Foto: EPVALÈNCIA (EP). El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana han criticado este jueves la "limitación" de competencias en el proyecto de ley general audiovisual estatal, y han asegurado que no quieren quedar al margen de la nueva realidad audiovisual digital.
En una rueda de prensa telemática conjunta, el presidente del CAC, Roger Loppacher; el del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, y el del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana, José María Vidal, han pedido reformar el texto en el trámite parlamentario para adaptar la distribución competencial al estado autonómico y a la nueva realidad audiovisual, estableciendo una "actuación concertada" entre las autoridades reguladoras independientes en el Estado.
En su opinión, la concertación de competencias, además de ser coherente con el modelo de Estado descentralizado, permitiría optimizar los recursos públicos y ser más eficientes en la protección de la ciudadanía en cuestiones como la protección de los menores, el discurso del odio, la publicidad ilícita y la desinformación, ámbitos en los que ya cuentan con experiencia.
Por ello, han abogado por el principio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los organismos autonómicos para colaborar en la regulación del nuevo entorno digital en los ámbitos en los que cuentan con experiencia, y han considerado que sería "una mala decisión" no actuar con todos los activos con los que se dispone.
Los tres consejos audiovisuales creen que el texto de la ley no está acorde al nuevo ecosistema audiovisual ni a un estado autonómico, y "limita" las competencias al no atribuir a los consejos audiovisuales territoriales ninguna competencia en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición ni con las plataformas de intercambio de vídeos, que se atribuyen a la CNMC.
Loppacher ha dicho que se trata de un hecho "especialmente grave" porque estos servicios constituyen una de las principales fuentes del consumo audiovisual de la ciudadanía, y ha recordado que los reguladores territoriales tienen entre sus misiones velar por los derechos de las personas en el ámbito audiovisual, por lo que pide tener competencias en el ámbito digital y no solo en las ondas hertzianas.
Checa ha asegurado que el texto de la ley audiovisual le ha decepcionado y ha remarcado que no se puede "ignorar" a los consejos audiovisuales territoriales en un ámbito como el digital, por lo que aboga por que contemple la colaboración entre organismos.
Vidal ha confiado en que en el trámite parlamentario de la ley el texto pueda recoger "una realidad plural y una pluralidad de personas más allá de la M-30", y ha dicho que espera que las enmiendas puedan plantear diferentes modelos de cooperación estables para que los consejos territoriales puedan aportar su experiencia y sumar esfuerzos con la CNMC en la adopción de acuerdos en el entorno digital.
Los tres consejos también han considerado necesario que las autoridades de regulación refuercen los mecanismos de supervisión y control de los compromisos de autorregulación y velen por que se respeten los códigos de conducta y se adecúen a la normativa vigente, así como sus presidentes se han mostrado partidarios de que la financiación procedente de las plataformas también tenga presente a las televisiones autonómicas.
Preguntado por el acuerdo entre el Gobierno y ERC sobre la ley audiovisual, Loppacher ha dicho que, a falta de conocer el contenido del mismo, "cualquier mejora en la producción audiovisual en lenguas cooficiales es bienvenido".
El texto será publicado ahora en el BOE sin cambios en la polémica definición de productor independiente
