VALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha publicado su informe de evaluación sobre la estructura de gobierno corporativo del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana (SPIGV). Este ecosistema institucional está integrado por un total de 60 entidades públicas: 12 organismos autónomos, 15 entes de derecho público, 16 sociedades mercantiles, 11 fundaciones y 6 consorcios. La auditoría ha analizado el grado de cumplimiento de los principios de buen gobierno a través de tres objetivos específicos, arrojando un índice global de cumplimiento del 58,8%.

El trabajo de auditoría se ha articulado en torno a tres objetivos principales: evaluar si la información institucional y organización cumplen los principios de buen gobierno (Objetivo 1); analizar la estructura, funciones y responsabilidades de los órganos de gobierno (Objetivo 2); y fiscalizar si los nombramientos y retribuciones de los altos cargos y personal directivo se adecúan a la normativa (Objetivo 3).

En el marco del análisis de las retribuciones de los cargos directivos, la Sindicatura identifica una situación singular en la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar. Esta empresa pública es una sociedad anónima de capital mixto, integrada a partes iguales por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València. Su finalidad principal es gestionar la rehabilitación urbana, la regeneración del tejido social y la dinamización económica del barrio marinero tras la paralización de los antiguos proyectos de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

De las 36 entidades en las que se aplica la normativa de límites retributivos al personal directivo, el informe señala que en 8 de ellas se superan dichos límites. Sin embargo, el auditor explica que en 7 de estos casos el exceso está amparado por supuestos excepcionales (como el rango de subsecretario o acuerdos del Consell). Por el contrario, el informe destaca que "únicamente en un caso (PCC), el complemento adicional (por el ejercicio de las funciones de letrado asesor) no se ajusta a lo dispuesto en la normativa de aplicación".

Asimismo, la Sindicatura hace constar que la entidad no facilitó el contrato de alta dirección de este cargo ni el informe preceptivo previsto en el Decreto 95/2016 para este tipo de puestos. Aunque la empresa pública Plan Cabanyal sí presentó alegaciones para intentar justificar otros aspectos criticados por el auditor (como la falta de transparencia en su web o la ausencia de planes estratégicos), no ha aportado alegaciones que aclaren o justifiquen legalmente este complemento salarial específico.

Recomendaciones para todo el sector público

Además de este hecho puntual, el informe también recoge una serie de recomendaciones generales para las 60 instituciones del sector enfocadas a corregir las deficiencias detectadas. El organismo insta al Consell a impulsar una unificación normativa que termine con la actual dispersión y delimite con claridad las funciones y retribuciones del personal directivo para garantizar la seguridad jurídica en todo el sector. En materia de transparencia, el auditor reclama que las entidades publiquen de forma íntegra las retribuciones brutas y las indemnizaciones por cese, dado que actualmente menos de la mitad de las instituciones cumplen con esta obligación de publicidad activa.

La Sindicatura también recomienda que todas las entidades elaboren planes de actuación anuales o plurianuales con objetivos e indicadores claros, vinculando la supervivencia de cada ente a una evaluación periódica que justifique su interés general y sostenibilidad. Por último, el informe propone el fortalecimiento de los sistemas de integridad mediante la aprobación obligatoria de códigos éticos y la creación de mapas de riesgos que permitan fortalecer el control interno y prevenir malas prácticas en la gestión de los recursos públicos.