Antifraude reactiva la investigación sobre los sobresueldos alegales de ocho ediles de València

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude ha reactivado su investigación sobre los complementos salariales alegales que cobraron ocho concejales del Ayuntamiento de València a lo largo del pasado mandato, entre 2015 y 2019. Unos complementos que en la práctica burlaban las limitaciones impuestas por el Gobierno a los sueldos públicos durante la crisis.

El organismo que dirige Joan Llinares ha remitido al consistorio un nuevo requerimiento de documentación para indagar en la cuestión después de que abriera el expediente el pasado verano, tal como adelantó Valencia Plaza. Tras un primer estudio de la documentación municipal, Antifraude paralizó la instrucción al haber una causa abierta por parte de la Fiscalía, ya que la ley no le permite indagar en asuntos que estén sub iudice. 

Finalmente, el Ministerio Fiscal no vio indicios de delito y acabó archivando la cuestión, según fuentes conocedoras del procedimiento, por lo que Antifraude ha reabierto su propia investigación. Por ello, ha pedido al consistorio la remisión de más documentación y cifra en unos 770.000 euros la cuantía de dinero dedicado a estos complementos no contemplados en la normativa.

Como desveló Valencia Plaza en julio de 2019, ocho ediles del Consistorio que tenían dedicación parcial percibieron durante los cuatro años de la legislatura pasada un complemento que igualaba su sueldo a los ediles con dedicación completa. Este sobresueldo, aprobado en julio de 2015 y al que la Intervención General dio su conformidad, vulneraba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que fijaba unos límites a los sueldos de los ayuntamientos.

La que se dio a conocer como 'ley Montoro' se aprobó precisamente para limitar el gasto en las entidades locales, y en ella se especifica que una parte de los ediles del Ayuntamiento debe tener obligatoriamente dedicación parcial y, por ende, un salario sensiblemente menor al resto de concejales. En el caso de València, esto debe afectar a ocho concejales de los 33 que conforman el Consistorio.

Al inicio del mandato de 2015, al entrar a gobernar la izquierda, liderada por Joan Ribó, se eligieron los ocho nombres que tendrían una dedicación parcial del 75%, todos pertenecientes al equipo de gobierno. Los ocho elegidos eran los tenientes de alcalde Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello –todos ellos de Compromís–, Sandra Gómez, Vicent Sarrià –ambos del PSPV– y María Oliver, de Podemos.

Así pues, su salario debía ser de un 25% menos respecto a lo que les correspondería si tuvieran la dedicación exclusiva. Por contra, el Ayuntamiento de València aprobó que cobrasen "un complemento de especial responsabilidad" hasta cobrar la totalidad del salario -el 100%-. Y se hizo "teniendo en consideración las responsabilidades en la acción de gobierno que deriva del desempeño de las tenencias de alcaldía".

En la práctica, se estaba sorteando la normativa porque los ediles que debían cobrar un 75% del salario estaban percibiendo el sueldo completo. Al parecer, el presunto fraude se hizo con el acuerdo de todos los grupos para sortear la 'ley Montoro' y que todos cobrasen el 100% del sueldo. 

Otros dos ediles de la oposición optaron por la dedicación parcial para poder trabajar en otras ocupaciones fuera del Consistorio y sí percibieron la parte proporcional del salario establecido para la dedicación exclusiva. Eran Eusebio Monzó, del PP, con un 33%, y Santiago Benlliure, de Ciudadanos, con un 75%.

Estos complementos dejaron de cobrarse al acabar el pasado mandato, en junio de 2019, porque al inicio del actual los servicios jurídicos municipales informaron que no se podía hacer porque suponía un fraude de ley. Fue entonces cuando Ribó repartió entre los grupos de la oposición los ocho ediles que no tendrían dedicación exclusiva.