VALENCIA. El Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro al mando, ya ha anunciado de forma oficial que se desentiende de participar en las decisiones tomadas por el Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de la Marina Real. Se escuda en un Gobierno en funciones que no debe participar en votaciones como la de este martes que condicionen el futuro de una institución, a pesar de que son contratos vitales para que la dársena se mantenga activa: el de limpieza y el de seguridad.
Este martes el Gobierno apuntaba a que Generalitat y Ayuntamiento no estaban cumpliendo su parte de aportación, algo que desmintió este miércoles el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Ahora, el discurso ha profundizado un poco más e instan al Consorcio Valencia 2007 a nombrar a un director que asuma la responsabilidad de licitar contratos de seguridad y mantenimiento por tiempo e importe que puede llegar a los 125.000 euros.
Fuentes de Hacienda apuntan a que el Estado no puede tomar decisiones de gasto sin tener cubierta la garantía de pago al estar fuera de la legalidad. No obstante, Ribó recordaba este miércoles que el secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, tampoco negoció con el Banco Santander el embargo de los alquileres del Veles e Vents y Edem y Lanzadera, lo que ha conseguido ahogar aún más al Consorcio Valencia 2007 al disponer de mucha menos liquidez.
Por otro lado, el Ministerio también recordó que el Estado "está haciendo frente en solitario, debido al aval prestado, a los pagos financieros derivados del préstamo ICO suscrito por el Consorcio". Pero es que, como se ha repetido en numerosas ocasiones, parece prácticamente inviable que el Consorcio Valencia 2007 encuentre una fórmula para pagar los 367 millones que les debe y sus intereses.
De hecho, la última vez que Montoro caminó junto la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el ex presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por la Marina Real ya aseguro que en ningún caso iba a condonar la deuda a pesar de que el Estado sí asumió el coste de la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Zaragoza o la Capitalidad Cultural de Madrid. Según Hacienda, "Valencia no está dispuesta a hacer frente a la deuda que le corresponde de acuerdo con las cuotas del Consorcio (20 % de deuda total)", lo que a su juicio, "paraliza cualquier solución".
"Si se quiere seguir contratando, hay que dar viabilidad financiera", señala. Mientras, Soler insiste en que la posible paralización de las licitaciones ralentizará que la dársena se convierta en un clúster tecnológico de referencia, y que la dejadez del Gobierno ahuyentará a las empresas.
Este domingo 21 de julio en La Marina de València tendrán lugar los cuatro conciertos completos programados por el festival