Imagen de archivo. Foto: JUNTA DE ANDALUCÍAVALÈNCIA (EFE/Mercedes Salas). Los ajustes de la Política Pesquera Común (PPC) provocarán discusiones intensas en la nueva legislatura de la Unión Europea (UE), con la flota movilizada a favor de una reforma profunda que solucione problemas como el relevo generacional, la eficiencia energética o su propia competitividad.
La Comisión Europea (CE) ha iniciado la discusión sobre el funcionamiento de la PPC, que coincide con el cambio de ciclo político, y que determinará las leyes para 70.000 buques y 121.000 marineros, con España como primera potencia.
La actual PPC ha cumplido diez años y la CE ha abierto la puerta a discutir qué ajustes que necesita, un movimiento que diversas fuentes interpretan como reacción a las protestas del sector primario previas a las elecciones europeas.
Los pescadores reivindican una reforma, mientras que los ecologistas defienden los frutos de la PPC; ambas partes admiten que los caladeros se recuperan, aunque con matices.
Estas son las claves de los retos de la PPC y de las reivindicaciones del sector en la nueva legislatura.
La UE tiene una flota de 70.110 pesqueros que emplean a 121.900 personas, según datos de la CE procesados por el Parlamento Europeo.
España es la primera potencia, con 8.549 barcos, 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos; en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar hay registrados 63.466 afiliados.
Las capturas españolas suponen el 22 % de la pesca comunitaria y generan 2.000 millones de euros en primera venta y un valor agregado de 10.000 millones, según la patronal de armadores Cepesca.
El Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa) está dotado con 5.311 millones de euros hasta 2027, 1.120 millones para España, primer receptor.
La CE ha abierto una primera consulta sobre la PPC hasta el 6 de septiembre; después, pondrá en marcha otra segunda consulta.
La evaluación de esta política será publicada a principios de 2025 y en el tercer trimestre la CE presentará propuestas.
El debate es paralelo a otra consulta abierta por la CE para evaluar el FEMPA; otro aspecto que será objeto de análisis es el futuro de los acuerdos con terceros países.
La actual PPC data de 2013 e incluyó medidas para recuperar los caladeros entre las que destaca el rendimiento máximo sostenible (RMS), es decir explotación de los recursos a niveles biológicos sanos.
Pero la más sonada fue la obligación de desembarque de capturas en puertos, para evitar los descartes -capturas no deseadas de peces que después, muertos o moribundos son arrojados al mar-.
Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) han reivindicado, en declaraciones a EFE, una reforma profunda para que la PPC sea más social y garantice unos pescadores competitivos; la UE es deficitaria en comercio pesquero.
"Es necesaria una revisión quirúrgica", ha subrayado el secretario general de Cepesca y Garat, también presidente de la organización Europêche, que integra a armadores y a las cofradías.
Garat ha solicitado que se reconsideren las obligaciones de desembarque, porque "las normas actuales son imposibles de cumplir y llevan a sanciones y al desencanto de los pescadores".
También ha pedido una revisión del objetivo de RMS, "flexibilidad" y retrasar la fecha fijada para el Mediterráneo, 2025, para que no "desaparezca" su flota.
Otra queja es la falta de estudios de impacto al determinar medidas como las vedas que afectan a 87 zonas del Atlántico noreste, la Ley de la Restauración de la Naturaleza o los límites al arrastre.
Los pescadores reclaman, además, simplificar la burocracia, añaden Garat y el presidente de la FNCP, Basilio Otero, quien ha reivindicado que las normas se hagan "con y no contra el sector".
Las cofradías defienden reforzar las pesquerías artesanales y revalorizar el oficio, "armonizando la formación" y con apoyos fiscales.
Pero la flota solicita cambiar radicalmente aspectos básicos de la PPC, como el impedimento de dar ayudas a la renovación y a la construcción de buques.
Cepesca ha argumentado que esto impide la modernización e incluso obstaculiza la descarbonización o la habilitación de camarotes para que las mujeres embarquen.
Por su parte, Otero defiende una clásica petición de España, la modificación del principio de estabilidad relativa -criterio histórico de reparto de cuotas que restringió a la flota española su acceso a los caladeros cuando entró en la UE-.
El director de campañas de Pesca Sostenible de Oceana en Europa, Javier López, ha reconocido a Efeagro que adaptar la PPC a la nueva situación tras el Brexit es importante -muchas cuotas están en aguas compartidas con el Reino Unido- y también incluir referencias al cambio climático.
Pero ha sostenido que la PPC ha dado resultados, como la recuperación de las reservas del Atlántico e incluso del Mediterráneo -aunque en este caso más lenta- y que no hace falta reformarla, sino cumplirla.
Respecto a las preocupaciones sociales, ha admitido que son ciertas pero cree que los Gobiernos tienen herramientas y que lo mejor para el pescador es recuperar los mares.
