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el billete / OPINIÓN

Rufián nos lo arregla

29/11/2020 - 

La misma semana que el Gobierno y el PSOE pactaban con un partido que vitorea a los asesinos y cuyo líder Otegi dice que si hay 250 presos etarras, habrá 250 "recibimientos" más, salía de la cárcel otro asesino, Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha en 1977. No hay noticias de que ningún partido ni sus alcaldes o militantes hayan alentado o participado en un homenaje público a este criminal. Habría sido una inmoralidad, igual que habría sido una inmoralidad que el Gobierno y los partidos que lo integran pactaran con ese partido. ¿Alguien aceptaría que el presidente valenciano pactase con quien homenajeara públicamente al asesino de Guillem Agulló? Pues no hay más preguntas.

Lo cierto es que la marxista —de Groucho— falta de principios de Pedro Sánchez, el todo vale para conseguir apoyos, tiene beneficios colaterales usados como paliativos. Por ejemplo, tres millones de euros para regenerar la costa guipuzcoana —espero que con más suerte que los tres millones para las playas valencianas que llevan diez años en un cajón del puerto—, un plan de reactivación económica en los Pirineos, mejoras en infraestructuras en Navarra...

Como, además, Sánchez tiene que enfriar el ataque de celos del PNV, en la carrera de enmiendas que han emprendido los de Ortuzar y los de Otegi a ver quien exprime mejor al Estado español entran cosas como la subvención de 3 millones a la investigación en universidades vascas —mientras el resto tienen que competir por los limitados presupuestos de ayudas de Pedro Duque y Castells— y la inaplazable mano de pintura a la barandilla de la playa de la Concha, que este año sí ha pasado el corte.

La ministra Montero (derecha) negocia los Presupuestos con diputados de EH Bildu. Foto: EFE

Produce tanta envidia comparar las regalías vasco-navarras con la escasa cosecha lograda por el diputado de Compromís Joan Baldoví —cuatro de 39 enmiendas presentadas—, que nos habremos de consolar con los beneficios colaterales del trabajo de Esquerra Republicana de Catalunya.

Quién nos iba a decir después de siete años de reivindicaciones de un nuevo modelo de financiación autonómica que el empujón ¿definitivo? lo iba a dar un independentista catalán que, al contrario que todos los valencianos que en Madrid han sido, sí tiene poder en la capital. Si fuera un poco más inteligente, Gabriel Rufián podría haber presumido de hacerlo también por los valencianos, sus 'catalanes del sur', pero como los països catalans solo están en sus mapas, el líder de ERC ha planteado una única modificación en el sistema de financiación autonómica, la que afecta a la razonablemente bien financiada Cataluña: acabar con el dumping fiscal de Madrid.

El Gobierno de Sánchez no iba a tragar con ese cambio en los Presupuestos de 2021 y su Ley de Acompañamiento porque no traga con cualquier cosa aunque a veces lo parezca. Con la ventaja que le da no tener escrúpulos, Sánchez juega con mucha inteligencia con las necesidades de cada uno. Escucha con atención a sus potenciales socios, conoce sus debilidades internas, sus necesidades, y calcula hasta dónde tiene que ceder para conseguir su voto. A veces calcula mal, como le ocurrió con Compromís en una de las votaciones durante la pandemia, pero Joan Baldoví ya ha vuelto al redil ayudado por los aplausos de la grey progresista.

Joan Baldoví y Gabriel Rufián. Foto: EDUARDO PARRA/EP

La reforma de la financiación autonómica, cuyo "esqueleto" prometió Sánchez para septiembre a cambio del voto de Baldoví en la investidura, y que ya en medio de la pandemia retrasó a noviembre, no se va a presentar este mes de noviembre porque incumplir esa promesa nunca pasa factura. El argumentario oficial es una prolongación de la retahíla de excusas iniciada por Montoro en 2014 para no abordar la reforma: con la pandemia no se puede, vienen elecciones en Cataluña —esta ya se usó en 2015, en 2017 y no descartemos que sirva en 2025— y, por si esto fuera poco, no hay consenso. Con pandemia y sin consenso se puede abordar la ley educativa, la renovación del CGPJ que lleva dos años de retraso —lo de la financiación, siete— o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no un problema que es casi exclusivo de la Comunitat Valenciana y Murcia.

Sin embargo, cuando a lo más que llegamos los valencianos en nuestra histórica reivindicación es a una concentración en forma de ramito de violetas cada 18 de noviembre ante la Delegación del Gobierno, llega ERC y plantea una reforma parcial del sistema de financiación autonómica. Y la cosa salta al debate nacional.

Salta al debate nacional lo de Ayuso y Rufián, no vayamos a pensar que ahora en Madrid están preocupados por el 'problema valenciano'. La reforma parcial planteada por Rufián se dirige contra el dumping fiscal que practica Madrid, al que me referí recientemente en un artículo con una conclusión: cuando Ayuso baja los impuestos, la pérdida de recaudación perjudica a todos porque Madrid financia al resto de España, especialmente a las CCAA más pobres. O dicho de otro modo, si sube los impuestos, el grueso de la recaudación adicional se repartirá entre casi todos, así que es entendible que no lo quiera hacer.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Foto: O. CAÑAS/POOL

La reforma contra el paraíso fiscal de Madrid es tan necesaria como la del País Vasco y Navarra que muchos defienden con el argumento —hasta Ciudadanos lo ha comprado— de que está en la Constitución. También está en la Constitución la competencia fiscal de las CCAA que ahora quiere recortar Rufián en otro ejemplo —salvando las distancias— de renuncia a unos principios cuando le conviene. En España no hay que acabar con un paraíso fiscal, sino con tres, pero a ver cómo se lo dices al PNV y los nuevos socios de Bildu. Y ese cambio no se puede hacer al margen de la reforma de todo el sistema porque sería un insulto para los valencianos.

Reclama Ximo Puig el mérito de llevar tiempo clamando contra el dumping fiscal de la "aspiradora" Madrid. Es cierto, pero no le hicieron ni caso. Ha tenido que venir Rufián a poner la cuestión en el candelero. Sánchez y Montero le han prometido que después de las elecciones catalanas del 14 de febrero se abordará lo del dumping en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica pendiente desde 2014. Apuntada queda esta enésima fecha sin ninguna confianza en que esta vez se cumpla la palabra dada, aunque sea a Rufián.

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