VALENCIA. Uno puede intentar siempre ir a buenas, pero cuando siente que no le quieren, saca todas las cartas sobre la mesa para intentar protegerse, o al menos, luchar hasta el final. Esto es lo que está haciendo Ribera Salud con los hospitales de concesión público-privada que gestiona, desde los que están interponiendo numerosas demandas contra la Conselleria de Sanidad, más todas las que quedan por llegar.
En esta ocasión, la entidad Ribera Salud II, empresa gestora del Hospital de Alzira, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud realizada el 25 de enero de 2016. En esta se pedía el restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato de gestión de servicios públicos por concesión de asistencia sanitaria en el Departamento de Salud La Ribera.
¿Restablecimiento del equilibrio económico-financiero? Se refiere a las facturas de Sanidad que se ocultaron durante la época de Gobierno del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por las que Unión Europea multó a España con 19 millones de euros, ahora reclamados por el Gobierno a la Comunitat Valenciana. 1.800 millones escondidos en los cajones en gastos sanitario desde 2008 a 2011 que podrían haber supuesto un incremento de las liquidaciones de las concesionarias durante esos años.
¿Y por qué? Por una cláusula que aparece en los pliegos de las concesiones, y que tiene que ver con la actualización de la prima per cápita. Esto se debe a que existen dos vías para hacerlo. Si el gasto sanitario público consolidado del Estado crece más que el de la Generalitat, se aplica el incremento menor que es de la Generalitat. Y si crece más el de la Generalitat, se aplica el índice estatal.
La cuestión es que en el caso de que la actualización se hubiera hecho con el gasto de la Generalitat, a más presupuesto más ingresos para la concesionaria, algo que se hace para equiparar la calidad asistencial entre la parte pública y la público-privada. Sin embargo, al quedarse facturas en el cajón no contabilizándose en el presupuesto final, esto podría haber restado ingresos para las empresas. De hecho, es posible que durante las próximas semanas sigan apareciendo este tipo de recursos de otros hospitales.
El decreto 64/2016 del Consell, por el que se regulan las bases para la designación de las unidades de referencia del sistema sanitario público de la Comunitat, ya ha recibido cuatro recursos contencioso-administrativos. Este decreto permite al departamento de Carmen Montón convertir hospitales en referentes en determinadas especialidades médicas, lo que implica quitar servicios a otros centros, como los de concesión, con la correspondiente merma de ingresos que supone para las compañías.
Ribera Salud ha sido la empresa más afectada al ser la que más concesiones de hospitales públicos tiene en la Comunitat. La última demanda la interpuso desde Torrevieja Salud, gestora del Hospital de Torrevieja. Esta reorganización afecta, en la mayoría de hospitales, al área de Oncología.
Como ya anunció Sanidad, la intención es articular el modelo de tratamiento de esta especialidad en la Comunitat Valenciana en torno a seis hospitales de referencia y ninguno es de concesión público-privada. A partir de ahí, los afectados deberían inscribirse en los distintos centros. Estos seis "nodos" serán el Hospital Provincial de Castellón, el Hospital Clínico, el Hospital La Fe y el Hospital General de Valencia, el Hospital General de Alicante y el Hospital General de Elche y cada uno de ellos tendrá asignada una población.
Lo que está claro es que todavía queda mucho para que las concesionarias presten batalla exigiendo que se cumplan cada una de las cláusulas que están en su contrato, ya que parece bastante difícil que la Generalitat pueda asumir una reversión anticipada de todos los centros. El Hospital de La Ribera será el primero en terminar, en 2018. Después será el turno de Torrevieja en 2021, Dénia en 2023, aunque con posibilidad de ser recuperada comprando a DKV, Manises en 2024 y Elche en 2025.