VALÈNCIA. Infraestructuras y servicios de Alzira SA, sociedad propietaria de la parcela y el parking privado que la Generalitat expropiará en los alrededores del Hospital de La Ribera, ha pedido una indemnización por ‘perder’ también la actividad económica que se encuentra en este terreno. Así lo recogen las alegaciones presentadas por la compañía al proyecto de expropiación que la Conselleria de Sanidad ha sacado a información pública.
Esta acción de la Conselleria de Sanidad tiene su justificación en la vuelta a lo público del departamento, gestionado por Ribera Salud, el 1 de abril de 2018. Ya el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión administrativa y Financiera para 2018 declaraba de "utilidad pública e interés social" los aparcamientos del hospital y sus accesos.
Con esta situación, la empresa señala que el parking de pago - participado al 50% por Ribera Salud y PK4 aparcamientos SL- es el que tiene un mayor número de plazas en el hospital, en total más de un millar, por lo que consideran en sus alegaciones que no tiene sentido que no se prevea en el proyecto de expropiación “la correspondiente indemnización” en la expropiación del negocio jurídico del aparcamiento y tan solo se hable de “situación básica de urbanizado”.
La empresa, liderada por Alberto de Rosa, compró un terreno para ampliar el parking al considerar insuficiente el de titularidad pública además de ser propietaria del terreno donde se alberga la rotonda de entrada al recinto y que junto a la parcela del parking irán a manos de la administración pública.
Según el proyecto de expropiación, la titularidad de estas parcelas, que suman 18.998 metros cuadrados, estaría en manos de Infraestructuras y Serveis d’Alzira y la Generalitat Valenciana. Sin embargo, la compañía asegura que 2.541 metros que se adjudicaría como propios la administración valenciana son de su propiedad y presenta la nota del registro que lo justifica.
Esta expropiación forzosa también afectará a todas aquellas parcelas incluidas dentro de la manzana perteneciente a la red primaria y que están calificadas como 'dotacional de servicios públicos' por el Plan General de Alzira. La titularidad de éstas se encuentra repartida entre Ayuntamiento -14 metros cuadrados- y Diputación de València -944 metros cuadrados-. La excepción son aquellas en las que está construido el Hospital, que ya son propiedad de la Generalitat.
A pesar de que todavía no se ha concretado el precio de la expropiación y que según el proyecto tendrán que determinarse en la próxima fase, el capítulo de inversiones de la Conselleria de Sanidad en los Presupuestos de la Generalitat para 2018 contempla un presupuesto de 2,5 millones por expropiar las parcelas por lo que es posible que en el caso de litigar el importe a abonar sea mayor.
El documento sometido a información pública también ha sido previsor, y es que ha calificado como “propiedad litigiosa” las parcelas de Infraestructuras y Servicios de Alzira SA, algo que la compañía no entiende al no tener ningún conflicto con la administración. Mientras, desde la Generalitat señalan que se trata de una cuestión formal en previsión de la eventualidad de que haya litigio por la titularidad.