Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. Mientras los hosteleros se quejan del alcalde de València, Joan Ribó, los vecinos se quejan de los hosteleros al Ayuntamiento. La situación en algunos barrios del centro de la ciudad de se ha convertido en insostenible en los últimos meses. Amenazas, coacciones, insultos, los vecinos que denuncian ante la Policía Local a los dueños de locales que se han extralimitado con sus terrazas o con sus horarios, sufren en algunas casos coacciones.
“No me identifiques, por favor”, explica una vecina; “no quiero salir porque me han hecho llamadas, me han rajado las ruedas del coche…” Métodos de intimidación que sorprenden en un país democrático y que confirma el representante de la Asociación Amics del Carme, Toni Cassola. “Sí, hay situaciones muy desagradables, con insultos por la calle”, explica.
Restaurantes ilegales, aparcamientos de bicis que ocupan toda la acera, terrazas que ocupan plazas enteras (“mi hija no sabe lo que es disfrutar de la plaza”; “¿de verdad han autorizado esta terraza?”), la sensación de impunidad y de no disponer de espacio para andar es tal que algunos vecinos han decidido dejar el barrio. Y aquí entra otro elemento distorsionador: la especulación inmobiliaria en torno a los apartamentos turísticos. “La gente recibe amenazas para que dejen sus pisos si son de renta antigua”, relata una profesora universitaria que lleva más de una década en el barrio; “los quieren comprar para convertirlos en apartamentos turísticos. Todos tenemos en nuestros buzones todos los días publicidad de inmobiliarias”.
“Es triste reconocerlo”, comenta Cassola, “pero la situación en los dos últimos años no ha mejorado”. Y no será por sanciones. El Ayuntamiento batió en 2016 el récord de expedientes a terrazas. En concreto se iniciaron 1.582, cuando el total de terrazas marcadas es de 1.295; es decir, como si todas las terrazas marcadas fueran expedientadas y algunas hasta dos veces.
En lo que va de 2017 la situación no pinta mejor. Hasta mayo el número de expedientes abierto es de 763; o sea, que a este ritmo de nuevo se hará pleno. El número de expedientes ha crecido exponencialmente. En el último año entero que gobernó el PP de Rita Barberá, 2014, sólo se abrió expediente a 206 terrazas. La barra libre terminó en 2015. Ese curso, en el que la mitad del año el consistorio estuvo regido por el Govern de la Nau, el número de expedientes subió hasta 857. Y ya en 2016, lo dicho, se tocó el cielo.
Los expedientes de sanciones, curiosamente, no han crecido tanto, pero también han registrado un aumento considerable. En 2014 sólo se abrieron 208. En 2015 la cifra ascendió a 226. En 2016, de nuevo récord: 341 expedientes, un incremento de más del 50%. Y en lo que va de 2017, 179, con lo que la cifra va a repetir cotas. Al que no han multado, es porque cumple la ley. Y, aquí sí, la mayoría pueden exhibir un expediente impoluto.
Pero hay restaurantes ilegales. No muchos, una minoría, los suficientes como para que alguien desde el sector se planteara hacer limpieza y mano dura. Otros locales comerciales, de cierto prestigio, con buenas calificaciones en las páginas de referencia como TripAdvisor y con Facebook propio, usan primeros pisos y terrazas de manera alegal. Algunos no esperan a tener licencia para ocupar el suelo público. El uso de las redes sociales es constante para publicitarse, para insultar a quienes les atacan, para desprestigiar a quienes les denuncian pero, sobre todo, para venderse.
Si se llama a uno de ellos y se pide reservar en el primer piso, los camareros dan largas. “No podemos reservar ahí”, dicen los empleados. “Pero yo he visto a gente comer en el primer piso”. “Son amigos del dueño”, apuntan. “¿Y en la terraza?”. “Ahí tampoco podemos reservar; es conforme se llena”, explican. “Tenemos un salón muy grande con aire acondicionado; ahí sí que podemos reservar. ¿Le apetece que le apunte una mesa?”, insiste el camarero.
Entre los vecinos cunde el desánimo. Cassola transmite la sensación que tienen muchos de ellos de que el Ayuntamiento “mira para otro lado”, de que en el Consistorio “no quieren administrar la actividad hostelera del barrio”. Relatan como hay zonas que es imposible acceder porque están llenas de mesas y sillas. Un ejemplo histórico-cultural: si usted quiere ver la firma de los picapedreros de la Lonja, no podrá, porque la zona está ocupada por sillas y mesas. “Los policías hacen atestados y nunca ocurre nada”, critica.
Desde el consistorio muestran los expedientes abiertos como ejemplo de que sí que ocurren cosas y anuncian una novedad: el concejal de Actividades, Carlos Galiana, está negociando con la Generalitat para que el Ayuntamiento de València pueda imponer “sanciones graves” a quienes infringen de manera descarada.
Igualmente, desde Amics del Carme tienen constancia de que el consistorio está investigando algunos de estos locales que se saltan todas las normas. Porque casos hay para hacer una retahíla. El último que han confirmado en el equipo de Galiana es de nota. Un local se pintó por su cuenta la preceptiva marca en el suelo de la terraza y se inventó una documentación que exhibía cuándo se le preguntaba. Un ardid que le permitía obtener buenos ingresos... mientras tapaba una salida de emergencia de un museo. “El problema”, comenta un vecino, “ya no es que sean ilegales; lo peor es lo inconscientes que son. Un día pasará algo grave”.