Sagunto acuerda interponer un recurso contra el segundo 'bypass' de València

VALÈNCIA. Sagunto ha acordado por unanimidad, a propuesta de la delegación de Urbanismo, interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la aprobación definitiva por parte del Ministerio de Transportes del proyecto de circunvalación exterior de València, también conocido como segundo 'bypass'.

La propuesta, presentada por el concejal delegado de Urbanismo, Quico Fernández, se ha aprobado con el consenso de todos los grupos políticos en el pleno ordinario de septiembre por considerar "que esta segunda circunvalación resulta perjudicial para el municipio tanto por su impacto paisajístico como ambiental, acústico e incluso en lo que a servicios y movilidad se refiere, ya que el nuevo trazado pasaría entre el núcleo de Sagunto y la zona de Ponera y la montaña de Romeu, afectando también a Sant Cristòfol y Pla del Bou, entre otras partes del término municipal, en la estrecha franja que queda entre el núcleo urbano y la actual autopista A-7", han explicado.

Según han destacado, con la ejecución de este segundo trazado, también desaparecerían los campos de Chulla, puesto que la nueva circunvalación pasa por encima de la ubicación de dichos terrenos deportivos. "Esto obligaría a buscar una alternativa para poder ofrecer unas instalaciones adecuadas al fútbol base, que se vería fuertemente perjudicado", han señalado.

Además, desde el consistorio han recordado que en fase de información pública del proyecto, las alegaciones de la administración local no fueron aceptadas por el Ministerio de Transportes. Posteriormente, en el primer pleno que se celebró durante la anterior legislatura, en agosto de 2015, se aprobó la interposición de un recurso de reposición para la anulación del proyecto que ahora, seis años más tarde, ha sido rechazado.

Según han explicado, el rechazo por parte del Ministerio de Transportes al recurso de reposición que se presentó el 28 de agosto de 2015, también con el apoyo mayoritario de los partidos de la corporación municipal, y que se le comunicó al ayuntamiento el pasado 3 de agosto, fue lo que llevó a la delegación de Urbanismo a tomar la determinación de pedir el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad y, con el visto bueno de ésta, la del Pleno Municipal para emprender medidas ante la Audiencia Nacional.

Alegan "errores de competencias e imprecisiones" del Ministerio

El consistorio basa su argumentación en "errores de competencias, imprecisiones, ambigüedades y cuestiones de carácter formal por parte del Ministerio". En este sentido, subraya que la resolución que se notificó al consistorio el 3 de agosto "adolece del vicio de incompetencia hasta en dos ocasiones, ya que la delegación en la que se fundamenta nunca se puede interpretar extensivamente para entenderla atribuida para resolver los recursos interpuestos contra los actos dictados por delegación".

De otro lado, otra de las motivaciones que alega la administración local es que a fecha del día del pleno seguía «sin habérsele comunicado formalmente» al ayuntamiento "cuánto se va a alejar el trazado del núcleo urbano de Sagunto y si con lo acordado hace seis años, y ratificado ahora, ello supone que efectivamente se va a atender o no la alegación municipal formulada en el sentido de que, en todo caso, el nuevo trazado vaya al oeste de la actual A-7 y que en ningún caso la cruce en ningún punto hacia el este", y se destaca "expresamente" que "cualquier solución de trazado que cruce la A-7 al este de la A-7, acercando aún más las infraestructuras viarias estatales al núcleo urbano de Sagunto cuenta con la oposición expresa de este Ayuntamiento".

"El desentendimiento que hace la resolución del recurso respecto de las posibles insuficiencias de ponderación de la Declaración de Impacto Ambiental no es admisible. Las Declaraciones de Impacto Ambiental no son susceptibles de impugnación independiente, pero sus vicios (en este caso de insuficiente valoración y ponderación de los efectos negativos de la infraestructura) son susceptibles de impugnación en los acuerdos que se apoyan en las mismas", agrega el acuerdo en su último punto.