Ros Casares impide a Thyssen ahorrarse 2,5 millones de IVA al revelar a Hacienda que están vinculadas

VALENCIA. La empresa valenciana Thyssen Ros Casares (TRC), participada al 50% por el Grupo Ros Casares y por ThyssenKrupp, ha abortado el intento del grupo alemán de desvincularse de la empresa para evitar el pago de 2,5 millones de euros en IVA. Esta cantidad es el IVA de las facturas pendientes de pago por parte de TRC, que entró en concurso de acreedores en 2014, a ThyssenKrupp Materials Ibérica, filial al 100% del grupo germano. 

La Agencia Tributaria aceptó inicialmente la petición de TK Materials Ibérica de rectificar las facturas tras entrar TRC en concurso, con lo que, según permite la ley, la acreedora de ese IVA pasa a ser Hacienda y la nueva factura -incluida en la masa del concurso- se emite sin IVA. De hecho, la Agencia Tributaria reclamó a TRC los 2,5 millones.

Sin embargo, los administradores concursales de TRC alegaron ante Hacienda, el pasado 20 de julio, que las facturas rectificadas no podían ser admitidas porque la ley lo impide cuando las dos empresas son "entidades vinculadas", supuesto que se da cuando los mismos socios participan directa o indirectamente en al menos el 25% de capital de ambas empresas. Aunque la participación del holding ThyssenKrupp se realiza a través de participadas diferentes, el nombre del grupo en la razón social de TK Materials Ibérica "hace presumir una vinculación directa o indirecta" con la propietaria del 50% de TRC, según la compañía valenciana.

Sin esperar a la resolución de Hacienda, que admitió estas alegaciones, TK Materials Ibérica decidió el pasado 25 de septiembre rectificar las facturas rectificadas y volver a la situación inicial, en la que ella es la acreedora del IVA -que se incluye en la masa del concurso- y, por tanto, es ella la que debe declarar esa cantidad a Hacienda. Según la Agencia Tributaria, la rectificación se produjo "al entender la emisora de la factura que no puede modificarse la base imponible por estar en mayor o menor medida vinculada".

Repercusiones en el concurso

Este hecho es importante porque puede tener implicaciones sobre el proceso de liquidación de los activos del Grupo Ros Casares que está a punto de resolverse. La firma alemana, judicialmente enfrentada con sus socios valencianos en Thyssen Ros Casares (TRC) desde hace meses, ha presentado una oferta para hacerse con las dos plantas de esta mercantil en el Puig y Sagunto.

En el pasado, la empresa a través de la que participa en el accionariado de TRC, la firma alemana Thyssenkrupp Sthal Service Center Gmbh, ya realizó una oferta por esos mismos activos.

En esta ocasión, la firma que en octubre presentó una propuesta en el notario dentro del proceso de liquidación fue Grupo TK SL, que no tiene vinculación accionarial directa con Thyssen Ros Casares.

Con este cambio en la titularidad de la oferta, el grupo alemán buscaría evitar tener que cargar con la deuda de 47 millones que arrastra la mercantil a la que aspira, un pasivo que sí estaría obligada a asumir si la oferta viniera de una empresa vinculada.

El hecho de que Hacienda y la propia multinacional alemana hayan admitido que Thyssen Ros Casares y TK Materials Ibérica son empresas vinculadas, pese a no tener vinculación accionarial directa, obligaría al grupo alemán a asumir el pasivo de la empresa cuyos activos aspira a comprar por 7,5 millones.

TRC saldrá en la lista de morosos

A pesar de que la Agencia Tributaria ha resuelto que Thyssen Ros Casares no tiene que pagar los 2,5 millones de IVA que le reclamaba en julio, la empresa valenciana aparecerá en el "listado de deudores con incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias", la lista de morosos que publicará por primera vez el Ministerio de Hacienda a principios de diciembre. Esta lista está elaborada con todos los particulares y empresas que debían más de un millón de euros a 31 de julio de 2015, aunque después hayan regularizado su situación.

La deuda de TRC asciende a 1,17 millones de euros por varias declaraciones de IVA no abonadas entre 2012 y 2014. La empresa ha presentado alegaciones porque, explica, toda esa deuda está incorporada a la masa del concurso y, por tanto, no es exigible hasta la resolución del proceso concursal. 

La compañía valenciana recuerda a la Agencia Tributaria que el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria indica "claramente" que no se incluyen en las deudas publicables las que se encuentren aplazadas o suspendidas. Por ello, advierte de que "es un ilícito no sólo mercantil, sino penal en muchos casos", la situación en la que, en un concurso, el acreedor presiona al deudor para tratar de obtener el cobro por delante de otros acreedores. "No de otra forma cabe llamar al intento de publicar la deuda del concurso dentro de la lista de defraudadores", añade.

Por ello, TRC pide que no se le incluya en este listado, algo a lo que Hacienda contempla en caso de error o si se demuestra que no concurren los requisitos legales para la inclusión.