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en la madrugada del viernes al sábado pasa a manos de sanidad

Ribera se despide de Torrevieja enfrentado a Sanidad y asegurando ser "el mejor" Departamento

15/10/2021 - 

TORREVIEJA. En 2006 el grupo Ribera entraba a gestionar el departamento de salud de Torrevieja con un contrato de concesión administrativa para 15 años –con opción a prórroga si ambas partes así lo acordaban. Hoy vence ese contrato y el departamento pasará a partir de las doce de esta noche a ser gestionado directamente por la Conselleria de Sanidad. A modo de despedida, el grupo Ribera, con una rueda de prensa por el director gerente, José David Zafrilla, hacía un repaso este jueves a modo de balance de la gestión de la empresa en estos quince años y del mismo modo evidenciaba el enfrentamiento dialéctico, administrativo y judicial presente durante este último año, desde el momento en el que la consellera, Ana Barceló comunicó que no prorrogarían el contrato.

Desde ese momento, Ribera llevó a los tribunales las normas de reversión solicitando su paralización de forma cautelar. El TSJCV desestimó todos los recursos, en cinco ocasiones, con sendos autos el 22 de febrero, 26 de marzo, 26 de mayo y 11 de junio. La última vez en hacerlo fue el 23 de septiembre.

Otro de los elementos que ha enfrentado a la empresa y la Conselleria es que esta última denuncia que no se ha cumplido con las normas de reversión en cuanto a entregar la información pertinente –personal, infraestructuras, dotaciones y material. Barceló esta semana denunció que la empresa “obstruye” el proceso de reversión. El gerente, este jueves aseguraba por el contrario que toda la información está entregada en tiempo y forma. “La transición ha sido intachable, tanto en requerimientos como en información” señalaba Zafrilla.

El convenio colectivo también ha sido fuente de disputa. A principios  de septiembre Barceló pidió a la empresa que denunciara el convenio  antes del 30 de septiembre –fecha límite para hacerlo- para que de este  modo no se prorrogara de forma automática y por tanto se hiciera  efectivo el incremento retributivo de todas las categorías profesionales  de hasta un 5% a partir de enero de 2022. Este aumento salarial  supondría, argumentaba el escrito, graves daños y perjuicios para la  Administración. Barceló alertaba a la empresa que de no hacerlo se le  atribuiría la responsabilidad de esos perjuicios. Sanidad denunció el  convenio sin ser parte de él, pero el último día la empresa accedió y fue  ella, como parte involucrada quien finalmente lo hizo.

En la línea  del personal, los sindicatos denunciaron que Ribera había dejado bajo  mínimos en materia de personal y asistencial al hospital desde el 30 de  septiembre al no mantener los empleos temporales hasta el día de la  reversión. Barceló calificó este hecho de “desmantelamiento”. Ribera ha  señalado que no “admite” que se haya dado tal desmantelamiento y que  corresponde a un ejercicio responsable de planificación. Para Ribera la  decisión del cambio de gestión ha sido “unilateral” y con la reversión,  ha señalado Zafrilla, se “está retrocediendo en la evolución sanitaria  de nuestro país”.

En el último momento ha entrado en escena un  acceso irregular al sistema de Ribera. Denuncia el robo de un programa  de gestión de pacientes y apunta a los dispositivos del comisionado. La  Guardia Civil ha abierto una investigación.

Los datos en estos 15 años de gestión

Este  jueves, el hasta ese momento gerente del Departamento ha hecho balance  de estos 15 años de gestión privada. Asegura que Ribera entrega a la  conselleria el mejor Departamento de Salud de toda la Comunitat. Para  apoyar esta afirmación ha empleado una serie de datos y cifras que,  añade, avalan una gestión que es “referente”. Siempre según los datos  mostrados por la empresa, en estos 15 años se han invertido 116,7  millones de euros, 37 más que los 80 pactados en el contrato con la  Administración. La demora media en cirugía es de 43 días frente a los  120 en el sistema de salud de gestión directa en la Comunitat. Al año se  han incorporado a las nóminas hasta 9,5 millones en concepto de  incentivos y además enfatiza la obtención de 50 reconocimientos, tres de  ellos certificaciones de la Joint Comission International.

“Hemos  querido ser responsables y dejar para los próximos gestores un Plan  Estratégico que permita mantener los niveles de calidad asistencial” ha  añadido Zafrilla. Un plan que se presentó el año pasado. Ese plan  contemplaba una inversión de casi 40 millones de euros, de los cuales  23,4 se destinarían para infraestructuras y 5,4 para equipamiento.  

Ribera se aferra al informe de la Intervención

Otro  elemento que ha contribuido a incrementar la escalada de tensión entre  la Generalitat y la empresa concesionaria a las puertas de la  finalización del contrato ha sido el reconocimiento por parte de la  Generalitat del posible incumplimiento de la Ley de Estabilidad. En  concreto ha sido la Intervención de la Generalitat la que, en su informe  sobre el decreto de reversión, ha lanzado a la Conselleria de Sanidad  la advertencia sobre la necesidad de cumplir escrupulosamente lo  previsto en esa ley sobre la reversión de servicios públicos  privatizados.

Como ha publicado este periódico, vistos los  antecedentes de litigiosidad que se dieron con la no prórroga de la  concesión del departamento de salud de La Ribera en 2018, el ente  fiscalizador de Hacienda ha emitido un informe en el que afea al departamento de Ana Barceló que no haya justificado con un informe o una memoria económica la afirmación de la dirección general de recursos humanos de que la  asunción directa de la gestión por parte de la Conselleria no va a tener  costes añadidos para la administración valenciana.

Grupo Ribera ha salido inmediatamente al paso para advertir de que se apoyará en este informe y en la doctrina creada por el Alto Tribunal con su sentencia sobre el Hospital de Alzira para estirar su batalla judicial contra la Conselleria en su intento por tumbar la reversión.

A  diferencia de lo que pasó en la Ribera, la empresa está convencida de  que el hecho de que el Supremo considerase en su sentencia que el acto  administrativo por el que una Administración asume la gestión directa de  un contrato no prorrogado exige "la valoración de sus repercusiones y  efectos, atendida la naturaleza y alcance del acto y las circunstancias  concurrentes" de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y  Sostenibilidad Financiera cambia sustancialmente el escenario y aumenta  sus posibilidades de conseguir un fallo favorable. Sobre todo ante la  ausencia de informes económicos en el propio expediente de reversión  sobre los que llama la atención la Intervención de la Generalitat.

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