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así lo reveló el exalcalde de Sedaví, rafael Pérez

Rus ordenó falsear informes técnicos de los contratos de Imelsa, según la investigación

Foto: Eva Máñez
30/03/2016 - 

VALENCIA. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga la implicación del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, como "máximo responsable de todo el entramado corrupto destapado en la operación Taula hasta el punto de ordenar falsificar informes para conservar los contratos de las mordidas en contra de los criterios de los técnicos de la Diputación", según han informado fuentes cercanas al caso a Valencia Plaza.

Al parecer, y según obra en los informes policiales, Rus encomendaba a sus principales colaboradores que movieran "lo que hiciera falta" para poder conservar "aquello que le daba rédito económico" a través del entramado corrupto que ahora ha salido a la luz.

El día 17 de marzo, el que fuera vicepresidente de Imelsa, alcalde de Sedaví y diputado de Empresas Públicas Rafael Pérez declaró en calidad de investigado ante la UCO y confirmó las sospechas de los agentes. Sospechas que venían fundamentadas en las horas de declaraciones del exgerente de Imelsa, más conocido como el yonki del dinero, Marcos Benavent.

Pérez les explicó que "en determinados contratos que tenían informe en contra de los técnicos, Alfonso Rus le pedía al entonces jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, que realizara otro informe contrario al criterio de los técnicos que les permitiera continuar con los contratos" que, presuntamente, les reportaban entre un 3 y un 5 por ciento en mordidas.

Estos informes, ahora bajo la lupa de la UCO, afectan a varios contratos de los últimos años de la empresa pública, si bien es cierto que es uno en concreto el que centra la atención de los investigadores de la Guardia Civil.

Mala relación entre Pérez y Rus

Pérez estuvo cerca de tres horas declarando ante los agentes y se mostró muy colaborador con los agentes. De hecho, según ha podido saber este periódico, cuando llegó a la Comandancia de la Guardia Civil los miembros de la UCO eran conocedores de la mala relación existente entre Pérez y Rus y de los encontronazos que ambos habían mantenido.

Imagen de la 'operación Taula'. Foto: MARGA FERRER

Al parecer, Alfonso Rus le mandaba las presuntas falsificaciones en los informes a Deusa porque Pérez se negaba a realizar cualquier cosa que se saliera de la legalidad establecida.

Es más, el exalcalde de Sedaví informó a los agentes de que hace unos meses había interpuesto una denuncia por presiones en el ejercicio de su cargo. Este periódico no ha podido confirmar este extremo pero sí que, en enero de 2015, se presentó otra denuncia por falsificaciones de facturas en el seno de Imelsa.

El caso más complejo

Desde que la diputada de EUPV Rosa Pérez denunciara el entramado corrupto en abril de 2015 el caso no ha hecho más que crecer. De hecho, la operación Taula está considerada como el mayor caso de corrupción de la Comunitat Valenciana. Ya cuenta con más de 120 imputados entre los que destacan la plana mayor de la Diputación de Valencia en las pasadas legislaturas y todos los concejales de la anterior legislatura del Ayuntamiento de Valencia.

La UCO, el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce y el magistrado de Instrucción, Víctor Gómez, investigan las prácticas supuestamente ilegales de varios cargos del Partido Popular. Entre esos cargos se encuentra el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, y los exvicepresidentes Máximo Caturla y Juan José Medina.

Según las investigaciones, la trama corrupta amañaba contratos de empresas públicas para conseguir mordidas de alrededor de un 3%. Las empresas que están bajo sospecha son, entre otras, Imelsa, varias empresas de las que trabajaron para la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, la empresa de la Generalitat encargada de construir colegios Ciegsa (solo en esta empresa los investigadores cifran en 80 millones de euros las mordidas) y la Fundación Jaume II El Just.

Todas ellas están siendo investigadas por presuntamente realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Los agentes de la Unidad Central Operativa están investigando todos los contratos desde el año 2003.

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