Zafrilla, gerente del departamento hasta el momento de la reversión. Foto: APTORREVIEJA. En 2006 el grupo Ribera entraba a gestionar el departamento de salud de Torrevieja con un contrato de concesión administrativa para 15 años –con opción a prórroga si ambas partes así lo acordaban. Hoy vence ese contrato y el departamento pasará a partir de las doce de esta noche a ser gestionado directamente por la Conselleria de Sanidad. A modo de despedida, el grupo Ribera, con una rueda de prensa por el director gerente, José David Zafrilla, hacía un repaso este jueves a modo de balance de la gestión de la empresa en estos quince años y del mismo modo evidenciaba el enfrentamiento dialéctico, administrativo y judicial presente durante este último año, desde el momento en el que la consellera, Ana Barceló comunicó que no prorrogarían el contrato.
Desde ese momento, Ribera llevó a los tribunales las normas de reversión solicitando su paralización de forma cautelar. El TSJCV desestimó todos los recursos, en cinco ocasiones, con sendos autos el 22 de febrero, 26 de marzo, 26 de mayo y 11 de junio. La última vez en hacerlo fue el 23 de septiembre.
Otro de los elementos que ha enfrentado a la empresa y la Conselleria es que esta última denuncia que no se ha cumplido con las normas de reversión en cuanto a entregar la información pertinente –personal, infraestructuras, dotaciones y material. Barceló esta semana denunció que la empresa “obstruye” el proceso de reversión. El gerente, este jueves aseguraba por el contrario que toda la información está entregada en tiempo y forma. “La transición ha sido intachable, tanto en requerimientos como en información” señalaba Zafrilla.
Pancarta en el pasillo de dirección y gerencia del Hospital de Torrevieja. Foto: APEl convenio colectivo también ha sido fuente de disputa. A principios de septiembre Barceló pidió a la empresa que denunciara el convenio antes del 30 de septiembre –fecha límite para hacerlo- para que de este modo no se prorrogara de forma automática y por tanto se hiciera efectivo el incremento retributivo de todas las categorías profesionales de hasta un 5% a partir de enero de 2022. Este aumento salarial supondría, argumentaba el escrito, graves daños y perjuicios para la Administración. Barceló alertaba a la empresa que de no hacerlo se le atribuiría la responsabilidad de esos perjuicios. Sanidad denunció el convenio sin ser parte de él, pero el último día la empresa accedió y fue ella, como parte involucrada quien finalmente lo hizo.
En la línea del personal, los sindicatos denunciaron que Ribera había dejado bajo mínimos en materia de personal y asistencial al hospital desde el 30 de septiembre al no mantener los empleos temporales hasta el día de la reversión. Barceló calificó este hecho de “desmantelamiento”. Ribera ha señalado que no “admite” que se haya dado tal desmantelamiento y que corresponde a un ejercicio responsable de planificación. Para Ribera la decisión del cambio de gestión ha sido “unilateral” y con la reversión, ha señalado Zafrilla, se “está retrocediendo en la evolución sanitaria de nuestro país”.
En el último momento ha entrado en escena un acceso irregular al sistema de Ribera. Denuncia el robo de un programa de gestión de pacientes y apunta a los dispositivos del comisionado. La Guardia Civil ha abierto una investigación.
Este jueves, el hasta ese momento gerente del Departamento ha hecho balance de estos 15 años de gestión privada. Asegura que Ribera entrega a la conselleria el mejor Departamento de Salud de toda la Comunitat. Para apoyar esta afirmación ha empleado una serie de datos y cifras que, añade, avalan una gestión que es “referente”. Siempre según los datos mostrados por la empresa, en estos 15 años se han invertido 116,7 millones de euros, 37 más que los 80 pactados en el contrato con la Administración. La demora media en cirugía es de 43 días frente a los 120 en el sistema de salud de gestión directa en la Comunitat. Al año se han incorporado a las nóminas hasta 9,5 millones en concepto de incentivos y además enfatiza la obtención de 50 reconocimientos, tres de ellos certificaciones de la Joint Comission International.
“Hemos querido ser responsables y dejar para los próximos gestores un Plan Estratégico que permita mantener los niveles de calidad asistencial” ha añadido Zafrilla. Un plan que se presentó el año pasado. Ese plan contemplaba una inversión de casi 40 millones de euros, de los cuales 23,4 se destinarían para infraestructuras y 5,4 para equipamiento.
Otro elemento que ha contribuido a incrementar la escalada de tensión entre la Generalitat y la empresa concesionaria a las puertas de la finalización del contrato ha sido el reconocimiento por parte de la Generalitat del posible incumplimiento de la Ley de Estabilidad. En concreto ha sido la Intervención de la Generalitat la que, en su informe sobre el decreto de reversión, ha lanzado a la Conselleria de Sanidad la advertencia sobre la necesidad de cumplir escrupulosamente lo previsto en esa ley sobre la reversión de servicios públicos privatizados.
Como ha publicado este periódico, vistos los antecedentes de litigiosidad que se dieron con la no prórroga de la concesión del departamento de salud de La Ribera en 2018, el ente fiscalizador de Hacienda ha emitido un informe en el que afea al departamento de Ana Barceló que no haya justificado con un informe o una memoria económica la afirmación de la dirección general de recursos humanos de que la asunción directa de la gestión por parte de la Conselleria no va a tener costes añadidos para la administración valenciana.
Grupo Ribera ha salido inmediatamente al paso para advertir de que se apoyará en este informe y en la doctrina creada por el Alto Tribunal con su sentencia sobre el Hospital de Alzira para estirar su batalla judicial contra la Conselleria en su intento por tumbar la reversión.
A diferencia de lo que pasó en la Ribera, la empresa está convencida de que el hecho de que el Supremo considerase en su sentencia que el acto administrativo por el que una Administración asume la gestión directa de un contrato no prorrogado exige "la valoración de sus repercusiones y efectos, atendida la naturaleza y alcance del acto y las circunstancias concurrentes" de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cambia sustancialmente el escenario y aumenta sus posibilidades de conseguir un fallo favorable. Sobre todo ante la ausencia de informes económicos en el propio expediente de reversión sobre los que llama la atención la Intervención de la Generalitat.
