Jaime Roures, presidente de Mediapro. EFEVALENCIA. Los liquidadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y el presidente de la productora Mediapro, Jaume Roures, anunciarán este miércoles el acuerdo al que han llegado ambas empresas para zanjar los pleitos que mantienen en los juzgados por demandas cruzadas derivadas de incumplimientos de contratos.
El acuerdo se estaba gestando desde mediados del mes pasado, tal como adelantó Valencia Plaza el 22 de octubre, tras una reunión en el Palau de la Generalitat entre los liquidadores, Roures y el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, que promovió la negociación y ejerció de intermediario.
No era la primera vez que la empresa pública buscaba un acercamiento con Mediapro para saldar sus diferencias. En 2013 lo intentó Rosa Vidal en el corto período que dirigió el ente, pero no hubo acuerdo o no dio tiempo a cerrarlo.
Según la memoria de 2014 de RTVV, todavía no auditada, el saldo era favorable a la empresa valenciana por una diferencia de 14,75 millones de euros, cantidad resultante de restar los 12,41 millones que Roures reclama a RTVV de los 27,16 millones que Mediapro debía a la cadena. La empresa pública tenía provisionada la deuda neta, pero en 2013, tras el cierre y orden de liquidación, decidió provisionar los 14,75 millones.
El desencuentro se remonta a 2010, cuando Mediapro decidió dar por finalizado el contrato por los derechos de emisión de la Liga de fútbol firmado en 2006 cuando aún quedaba una temporada, la 2010-2011. El motivo era que la empresa de Roures se había hecho con la mayoría de los derechos de los clubes para las siguientes temporadas, incluidos los valencianos, que anteriormente habían firmado con RTVV, que luego los revendía a Mediapro.
RTVVse negó a pagar un suplemento a los 9,5 millones estipulados para esa última temporada y Mediapro le negó la señal del primer partido de Liga en abierto. La televisión pública valenciana acudió entonces al juez, que fijó medidas cautelares durante dos meses, durante los que sí se emitieron encuentros, hasta que por un recurso de Mediapro retiró las medidas, dejando a los espectadores de Canal 9 sin partidos en directo del resto de la temporada de Liga y los de Copa del Rey. Además, la productora de Roures castigó a la cadena sin los partidos de Segunda División que había comprado en otro contrato firmado en febrero de 2010.
El juez de lo Mercantil número 7 de Barcelona condenó a Mediapro, que en esas fechas estaba en concurso de acreedores, a indemnizar a RTVV por daños y perjuicios, sentencia que fue recurrida por la productora.
La segunda demanda se produjo a raíz de la decisión unilateral RTVV de cancelar el contrato de cuatro años (2010-2013) para emitir las carreras de Fórmula 1, simultáneamente a la emisión deLa Sexta en la Comunitat Valenciana. En 2012, con Alberto Fabra al frente de la Generalitat, RTVV denunció el contrato, aprovechando la renuncia a su contrato de La Sexta y que Mediapro había subastado de nuevo los derechos para toda España, que se adjudicó Antena 3. La televisión pública alegó "variación sustancial de las condiciones" -Antena 3 tenía más audiencia que La Sexta- para intentar ahorrarse 28 millones que tenía que pagar en los dos años que quedaban. Mediapro demandó a RTVV por esos dos años de contrato que quedaban y ganó.
Además de las demandas, las dos empresas tenían otra cuenta pendiente, que eran los 25 millones de euros que el grupo de Roures debía a RTVV por la recompra de derechos de los equipos valencianosde Primera División en 2006. Esta deuda quedó atrapada en el concurso de acreedores de Mediapro, declarado en junio de 2010 y levantado a finales de 2011 con un calendario de pago de tres años.
