El alcalde envía una misiva a Carcedo con diversas peticiones relacionadas con la estafa de estas clínicas dentales
VALÈNCIA. El alcalde de València, Joan Ribó, envió esta semana una carta a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, tras reunirse con varios afectados de la estafa de las clínicas dentales iDental. Entre las peticiones más interesantes que hace Ribó es la de solicitar que se trate como un tema de "salud pública".
A este respecto, el alcalde le dice a Carcedo: "Ruego que haga efectiva la posibilidad de atender el caso singular de las personas estafadas por iDental por la crudeza y la magnitud de la situación. De la misma manera, que observe la posibilidad de emprender acciones legales contra la mercantil o las personas físicas o jurídicas que la representen por su daño contra la salud pública".
Ribó cree que el Ministerio de Sanidad debería hacerse cargo de los tratamientos porque, en el caso de los pacientes afectados, "se trata en muchos casos de personas en una situación de vulnerabilidad económica que, además, se ha visto estafadas", y añade en su carta que "la salud bucodental no es un capricho, sino una necesidad", y que es esa la razón de que la situación del cierre de las clínicas resulte dramático para los afectados.
En su misiva a la ministra, el alcalde de València realiza varias peticiones para resarcir a los afectados y evitar que este tipo de situaciones se repitan. Además de las anteriormente mencionadas, Ribó le dice a Carcedo que "haga todo lo posible" para que los afectados puedan recuperar sus expedientes médicos que están en las clínicas y que, desde allí, se niegan a devolver a sus propietarios.
En segundo lugar, emplaza a María Luisa Carcedo a "realizar una auditoría respecto de las praxis llevadas a cabo en las clínicas de iDental" ya que, según explica, las historias de los pacientes afectados por la estafa "implican acciones que, a todas luces, parecen contravenir la más elemental práctica odontológica".
También le pide que tome en consideración y haga llegar al ámbito competente "la necesidad de regular la publicidad ligada a la salud de las personas, con el objetivo de evitar que ninguna empresa pueda poner los beneficios económicos por encima de su deber de prestar una correcta asistencia sanitaria".
Por último, Ribó le pide a la ministra de Sanidad que haga un "ejercicio de empatía" con las personas afectadas y que atienda sus peticiones, que según dice que "no son sino las demandas de los vecinos y vecinas de mi ciudad realizan ante una administración de la que esperan que defienda sus derechos como ciudadanía", y la insta a ponerse en contacto con él para todo lo que tenga relación con este asunto.
En este caso de estafa fueron detenidas esta semana once personas, entre las que se encontraban dos fundadores de iDental, Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer, por delitos presuntamente relacionados con un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas. iDental era una más de las empresas que utilizaron para sus fines delictivos.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Según la Audiencia Nacional, los detenidos captaban fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con la aparente intención de comprar y reflotar empresas en crisis. Pero en realidad las descapitalizaban y desviaban los fondos para el enriquecimiento personal de los investigados.
En algunos casos, los investigados contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones. Los miembros de la organización descapitalizaban progresivamente las empresas y a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente ocultaban el destino final del dinero.
En el caso de iDental, las personas investigadas en esta causa engañaban a los pacientes, a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales, con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto, y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y a políticas muy agresivas de marketing.