Decía el presidente del Gobierno al defender la iniciativa de prohibir el uso de redes sociales a los menores que estas se han convertido en un espacio de «adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia». La mayoría de los adultos está más o menos de acuerdo y el apoyo de los padres y madres a la medida es mayoritario. Mucho mejor que el malo de la película sea el Gobierno. Y, como cabía esperar, el colectivo infantil y juvenil al que concierne se siente agraviado y totalmente ignorado en el proceso de redacción de la ley.
Es en esas peligrosas redes como TikTok e Instagram donde protestan y se organizan a su manera defendiendo la necesidad de estos canales como herramientas de aprendizaje (lo dicen en serio) y para estar comunicados entre ellos y con el mundo.
El aislamiento es también el principal motivo de queja de los jóvenes australianos que sufren, según ellos, la prohibición desde hace meses. Se lamentan sobre todo los que viven en zonas rurales y jóvenes con discapacidad que han pasado de la adaptación a la dependencia de la conversación o convivencia digital. Hasta denuncian que no se enteran de nada de lo que sucede porque las redes son su principal fuente de noticias. En las antípodas han ido más allá, y una chica y un chico de quince años han presentado una demanda alegando que la norma australiana es inconstitucional porque vulnera su derecho a la libertad de comunicación política y los silencia en una etapa crítica de su desarrollo.
Los expertos coinciden en que si las plataformas cumplieran las directrices actuales de la Unión Europea no habría necesidad de prohibir el acceso
En la ley que se está tramitando en nuestro Congreso también se insiste en la mayor regulación de las empresas cuyos directivos tendrán responsabilidad penal por los delitos o daños ocurridos en sus redes y se sancionará la promoción algorítmica de contenidos dañinos, de odio o polarización, además de estar obligados a gestionar sistemas eficaces para comprobar la edad de los usuarios. Los expertos coinciden en que si las plataformas cumplieran las directrices actuales de la Unión Europea no habría necesidad de prohibir el acceso, pero visto lo visto, agresiones y suicidios de menores incluidos, son necesarias más medidas de protección.
Otros sugieren acciones no tan radicales. Una de ellas sería poner en marcha en las escuelas una formación obligatoria con contenidos básicos para vivir con las redes sociales, o más bien para conseguir un escudo permanente ante sus efectos perniciosos. Los adolescentes tendrían que demostrar que controlan lo suficiente para conseguir una especie de carnet digital, como el de conducir. En lugar de aprenderse qué significan las señales, quién tiene preferencia en las rotondas y tantísimas otras cuestiones recogidas en las normas de circulación, los menores, antes de los catorce años, tendrían que adquirir competencias sobre privacidad, detección de bulos, gestión del tiempo de permanencia con el móvil y prevención del ciberacoso.
Aunque este carnet se plantea como alternativa al veto, podrían ser complementarios, porque habría que suspender a todos aquellos que no demostraran su dominio esquivando desinformación y delitos. Me pregunto si antes no habría que preparar formaciones específicas para los profesores porque, al menos en cuestión de detección de bulos, gran parte de los adultos tampoco conseguirían la suficiencia digital. Tomarse en serio en las escuelas la tan manida alfabetización mediática que incluye a las redes sociales es imprescindible, sin dejar de vigilar a las empresas tecnológicas a las que no parece importarles lo más mínimo evitar la circulación de inmundicia, más bien al contrario. Ahí tenemos a la red del señor Musk que nunca defrauda alcanzando el primer puesto en mentiras, amenazas y perversiones varias con su diabólica inteligencia artificial incorporada.
