Rus niega conocer el contrato del que Benavent le acusa de cobrar para el Olímpic de Xàtiva

VALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus acudía este miércoles a declarar, en calidad de imputado, después de que Marcos Benavent, autodenominado como el ‘yonki’ del dinero declarara en el Juzgado de Instrucción Número 9 de València, que investiga un contrato del Ente provincial que nunca se ejecutó, en Llutxent, que Rus fue la persona que le dijo que se debía desviar esos fondos públicos al club de fútbol Olímpic de Xàtiva, del que el expolítico era presidente.

Sin embargo, en su declaración ante el magistrado, Alfonso Rus ha negado la mayor. Según ha podido saber Valencia Plaza, Rus ha explicado que: “conocía el contrato porque el responsable del mismo le dijo que había una inspección de IVA, y que se había pagado una obra que no se había hecho” y que, a raíz de enterarse de ese extremo fue él “el que interpuso la denuncia porque tras el acuerdo privado (abonar lo recibido) el empresario dejó de pagar un plazo”.

Rus también declaró que “Benavent tenía firma hasta 50.000 euros, y el consejero delegado era el que estaba en todas las operaciones y lo único que hacía era que las cosas funcionaran bien”. Y con respecto al contrato anteriormente mencionado declaró que solo sabía del impago, pero que no tenía ni idea que se había dado una subvención para el alumbrado en llutxent.

Con respecto a la otra persona que Benavent nombró en su declaración, José Estarlich, dijo que fue a través de esa persona de la que recibió el pago del dinero para el club de fútbol, Rus aseguró que lo conocía “porque su suegro era el alcalde de Anna, y de nada más”. Y apostilló “que no es cierto que Benavent le entregara ningún dinero en mano. Que no le pidió ningún dinero en ningún despacho de la Diputación de València”.

A preguntas del fiscal del caso Ricardo Olivares, Alfonso Rus explicó que “Benavent le dijo que había sido un error (el contrato), que había firmado y que el dinero se devolvería”. Es más, añadió que esa conversación se produjo delante del consejero delegado, “pero que no recuerda si estaba el diputado” correspondiente.

Taula

Por otro lado, Valencia Plaza tuvo acceso este miércoles a un escrito presentado por el letrado de Benavent en el Juzgado de Instrucción Número 18, que investiga el caso taula. La defensa del ‘yonki’ del dinero solicta al magistrado Víctor Gómez Saval que tome declaración voluntaria a su cliente dentro de la pieza que investiga al exsuegro del exgerente de Imelsa por un contrato con la Diputación de Valencia presuntamente amañado.

 
Benavent solicita acudir al juzgado tras ser conocedor de la declaración prestada por López, su mujer, su cuñada y un socio de éste la semana pasada. En dicha declaración, su exsuegro negó haber blanqueado ni un euro. De hecho, durante su declaración recordó que la propia pericial encargada por el juzgado sobre el contrato bajo sospecha decía que era la oferta más barata de todas y no existía quebranto para el erario. Este extremo, unido al hecho de que todas las transferencias entre la empresa adjudicataria, Servimun, y otra en la que su mujer y su cuñada estaban autorizadas en las cuentas, se hicieron con factura y a cuentas bancarias a su nombre, indicaría que no hubo blanqueo.

El contrato

El contrato con Servimun, una empresa de call center que ganó un concurso de dos millones de euros, se investiga desde que Marcos Benavent declaró que se dio a dedo por su relación con el dueño, que entonces era su suegro, y la amistad de éste con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y otro alto cargo de Imelsa. De hecho, el exsuegro de Benavent fue uno de los detenidos durante la operación Taula.

Sobre el citado contrato concedido a Servimun, Marcos Benavent aseguró en su última declaración que la persona que presionó para que fuera esa empresa la adjudicataria fue el exjefe de sección de evaluación y planificación de Diputación de Valencia adscrito a Imelsa Salvador Deusa, que según Benavent era íntimo amigo de su exsuegro y por eso presionó a su favor y que algunos funcionarios "se llevaban las manos a la cabeza" y que la mesa de contratación conocía perfectamente las deficiencias existentes", extremo que el fiscal da por válido y cita en un escrito reciente.