminasen al equilibrio entre cuenta de resultados, creación de trabajo decente y desarrollo sostenible. Que la gobernanza de estas decisiones hubiese sido respaldada por el conjunto de actores participantes de la sociedad democrática.
Nada más lejos de la realidad. Tras los macro periodos de campaña electoral, con la sociedad anestesiada tras la resaca de la movilización y de los cambios en los gobiernos que puedan producirse, las decisiones de relevancia estructural, que marcarán el devenir en el diseño de ciudades y actividades económicas, siguen siendo tomadas en espacios de gran concentración de poder.
Este pasado fin de semana se ha dado cita un grupo selecto de personas autolegitimadas para acordar hacia dónde se dirige el orden económico, atendiendo a los efectos cada vez más palmarios del cambio climático. Han tenido la delicadeza de apropiarse del concepto de «desarrollo sostenible», aceptado y asumido de forma muy amable por el conjunto de la ciudadanía, para considerar el rumbo de las acciones políticas y económicas en el futuro más cercano.
En este encuentro, de escasa trascendencia mediática y de contenido opaco, han participado representantes de las élites económicas, que fueron determinantes en la crisis financiera de 2008, y actores políticos, baluartes de la antidemocracia en muchos de los países del mundo. La representación política española aglutinaba personajes que suplían lo que las urnas no les habían otorgado, con el beneplácito de los poderes financieros.
En ámbito más cercano, hemos conocido diversos macroproyectos basados en supuestas multimillonarias inversiones de capital, que generarán nosécuántos miles de puestos de trabajo y riqueza. Como si se tratase de una turbina, generadora del fin de la pobreza y el desarrollo equilibrado de las sociedades.
Nuevamente se discuten esos horizontes en despachos cerrados o, en el mejor de los casos, en escasos comunicados de prensa. Ya se sabe, para que la población se mantenga convenientemente informada. Que la gobernanza de las ciudades se dirima en los lugares más desequilibrados posibles, no solo es un déficit democrático de vastas dimensiones, sino que presupone una ciudadanía incapaz de definir la configuración del espacio en el que se desarrollará su vida.
Si algo hemos aprendido tras los avatares y penurias de la crisis económica es que la esquilmación del territorio y los recursos no han generado el equilibrio entre la distribución de la riqueza, sino el incremento de desigualdad y el empobrecimiento de las condiciones ambientales, especialmente en la calidad del aire, con daños irreparables tanto al territorio como a las personas.
Replicar el mismo modelo económico, basado en mega proyectos que modificarían la estructura urbana, con el único argumento de la engañosa creación de riqueza y empleo, solo puede seducir a personajes políticos de mirada corta y bolsillo amplio, pero a nadie que haya depositado su voto en favor de una ciudad más amable y, sobre todo, más habitable.
Daniel Patiño Miñana es secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO PV