Ribó propone validar los sueldos de la oposición que cuestiona Antifraude

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude cuestionó los sueldos de los ocho concejales con dedicación parcial del Ayuntamiento de València pertenecientes a la oposición durante este mandato. El alcalde de València, Joan Ribó, iba a aceptar el criterio de la Agencia. Pero ha cambiado de opinión: el primer edil ha propuesto a todos los partidos del consistorio dar por buenas las retribuciones de los ocho ediles de la oposición, atendiendo al criterio del secretario municipal.

En 2019, con el inicio de mandato, a estos ediles se les concedió una dedicación parcial del 75%. La normativa establece que deben cobrar en función del "tiempo de dedicación efectiva". Esto es, a 75% del tiempo, el 75% del salario. Sin embargo, existe un desacuerdo jurídico sobre el total respecto al cual calcular esa proporción.

Por un lado, tanto la Agencia Valenciana Antifraude, el Ministerio de Hacienda como el Consell Jurídic Consultiu consideran que ese 75% del sueldo debe calcularse respecto al de los concejales rasos con dedicación exclusiva. Pero el consistorio lo está aplicando en relación al salario del alcalde, lo cual otorga a los concejales con dedicación parcial un sueldo mayor -63.500 euros- que si se empleara el sistema planteado por los diferentes organismos -51.100 euros-.

Lo cierto es que la ley en cuestión, la Reguladora de Bases de Régimen Local, no clarifica cuál es el criterio adecuado -aunque el Ministerio de Hacienda lo haya aclarado en sus notas informativas-, y el sistema retributivo aprobado por el Ayuntamiento cuenta con el visto bueno del secretario municipal. Sin embargo, como publicó este diario, el alcalde iba a llevar al pleno de este jueves una propuesta para aceptar el criterio de Antifraude y empezar a aplicarlo el próximo mandato. Pero esto parece estar todavía en el aire.

Así lo confirmaron este martes diversas fuentes consistoriales a Valencia Plaza tras celebrarse la junta de portavoces del Ayuntamiento previa al pleno. Allí, según explicaron las mismas fuentes, Ribó propuso a los portavoces de los grupos municipales rechazar la recomendación de Antifraude, que instaba a cambiar el criterio de cálculo del sueldo -en la práctica, rebajarlo- para aquellos concejales con dedicación parcial, que en el consistorio son ocho: cuatro del PP, tres de Ciudadanos y uno de Vox.

La idea del primer edil es modificar su propia propuesta: donde decía que se aceptara la recomendación de Antifraude para 2023, ahora diría que se rechaza y se continuará como hasta ahora. El primer edil se ampara en la legalidad del acuerdo confirmada por el habilitado nacional para plantear este acuerdo, que el alcalde quiere que se tome por unanimidad, puntualizan tanto fuentes del Ejecutivo local como de la derecha municipal.

Por otro lado, comprometer la fijación de salarios de la futura corporación parecía para algunos en la oposición una "salvajada jurídica" difícil de entender. Sin embargo, el acuerdo todavía no se ha producido: PP, Ciudadanos y Vox estudian la iniciativa del primer edil. "En los próximos días", y previsiblemente antes o incluso durante el pleno, podría tomarse esta decisión de manera unánime.

Los sobresueldos del gobierno, sobre la mesa

Si saliera adelante, supondría validar el sueldo de los ocho concejales en cuestión durante este mandato (2019-2023). Pero la polémica, en realidad, emerge del sistema retributivo aprobado en 2015, con la llegada al gobierno de la izquierda -Compromís, PSPV y València en Comú-, y que se mantuvo durante todo el pasado mandato.

Entonces, para no perjudicar a la oposición, se adjudicaron las dedicaciones parciales del 75% a ocho concejales del gobierno municipal, como fija la 'Ley Montoro'. Pero en aquel caso, a estos ediles se les aplicó un complemento salarial no contemplado en ninguna normativa que, a la postre, les hacía cobrar como si tuvieran una dedicación exclusiva.

Así, de esta manera, entre 2015 y 2019, todos los concejales del Ayuntamiento cobraron el 100% del salario, que era lo que quería evitar la mencionada regulación. En total, con esta argucia jurídica, se pagaron de más 772.000 euros en total durante los cuatro años a ocho ediles pertenecientes a los tres partidos del gobierno. Este es el origen de la investigación que ha estado llevando la Agencia Valenciana Antifraude. Pero el organismo que dirige Joan Llinares no ha reclamado, con todo, la devolución de este dinero.

En su informe definitivo de investigación sí instaba al consistorio a que recabara el informe jurídico del secretario cuando se fijasen los sueldos y que se establezcan claramente las responsabilidades de cada cargo. Ambas cuestiones que el Ayuntamiento aceptará, bien con la propuesta que ya ha presentado el alcalde al pleno, bien con la enmienda que ha planteado Ribó, que sólo afectaría a los sueldos de los ocho ediles de la oposición durante este mandat.