Su abogado justifica sus declaraciones en que fueron ellos los que crearon los puestos de alta dirección
VALÈNCIA. La defensa del expresidente de la Diputación de València Jorge Rodríguez, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, ha enviado un escrito al magistrado instructor del caso Alquería, Miguel Ángel Casañ, en el que justifica la petición de nuevas testificales. Camacho se ha visto obligado a enviar este escrito después de que el juez cuestionara la petición y solicitara al letrado una justificación de su propuesta.
El caso Alquería fue el primer gran caso de corrupción vinculado a los gobiernos de izquierdas salidos de las urnas en 2015. En él se investiga cómo presuntamente el expresidente Jorge Rodríguez; su asesor Manuel Reguart; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda, y los directores gerentes de la empresa pública Xavier Simón y Agustina Brines crearon hasta ocho puestos de alta dirección para colocar a personas afines al PSPV y Compromís. Están acusados de malversar cerca de dos millones de euros.
En el escrito de Camacho, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, éste, justifica ante el magistrado instructor que los testigos propuestos serían interrogados "sobre el conocimiento de los hechos que se investigan, y, en especial, en lo relativo a un documento", y el conocimiento de los testigos sobre ese papel.
En cuanto al citado documento, expone el abogado que "constituye un pacto de gobierno en el que se establece una nueva estructura no solo en la Diputación Provincial, sino también en Imelsa. En esta nueva estructura de gestión se establecen las bases de lo que serían las áreas para las que fueron contratados los altos directivos", cuyos contratos investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Asegura la defensa de Rodríguez que su defendido "accede al puesto de presidente de la entidad, tanto en la Diputación de València, como en Imelsa, con posterioridad al referido acuerdo, en el que no tuvo intervención alguna". Es decir, que su defensa, al parecer, descarga la responsabilidad en los socios de gobierno del presidente.
Y aprovecha ese desfase temporal para dejar un 'recadito' a los testigos que quiere que declaren al asegurar que, "se encuentra con una sociedad, Imelsa, totalmente caótica, y con unas bases o estructura nueva ya pactada, y que tendrá que organizar de forma que sea una empresa viable. Para ello cuenta con la ayuda de los servicios jurídicos y del área de recursos Humanos que son los encargados de preparar la mejor fórmula de contratación, así como la redacción y formalización de los contratos. Estas áreas no son de nueva creación, sino que de lo que se trataba era de reestructurar la empresa para su mejor gestión".
Sobre la petición de que acuda a dar explicaciones el que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Orengo, dice el escrito que, justifican esa petición en el hecho de que, aunque no pertenecía al Consejo de Administración, "estuvo presente en la reunión de fecha 24.07.2015", donde cesó como gerente Rafael Soler Vert, y se nombraron gerentes a Tiller y a Agustina Brines, así como también se nombró a José Luis Vera como director de Servicios Jurídicos.
También dice el escrito que, "en este Consejo se otorgaron poderes a Tiller y a Brines para formalizar contratos de trabajo". A lo que añade que, "en esa reunión el propio Soler preguntó sobre la contratación bajo los principios de mérito y capacidad", y por ello, Orengo "nos puede aclarar exactamente en qué circunstancias se produjo esta pregunta y su contestación o debate".
Además de Orengo, la defensa del expresidente del ente provincial quiere que declaren la actual secretaria autonómica de Eficiencia Energética y exalcaldesa de Moncada, Concha Andrés; el exdiputado provincial y ex portavoz socialista Pablo Seguí; la vicepresidenta de la Diputación Maria Josep Amigó (Compromís), el diputado de Compromís Xavier Rius y los exdiputados de esta formación Emili Altur y Josep Bort.
De Rius y Andrés dice que, aunque no eran consejeros, "su firma consta en el documento aportado" y que, por tanto, quiere que aclaren "las circunstancias en que dicho documento se firmó y la fecha". El resto sí formaban parte del consejo y además de las fechas, quieren saber cómo se tomó la decisión de crear esos puestos y, lo más importante quién la tomó. Ahora, el magistrado instructor deberá decidir si las explicaciones dadas por Camacho son suficientes para citar a todos los testigos propuestos.