Joan Ribó. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, defendió este miércoles la legalidad de los sobresueldos cobrados por ocho concejales del gobierno municipal el pasado mandato, entre 2015 y 2019, sorteando las leyes de estabilidad presupuestaria para los ayuntamientos. Ribó ha defendido que estos complementos salariales se hicieron con el visto bueno de la Intervención, que nadie en la oposición lo criticó en su momento y que, como publicó Valencia Plaza el pasado sábado, no ha sido considerado delictivo a juicio de la Fiscalía. La Agencia Valenciana Antifraude investiga ahora si pudiera haber otro tipo de responsabilidad.
El alcalde explicó a preguntas de los medios de comunicación que la situación viene de 2015 cuando "nos encontramos con un problema de la ley de Montoro, por la que todos los regidores no podían tener dedicación exclusiva". Ciertamente, esta normativa se aprobó para racionalizar el gasto de las entidades locales y obligaba a aplicar la dedicación parcial a ocho concejales del Ayuntamiento de València. El sueldo de los ocho elegidos, por tanto, era el 75% respecto a los concejales con dedicación exclusiva.
Ante este panorama, Ribó describe lo que se intuye como una suerte de favor a la oposición: "No queríamos condenar a la oposición a que no tuviera dedicación exclusiva". Por ello, se circunscribieron las dedicaciones parciales en el gobierno, en un ademán de generosidad de un equipo de gobierno que entraba al ejecutivo local tras 24 años del Partido Popular con la vara de mando.
Así pues, los ocho elegidos para la dedicación parcial eran los tenientes de alcalde Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello –todos ellos de Compromís–, Sandra Gómez, Vicent Sarrià –ambos del PSPV– y María Oliver, de Podemos. No obstante, tal generosidad no podía implicar, a juicio de los nuevos dirigentes municipales, una merma en el salario de sus ocho ediles: "Cogimos a los tenientes de alcalde, quienes están trabajando todo el día, como referencia económica para establecer esa igualdad entre todos".
Es decir, a los ocho concejales que debían percibir el 75% del salario, se les aprobó un complemento salarial ad hoc que no estaba contemplado en la normativa "teniendo en consideración las responsabilidades en la acción de gobierno que deriva del desempeño de las tenencias de alcaldía", según lo aprobado en 2015. De esta manera, en la práctica, el límite salarial impuesto por la conocida como 'ley Montoro' fue sobradamente rebasado y Ribó lo reconoció: "Este sobresueldo se puso para igualar el sueldo de personas que están en cargos de directores de área a los concejales de la oposición". Ciertamente, esto se hizo con el visto bueno de la Intervención.
El sostén jurídico que se empleó, según explicó Ribó, es que además de las leyes de estabilidad presupuestaria impulsadas por el ex ministro Cristóbal Montoro, también hay "otras leyes que dicen que el gobierno puede establecer los complementos correspondientes". Por ello y porque la Fiscalía no ha visto relevancia penal, el alcalde defendió la legalidad de estos complementos salariales, que en total durante los cuatro años del pasado mandato, superaron los 770.000 euros, según ha constatado la Agencia Valenciana Antifraude, que investiga ahora el alcance de la responsabilidad fuera de los juzgados.
Estos complementos dejaron de cobrarse al empezar este mandato, en junio de 2019, porque los servicios jurídicos municipales informaron que no se podía hacer porque suponía un fraude de ley. Fue entonces cuando Ribó repartió entre los grupos de la oposición los ocho ediles que no tendrían dedicación exclusiva, esta vez, claro está, sin este complemento.
Preguntado por esto, Ribó justificó este cambio como consecuencia de la denuncia puesta en Antifraude, si bien la denuncia fue interpuesta después de que Valencia Plaza se hiciera eco de la irregularidad, cuando el cambio ya se había efectuado y aprobado. Ribó lamentó "que por ayudar a la oposición, sea precisamente alguien de estos partidos el que denuncie".
