Hoy es 15 de agosto
VALENCIA. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha calificado como culpable el concurso de acreedores de Afrepark SL, declarando como responsable a Pascual Serrano, su administrador. El magistrado excluye como cómplices a Ruralcaja -actualmente Cajamar- y a Construcciones Serrano (Cosesa).
Pese a ello, directivos de Ruralcaja y Serrano permanecen imputados por un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de insolvencia punible por un trasvase de 3 millones de euros entre Afrepark y Cosesa detectado en el concurso. Además el fiscal del caso, Manuel Campoy, ha recurrido y solicita que se declare a Cosesa cómplice.
Según la sentencia, queda probado que Pascual Serrano, administrador único de ambas empresas, tenía una póliza de crédito concedida a Cosesa que estaba en fase de liquidación. En el año 2008 recibió un crédito de la entidad bancaria Ruralcaja por 3,5 millones de euros para Afrepark que destinó a “cancelar parcialmente posiciones deudoras de Cosesa, por cuanto le permitió librarle del aval personal prestado, gravando el único activo de Afrepark SL, lo que determinó la insolvencia de dicha sociedad, puesto que debía construir un aparcamiento subterráneo sin contar con uno de los tramos económicos destinados a ello”.
Pero es que, además, según el fallo, dicha operación “acredita que sus deberes como administrador de Afrepark han sido total y absolutamente incumplidos. Los actos entre Afrepark y Ruralcaja se realizaban en claro detrimento de la concursada, vista la financiación asumida”. Y el magistrado agrega que “el principal beneficiado es Pascual Serrano, que ve cancelados sus avales personales”.
El motivo por el que el magistrado no declara cómplice a Ruralcaja es porque la nueva dirección de la entidad financiera, actualmente Cajamar tras la fusión de ambas entidades, acuerda ser ella la que compre el activo de Afrepark para que todos los acreedores cobren. Todos salvo a uno, ella misma, que además no reclamará dicha cantidad ni la deuda pendiente.
Cimenta 2 Gestión e Inversiones SA, la sociedad participada por Cajamar, compró un activo de Afrepark por un valor de 2 millones de euros y, según la sentencia “con la venta se podrá hacer frente al 100% de los créditos contra la masa, así como a la totalidad de los créditos concursales reconocidos, a única excepción de la totalidad del crédito adeudado a Cajamar”.
En cuanto a la antigua cúpula de Ruralcaja, el fiscal solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y 400.000 euros de indemnización por un delito de apropiación indebida en concurso con un delito de insolvencia punible para el expresidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer; el exvicepresidente José Montoliu; el ex director general, Juan José Arrieta; José Virgilio Garzón, director de la sucursal y para el legal representante de Cosesa y Afrepark, Pascual Serrano.
La pena solicitada es por el trasvase de los 3 millones de euros anteriormente citados entre Afrepark y Cosesa, que hundieron a la primera. La acusación particular eleva las penas solicitadas a los 16 años de cárcel.