Carlos Galiana y Joan Ribó. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Mercavalencia, empresa participada al 51% por el Ayuntamiento de València de Joan Ribó y al 49% por la empresa Mercasa, recurrirá el dictamen de Inspección de Trabajo que, como detalló este viernes Valencia Plaza, destapó que la firma ha operado con 429 falsos autónomos en su servicio de matadero y despiece durante los últimos cuatro años -el periodo analizado por la inspección-.
Preguntadas al respecto, tanto fuentes de la propia Mercavalència como de la Concejalía de Mercados se remitieron este viernes a las declaraciones realizadas por el concejal del ramo y presidente de Mercavalència, Carlos Galiana, en el último pleno municipal -antes de trascender el informe de la Inspección-, en el que el dirigente argumentó que el consistorio deberá recurrir en defensa de sus intereses económicos.
En efecto, el panorama que dibuja la Inspección causaría un importante agravio en las cuentas de la empresa, que se vería obligada a absorber 250 puestos de trabajo y a abonar 7,5 millones de euros en concepto de cuotas a la seguridad social de forma retroactiva. Al recurrir Mercavalencia, la cuestión será derivada a un Juzgado de lo Social, cuyo fallo podría demorarse varios meses.
El mencionado informe de la Inspección de Trabajo sobre la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP de Mercavalència confirma la tesis defendida por el sindicato UGT-PV y por la Seguridad Social sobre las irregularidades laborales en el servicio de matadero y despiece de carne del mercado de abastos de València. La Inspección considera que dicha cooperativa opera con "carácter ficticio" para "eludir el cumplimiento de las obligaciones de alta en régimen general y cotización por parte del empleador según las normas del convenio colectivo sectorial".
La resolución, emitida con fecha de 27 de junio del 2018, interpreta que la cooperativa no funciona realmente como una asociación de trabajadores que pretende satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, con gestión y funcionamiento democrático por parte de sus integrantes, sino que se trata de un instrumento de Mercavalència para eludir la obligación de cotizar en régimen general de las personas trabajadoras de la misma.
Las irregularidades que subraya el informe son varias. Inspección de Trabajo afirma que Mercavalència es quien da las ordenes de trabajo a los miembros de la cooperativa de forma irregular, y que tales órdenes fijan el horario, los días de trabajo, la calidad del producto y hasta cómo se debe trabajar. Además, el organismo pone de manifiesto que 19 trabajadores de la cooperativa han compartido actividad: por la mañana en la cooperativa y por la tarde en la empresa principal, con jornadas irregulares de hasta 16 horas.
La Inspección cifra en 429 las personas que han estado en esta situación irregular en el periodo de cuatro años analizado. 250 son trabajadores a día de hoy, y el resto son personas que han pasado por esos puestos de trabajo a lo largo de los mencionados cuatro años. "Por todo ello, y dado que la empresa no dio de alta a la Seguridad Social, se ha levantado acta de liquidación de cuotas para estas personas, en función del periodo que hayan estado contratadas y con carácter retroactivo", afirma al respecto UGT-PV. La absorción de estos 250 puestos de trabajo dispararía un 330% la plantilla de Mercavalència, tal y como detalló este periódico.
UGT-PV llevó ante Inspección de Trabajo la situación laboral de los trabajadores de la cooperativa de trabajo tras advertir sin éxito tanto al concejal de Mercados y presidente de Mercavalència, Carlos Galiana, como al propio alcalde de València, Joan Ribó, de que la relación laboral con los trabajadores a través de la subcontrata -un modelo heredado del PP que se disponían a prolongar en el tiempo- era irregular.
En el último pleno municipal, los tres partidos del Gobierno Municipal (Compromís, PSPV y València en Comú) se aliaron con el PP para tumbar una moción de Ciudadanos que proponía acatar el veredicto de la Seguridad Social -ahora refrendado por la Inspección de Trabajo- e incorporar a los 250 trabajadores a la plantilla de Mercavalència.
En lugar de hacerlo aprobaron una moción alternativa que se limitaba a anunciar una "auditoría laboral"con el compromiso de regularizar la situación de los trabajadores "en el caso de que se corroboren los hechos que manifiesta la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social".
El PSPV señala el abuso de los contratos menores en diferentes organismos municipales
