Revertir la ZAL costaría 170 millones de euros a València

VALÈNCIA (Efe). El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que revertir el plan especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto costaría a las arcas municipales 170 millones de euros, lo que ha considerado que no pueden asumir. A preguntas de los periodistas en pasillos durante el pleno municipal de febrero celebrado este jueves, el alcalde ha reconocido que le hubiera gustado que los edificios que invaden la zona "no estuvieran", aunque ha sentenciado que "la historia no se puede echar atrás".

"Cuando veamos la ZAL sabemos que revertirla a lo que era antes nos costaría 170 millones de euros. Lo lamento pero no podemos reescribir la historia", ha afirmado Ribó. Estas declaraciones se han realizado antes de que el pleno debata la moción de València en Comu (ValC), socio de gobierno con Compromís y PSPV, para que el Ayuntamiento inste a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y a la Generalitat a paralizar de forma cautelar el plan mientras mientras se resuelve el recurso contra su desarrollo.

Antes del pleno, la portavoz de ValC, María Oliver, ha explicado que el recurso contencioso-administrativo de la plataforma Horta és Futur, No a la ZAL ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra este plan especial genera "inseguridad jurídica" y ha argumentado en ello su moción. "Una vez tras otra la justicia le ha dado la razón a los recursos que ha presentado la ciudadanía para parar este polígono industrial que está en el peor de los sitios posible", ha indicado y ha valorado que es "una oportunidad para exigir desde el Ayuntamiento que se paralice la ejecución".

"No se podrá dar un paso atrás"

El objetivo es poder tener "un corredor verde real con las dimensiones para garantizar la conexión de la zona verde del río con el parque de L'Albufera", según Oliver, quien ha confirmado que negocia con el resto de grupos del gobierno una moción alternativa, pero aún no hay un texto. "El único punto de acuerdo es pedir la paralización de la ejecución del plan especial y en el fondo está la inseguridad jurídica", ha apuntado y ha reprochado ir a "una política de hechos consumados" porque una vez ejecutado totalmente, si el tribunal dice que el proceso no es correcto, "ya no podremos dar un paso atrás".