VALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de Valencia y principal imputado en el caso Imelsa, Alfonso Rus, ha solicitado al magistrado que investiga el caso que "sean alzadas las trabas de 24 propiedades", de las 29 intervenidas, para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles porque "a fecha de hoy es completamente insolvente, ha cerrado su empresa y tiene trabados el 100% de sus propiedades".
Además, en otro escrito presentado por su letrado también solicita que se permita que su esposa, propietaria "del vehículo mercedes Benz (intervenido por la Guardia Civil) sea la depositaria para salvaguardar el valor del bien, toda vez que su uso y cuidados serán eficientes" ya que, "lo que interesa no perjudica en ningún caso el posible comiso de bien, al contrario, lo garantiza". Se trata de un coche que el juez permitió que, por el momento, sea utilizado por la UCO para trabajar.
En cuanto a los bienes que Alfonso Rus tiene bajo custodia judicial, el abogado del expresidente explica que al exdirigente provincial del PP se le impuso una fianza de 2.008.179,64 euros "para garantizar una hipotética responsabilidad civil que pudiera derivarse de una eventual responsabilidad penal". Y que, por ello, en un auto del 10 de febrero de 2016, el magistrado Víctor Gómez "decidió la intervención, a efectos de posible decomiso, de 29 propiedades participadas por Alfonso Rus, cuyo valor global resulta muy superior al de la fianza impuesta", según el letrado.
El letrado prosigue argumentando en su escrito que, interpuesto diez días después de ese primer auto, "ofreció bienes cuyo valor, acreditado mediante tasación, resultaba suficiente para garantizar la fianza impuesta". Dichos inmuebles son, el edificio comercial Europa en Xàtiva, tasado en tres millones de euros, de los que la defensa de Rus ofreció el 50 por ciento; dos naves industriales adosadas también en Xàtiva, tasadas en 466.081 euros, y dos plazas de garaje en la misma ciudad, tasadas en 40.000 euros.
Asegura el abogado que Alfonso Rus es insolvente pues ha cerrado todas sus empresas y tiene todos los bienes trabados y que, "por lo anterior, parafraseando al instructor cuando señala que el decomiso 'debe responder a un principio de proporcionalidad', esta defensa interesa que sean alzadas las trabas de las restantes propiedades".
Ahora el magistrado instructor de la causa deberá responder si le devuelve, o no, dichas propiedades al principal imputado del caso Imelsa, que está bajo investigación en todas las piezas salvo dos, aquellas que afectan al Ayuntamiento de València. De hecho, este martes debía prestar declaración el principal confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Marcos Benavent, por la pieza separada que mantiene como imputado a su exsuegro por un contrato, dado presuntamente a dedo, de un call center de la Diputación.
Pero dicha declaración ha sido aplazada, pese a ser voluntaria por parte de Benavent, después de que su letrado pidiera la suspensión hasta tener acceso a unas cuentas bancarias del Banco Sabadell.
Y mientras se dilucidan todos estos aspectos, la pieza A, la que mantiene en jaque a todo el PP municipal, prosigue su ritmo y se espera que esté terminada en breve, en cuanto llegué la respuesta de un banco de Bruselas sobre los movimientos bancarios realizados por la empresa Laterne Product Council (LPC), la empresa que presuntamente utilizó el PP de Rita Barberá para financiarse irregularmente en las elecciones municipales del año 2007.