VALENCIA. Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y Mediapro están a punto de resolver de manera amistosa los conflictos judiciales que enfrentan a ambas compañías desde hace un lustro. Con la mediación de la Generalitat, ambas partes ultiman un acuerdo que podría firmarse a mediados de noviembre, según explicaron a Valencia Plaza fuentes de Mediapro, que no dieron detalles sobre el contenido del posible acuerdo.
Estas fuentes confirmaron que el pasado martes a mediodía, según pudo comprobar este periódico, el presidente de la productora y distribuidora catalana, Jaume Roures, visitó el Palau de la Generalitat. Allí se reunió con el recién nombrado secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, y con los liquidadores de RTVV, para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin al largo enfrentamiento judicial entre ambas partes. Fuentes de la Generalitat solo han confirmado que la visita de Roures se produjo y el propósito de la misma.
No es la primera vez que la empresa pública intenta un acercamiento con Mediapro para saldar sus diferencias. En 2013 lo intentó Rosa Vidal en el corto período que dirigió el ente, pero no hubo acuerdo o no dio tiempo a cerrarlo.
Ninguna de las partes ha detallado el importe de sus deudas cruzadas. Según la memoria de 2014 de RTVV, todavía no auditada, el saldo era favorable a la empresa valenciana por una diferencia de 14,75 millones de euros, cantidad resultante de restar los 12,41 millones que Roures reclama a RTVV de los 27,16 millones que Mediapro debía a la cadena. La empresa pública tenía provisionada la deuda neta, pero en 2013, tras el cierre y orden de liquidación, decidió provisionar los 14,75 millones.
El desencuentro se remonta a 2010, cuando Mediapro decidió dar por finalizado el contrato por los derechos de emisión de la Liga de fútbol firmado en 2006 cuando aún quedaba una temporada, la 2010-2011. El motivo era que la empresa de Roures se había hecho con la mayoría de los derechos de los clubes para las siguientes temporadas, incluidos los valencianos, que anteriormente habían firmado con RTVV, que luego los revendía a Mediapro.
José María Vidal, secretario autonómico de Comunicación. FOTO: archivo
RTVVse negó a pagar un suplemento a los 9,5 millones estipulados para esa última temporada y Mediapro le negó la señal del primer partido de Liga en abierto. La televisión pública valenciana acudió entonces al juez, que fijó medidas cautelares durante dos meses, durante los que sí se emitieron encuentros, hasta que por un recurso de Mediapro retiró las medidas, dejando a los espectadores de Canal 9 sin partidos en directo del resto de la temporada de Liga y los de Copa del Rey. Además, la productora de Roures castigó a la cadena sin los partidos de Segunda División que había comprado en otro contrato firmado en febrero de 2010.
El juez de lo Mercantil número 7 de Barcelona condenó a Mediapro, que en esas fechas estaba en concurso de acreedores, a indemnizar a RTVV por daños y perjuicios, sentencia que fue recurrida por la productora.
Derechos por la Fórmula 1
La segunda demanda se produjo a raíz de la decisión unilateral RTVVde cancelar el contrato de cuatro años (2010-2013) para emitir las carreras de Fórmula 1, simultáneamente a la emisión deLa Sexta en la Comunitat Valenciana. En 2012, con Alberto Fabra al frente de la Generalitat, RTVV denunció el contrato,aprovechando la renuncia a su contrato de La Sexta y que Mediapro había subastado de nuevo los derechos para toda España, que se adjudicó Antena 3. La televisión pública alegó "variación sustancial de las condiciones" -Antena 3 tenía más audiencia que La Sexta- para intentar ahorrarse 28 millones que tenía que pagar en los dos años que quedaban. Mediapro demandó a RTVV por esos dos años de contrato que quedaban y ganó.
Además de las demandas, las dos empresas tenían otra cuenta pendiente, que eran los 25 millones de euros que el grupo de Roures debía a RTVV por la recompra de derechos de los equipos valencianosde Primera División en 2006. Esta deuda quedó atrapada en el concurso de acreedores de Mediapro, declarado en junio de 2010 y levantado a finales de 2011 con un calendario de pago de tres años.
Jaume Roures. FOTO: EFE
