Robles afirma que Defensa estudia desmilitarizar Capitanía General pero que "no es tan sencillo"

VALÈNCIA (EP). La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este sábado que el Ministerio que dirige "está estudiando" la desmilitarización del convento de Santo Domingo de València, más conocido como Capitanía General, aunque ha destacado que, al tener que buscar "una alternativa" para los efectivos de las fuerzas de seguridad que actualmente hacen uso del complejo "no es tan sencillo".

Así lo ha explicado la titular de Defensa a preguntas de los periodistas en un acto en Mislata (Valencia), donde se le ha interpelado por esta cuestión. En mayo de 2018, los partidos que sustentan al Acord del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Podem) aprobaron una iniciativa en Les Corts que instaba al Consell a pedir al Gobierno que iniciara los trámites para la cesión a la Generalitat Valenciana del convento.

En julio del pasado año, el Gobierno contestó a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet sobre este tema y afirmó que "no lo preveían" ya que la propiedad "sigue siendo de interés para la Defensa Nacional" y "no está incluida en ninguna de las actuaciones de racionalización de infraestructuras".

El conjunto actualmente, según detallaba el ejecutivo en la respuesta a Mulet, es "una propiedad demanial afectada al Ministerio de Defensa y adscrita al Ejército de Tierra, en la cual se ubica el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad". Por ello, Robles ha manifestado: "No me puedo comprometer en este momento, pero vamos a estudiarlo".

Así, ha manifestado que el Ministerio, "en aquellos casos que se dé salida a las necesidades de las fuerzas armadas" va a trabajar para que los inmuebles "tengan un destino social".

De hecho, el acto al que ha acudido la ministra en Mislata era la inauguración de una residencia de ancianos situada en unas antiguas instalaciones militares en esta población de l'Horta.

"Todas aquellas instalaciones militares que hayan quedado en desuso por un lado o que se les pueda encontrar una alternativa, estamos absolutamente abiertos. Las instalaciones son parte del patrimonio del Estado, y no pueden ser objeto de una negociación como si fueran el libre mercado", ha explicado.