Ribó planea un 'tijeretazo' a los concejales del PP imputados si pasan a ser no adscritos

VALENCIA. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, no planea quedarse de brazos cruzados ante la situación de los concejales del grupo popular en el consistorio, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales en referencia a donaciones realizadas al PP.

Este martes, en la rueda de prensa ofrecida por el ex portavoz popular Alfonso Novo, el concejal solicitó a Ribó que no despida a los asesores de su grupo hasta que exista una sentencia. Preguntado por estas declaraciones, el alcalde recordó que ya existían unas "decisiones tomadas". "Cuando tengamos claro que el juez considera oficial a estas personas como investigadas, tramitaremos su suspensión de empleo y sueldo", porque "es algo que en definitiva ha firmado el alcalde y el alcalde lo tiene muy claro", subrayó en tercera persona.

En esta línea, mandó un recado a la presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig: "¿Quién marca las líneas rojas en política: ella o los imputados?", para recordar que en su momento "se comprometió a apartarlos del partido" si se confirmaba su imputación.

En esta línea, fuentes próximas al alcalde señalaron que se encuentran a la espera de recibir de manos del juzgado la lista de investigados -antes denominados imputados- para, a partir de ese momento, ejecutar un expediente disciplinario de empleo y sueldo, una medida que hasta ahora solo se le ha aplicado al asesor Luis Salom, cuya imputación fue la primera -por ello se adoptó esta iniciativa, recalcan- en darse a conocer.

Así, las citadas fuentes subrayaron que al resto de asesores se les pondrá "en la misma situación" cuando llegue el documento y calcularon que se procederá a hacer efectiva esta sanción en la Junta de Gobierno del próximo miércoles. Además de los asesores, también se aplicará a la administrativa del grupo María José Pi, investigada en la causa. 

Pero al margen de la sanción a los asesores, el alcalde de Valencia no se queda ahí y, según fuentes de su entorno, estudia otras medidas que adoptar si los concejales del PP deciden mantener el acta. Así, una de opciones que se plantea es, en el caso de que la formación popular los expulse del partido o lo abandonen y se conviertan en no adscritos, aplicar un 'tijeretazo' a sus retribuciones económicas.

Fuentes del consistorio señalaron a este diario que, basándose en el Reglamento Orgánico del Pleno (artículo 39 y artículo 8), los derechos económicos y políticos de los ediles no adscritos "no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine este reglamento orgánico". En este sentido, subrayan que las retribuciones de los concejales se regulan desde el Pleno por lo que pueden ser modificadas.

Además, las citadas fuentes recalcaron que los concejales no adscritos funcionan de manera individual y no como grupo, subrayando que no tendrán derecho a asesores ni tampoco la capacidad de votar en una hipotética moción de censura. Es decir, desde el entorno de Ribó se apunta a que si los concejales investigados son expulsados del PP y se convierten en no adscritos los asesores serán despedidos del consistorio, a excepción del que pudiera mantener el actual portavoz popular, Eusebio Monzó, único de los ediles del PP no imputado en el caso.