VALÈNCIA. La empresa valenciana S2 Grupo ha sido la única compañía en presentarse al concurso licitado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC) para los servicios de ciberseguridad de la Generalitat Valenciana y la creación de un Centro de Innovación y Competencia en Ciberseguridad. Liderada por José Rosell y Miguel Juan, se trata de una de las principales compañías de ciberseguridad españolas.
El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, tiene un importe base de 44 millones de euros (sin IVA) y una duración prevista de 48 meses. En los próximos días, se procederá a la apertura del sobre económico, donde se evaluará la propuesta presentada por S2 Grupo para determinar si cumple con los requisitos establecidos.
El objetivo de este contrato es reforzar las capacidades del CSIRT-CV para hacer frente a las crecientes amenazas cibernéticas y posicionar a la Comunitat Valenciana como un referente en ciberseguridad industrial. S2 Grupo, con amplia experiencia en el sector, ha sido el único interesado en gestionar los mencionados servicios, con un equipo de 64 profesionales especializados que garanticen la ciberseguridad 24/7.
El proyecto también contempla la creación de laboratorios sectoriales, el desarrollo de tecnologías avanzadas, y la implementación de programas de investigación, formación y sensibilización. Estas acciones beneficiarán a sectores clave como sanidad, educación, administraciones locales y pequeñas y medianas empresas (pymes), además de promover un uso seguro y responsable de las tecnologías entre la ciudadanía.
La Generalitat busca que este contrato no solo cubra las necesidades inmediatas, sino que también contribuya al desarrollo a largo plazo de capacidades tecnológicas avanzadas en inteligencia artificial, blockchain, Internet de las Cosas (IoT) e Industria 4.0. Además, se busca fomentar la cooperación público-privada y establecer a la Comunitat Valenciana como un referente en innovación tecnológica y ciberseguridad.
La decisión de no dividir el contrato en lotes responde a la necesidad de garantizar una gestión centralizada, más eficiente y flexible frente a los riesgos impredecibles de la ciberseguridad. Los criterios de adjudicación priorizan la calidad técnica, la experiencia y la capacidad de innovación del proveedor, además del precio.
El proyecto incluye también condiciones especiales para promover la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente, con un fuerte enfoque en la formación y capacitación del personal público y privado, asegurando la sostenibilidad del sistema de ciberseguridad en la región.