Ribó da carpetazo a los sobresueldos de 8 ediles y asume los consejos de Antifraude para el futuro

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ultima los pasos definitivos para dar carpetazo a la polémica por el cobro de 772.000 euros en sobresueldos alegales por parte de ocho ediles del equipo de gobierno durante el pasado mandato.

El gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, lleva al pleno de este mes una propuesta de acuerdo para aceptar las recomendaciones emitidas por la Agencia Valenciana Antifraude en su último informe de investigación, en el que confirma que la coalición de izquierdas -Compromís, PSPV y València en Comú el pasado mandato- sorteó la ley pero evita, por contra, pedir responsabilidades o la devolución del dinero a las arcas municipales.

Así pues, el consistorio aplicará los consejos de la Agencia "en el siguiente expediente" que se tramite para fijar los sueldos de los concejales; esto es, previsiblemente en 2023 tras las próximas elecciones municipales. De esta manera, no actuará de ninguna manera sobre la decisión que se tomó el pasado mandato y que se hizo al margen de la normativa, tal y como el propio alcalde, Joan Ribó, reconoció en sesión plenaria.

Los consejos del organismo de control dirigido por Joan Llinares instan a que, cuando se fijen las retribuciones de los miembros de la corporación, se pidan informes jurídicos de legalidad al secretario municipal. También deberán fijarse de antemano claramente las responsabilidades de cada cargo, "siendo evidente" que los sueldos responde a las responsabilidades atribuidas a cada edil, por lo que no es "necesario fijar complementos de especial responsabilidad" como se hizo en 2015.

Desde Alcaldía se considera que "no existe inconveniente para aceptar" estas recomendaciones y por eso la concejalía de Personal eleva a comisión y pleno la cuestión para aprobar la aceptación de las mismas.

772.000 en complementos alegales

La llamada 'ley Montoro', que se aprobó en 2013 para limitar los gastos de las entidades locales, fija que ocho de los 33 ediles de València deben tener dedicación parcial y, por ende, un sueldo sensiblemente menor. Así pues, el nuevo gobierno de izquierdas en 2015, dirigido por Ribó, pactó con la oposición que las dedicaciones exclusivas las tendrían los ediles de PP y Ciudadanos, mientras que las parciales recaerían sobre ocho ediles del gobierno, miembros de la Junta de Gobierno Local, a los que se les adjudicaría el 75% del sueldo completo. 

Sin embargo, por otro lado, a esos mismos miembros se les aprobó un "complemento de especial responsabilidad" no contemplado en la normativa que, en la práctica, les hacía cobrar el 100% del salario. Esto es, quien debía percibir tres cuartos de su sueldo, percibía la totalidad. Por ello, Antifraude concluyó que se vulneraron los principios de la normativa porque "de facto su efecto práctico" fue que se pagó a todos los concejales "el mismo importe en términos cuantitativos que el fijado por el pleno para los regidores con dedicación exclusiva".

El Ayuntamiento había alegado que en ningún caso se buscaba violentar la normativa con el complemento salarial, pero la Agencia es contundente al responder que "se le denomine como se le denomine", la decisión tomada, que es responsabilidad de toda la corporación, "no parece una interpretación acorde a la norma, que lo que pretende es la eficiencia en el uso de los recursos públicos". En total, se pagaron más de 772.000 euros mediante estos complementos salariales.

Pero además, Antifraude recordaba que la decisión pasó por encima del criterio manifestado tanto por un dictamen del Consell Jurídic Consultiu e incluso una nota informativa el Ministerio de Hacienda, que dejaban claro que "el límite máximo total que pueden percibir por todos los conceptos retributivos" los ocho concejales en cuestión "viene determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial", esto es, el 75%.

Ribó admitió haber sorteado la 'ley Montoro'

El pasado mes de julio, Ribó admitió haberse saltado la normativa estatal: "Quisimos sortear la Ley del señor Montoro, que impedía poner todas las dedicaciones exclusivas, efectivamente", sentenció el primer edil durante una de sus intervenciones en el hemiciclo municipal. Pero asumió la vulneración de la normativa en otra ocasión, al aseverar que si tuviera que dimitir, lo haría "por ingenuo, por favorecer a la oposición de una forma que de alguna manera impedía la ley".

Ribó justificó la irregularidad, así pues, insistiendo en que lo hizo por hacer un favor a los miembros de la oposición. "Hicimos esto precisamente para que todos los miembros de la oposición pudieran cobrar lo mismo que los miembros del gobierno", señaló el alcalde, quien recordó que, además, se aprobó una bajada del salario del alcalde de un 20% en 2015.

Bajada de sueldo para quien tenga dedicación parcial

Además de las dos recomendaciones recogidas en el informe de Antifraude ya mencionadas, la Agencia también cuestionaba que los salarios de este mandato, fijados en 2019 y que hacen recaer todas las dedicaciones parciales en la oposición, tampoco cumplen estrictamente la normativa.

"No se ha explicado las causas que llevaron a la modificación del régimen de retribuciones para los cargos electos para la legislatura 2019-2023", aseguraba la Agencia, que tras analizar el cambio, concluyó que, como ya publicó en su momento este diario, las dedicaciones parciales actuales incumplen el principio de proporcionalidad porque en lugar de cobrar el 75% del total como marca la normativa, perciben el 93,14% del salario de los concejales con dedicación exclusiva.

Por ello, la Agencia recomendaba que el sueldo de los ediles con dedicación parcial -en este mandato, ocho ediles de PP, Cs y Vox- tengan esa proporcionalidad. Lo que a la postre significa que la retribución de estos ediles debería ser menore. Sin embargo, como estos consejos se aplicarán a partir del próximo mandato, sus señorías pueden respirar tranquilos hasta 2023.