El penúltimo acto de la lista de agravios ambientales del Ayuntamiento de València ha sido la aprobación de una relajada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el voto a favor de los concejales 'populares' y los negacionistas de Vox y el rechazo de los socialistas y de Compromís. La oposición actual, que gestionó la corporación durante ocho años, se quedó sin tiempo para poner en marcha su propuesta y el nuevo Gobierno conservador demostró pronto que no tenía mucho interés en molestar a los conductores con normas, trabas y multas, aunque fuera en beneficio de las vías respiratorias de los ciudadanos gracias al descenso de los índices de contaminación atmosférica, esa a la que la Organización Mundial de la Salud considera el principal riesgo ambiental para la salud humana en las grandes aglomeraciones urbanas. La ZBE llega de mala gana, pero llega, porque el Consistorio no puede permitirse perder los fondos europeos solicitados por los administradores anteriores para establecer las restricciones a los vehículos que más contaminan en una ciudad que ha superado a Madrid en atascos, dicen los que saben de estos asuntos: los GPS.
Las ZBE deberían estar funcionando desde antes de 2023 en 150 municipios españoles, pero menos de una docena han conseguido implementarlas. En València entrará en vigor el 30 de noviembre de 2025, pero su aplicación, entre acciones informativas, formativas, disuasorias y, finalmente, sancionadoras, se estirará hasta el 31 de diciembre de 2027 para muchísimos emisores de sustancias tóxicas, y no será hasta el 1 de enero de 2028 cuando la amenaza de las multas de doscientos euros alcance a cualquier vehículo contaminante que entre en el territorio libre de partículas PM10 y PM2,5 y de dióxido de nitrógeno (NO2).
Más de 270 cámaras inteligentes y automatizadas fotografiarán las matrículas de los que accedan al interior de las conocidas como rondas de tránsitos y tomarán buena nota de los etiquetados como nocivos para tramitar las sanciones correspondientes. En un principio, según el proyecto presentado, quedan eximidos los medios de transporte profesionales de reparto y similares, para no perjudicar la actividad económica, siempre prioritaria, naturalmente.
Más controvertida es la exclusión de la ZBE de zonas como el frente litoral o barrios tan populosos como San Isidro o San Marcelino, áreas señaladas por la oposición como candidatas a convertirse en el aparcamiento disuasorio de los vehículos más viejos y dañinos del parque móvil, para fastidio de la ciudadanía de estas barriadas, que se queda con los humos de los demás.
Esta ordenanza “de mínimos” se queda tan corta para las necesidades de la capital como ha quedado el balance del título de Capital Verde Europea 2024, un proyecto que ha pasado sin pena ni gloria. El galardón de la Comisión Europea prometía muchísimo; sin embargo, el momento del año que más se recordará es la intervención del concejal de Vox responsable de la Albufera negando el cambio climático en un congreso internacional sobre conservación y gestión de humedales frente al cambio climático celebrado con motivo de la capitalidad.
No es de extrañar que, en medio de la parálisis ambiental permanente, el impulso a la declaración de la Albufera como Reserva de la Biosfera, la única idea adscrita a la Capitalidad Verde, aunque ya estaba antes sobre la mesa, se haya visto aplazado. Habrá que esperar meses para un trámite que ya tenía unanimidad de los trece municipios ribereños más el apoyo de la Generalitat y el Gobierno de España. En la mesa consistorial, la acción política contra la contaminación y el cambio climático siempre puede esperar.
* Este artículo se publicó originalmente en el número 125 (abril 2025) de la revista Plaza
