Salud pública o libertad

La disyuntiva entre proteger la salud de los ciudadanos o preservar su libertad y sus derechos ha recorrido, desde el primer momento, toda la pandemia. En una situación de crisis como esta ha quedado de manifiesto que las restricciones de diversa índole (de desplazamiento, de horarios, de costumbres, de distancia social, y un largo etcétera) eran y son una de las medidas más eficaces para controlar y mitigar la propagación del virus. Sin embargo, todas o casi todas ellas implican cercenar los derechos de los ciudadanos, a veces gravemente, y otras de forma totalmente injustificada.

Quedan en el recuerdo esas escenas distópicas del confinamiento de la primera ola, con la policía propasándose claramente en sus atribuciones con medidas como multar a la gente por comprar en el supermercado productos que no eran del agrado de los agentes, o sobrevolar las azoteas de los edificios para prohibir a los que allí estuvieran que permanecieran en dicho espacio. En el contexto de miedo e incertidumbre generalizados en que vivimos esa situación, la mayoría de la gente miró para otro lado y aceptó restricciones que, a menudo, después los jueces han dictaminado que eran excesivas o injustificadas.

También fue entonces cuando surgieron las primeras voces críticas con el confinamiento y sus excesos. Voces que, a su vez, en ocasiones nos llevaban a espacios también dudosos, de negacionismo sobre la existencia del virus, o un orden de prioridades que ponía el derecho constitucional a tomarse una cervecita en el bar a la hora que fuera por delante de todo lo demás.

Hemos vivido más de un año, en fin, en una perpetua tensión entre salud pública y libertad, porque las medidas que buscaban preservar la primera inevitablemente afectaban a las garantías que habitualmente protegen la segunda. La balanza comenzó a decantarse del lado de incrementar las libertades en los últimos meses, en un contexto en el que los contagios permanecían en un nivel bajo (sobre todo, por comparación con lo que habíamos experimentado a lo largo del año anterior), la vacunación alcanzaba velocidad de crucero y llegaba el buen tiempo. Es en esta situación cuando el hastío de los ciudadanos con las restricciones había alcanzado un punto de ebullición, listo para estallar una vez las restricciones se levantaron. O al menos, las restricciones más duras, como la prohibición de salir de la comunidad autónoma o el toque de queda nocturno.

Sobre todo, el final de las restricciones se ha notado entre los jóvenes, por razones obvias: los jóvenes no están aún vacunados, pero tampoco se sienten amenazados por el virus, y una vez sus padres y abuelos están ya inmunizados o casi inmunizados por la vacunación piensan que ellos tampoco tienen por qué mantener las precauciones como lo hacían antes. Jóvenes que llevan más de un año sin poder salir y socializar como estaban acostumbrados. Así que parecía previsible que el final de las restricciones los encontrase a ellos en primera línea, disfrutando de la recuperación de sus espacios de ocio.

La cuestión es que el abrupto final de las restricciones nos ha llevado a un escenario similar al del año pasado al final de la desescalada, pero ahora más rápidamente. Sea porque ahora los contactos son mucho menos precavidos que entonces, porque las nuevas variantes del virus son más contagiosas, o por la razón que sea, en pocas semanas las cifras de contagios han vuelto a repuntar; sobre todo, en la población entre 15 y 40 años. Porque son más jóvenes y salen y se mueven más y -sobre todo- porque no están aún vacunados, con lo cual el virus campa a sus anchas. Casi siempre sin síntomas, lo cual incrementa su capacidad para desperdigarse silenciosamente entre la población.

Por fortuna, esta vez cabe esperar un porcentaje de hospitalizaciones y muertes mucho menor que en las anteriores olas. Pero las habrá, y no sólo entre los no vacunados: las vacunas han demostrado una elevadísima eficacia, pero no son eficaces al 100%. Tampoco sabemos cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, y cuántos contagiados pueden padecer la forma prolongada o crónica de la enfermedad.

Todos estos factores, en resumen, desaconsejaban cometer el mismo error que el año pasado, en éste concentrado en la población más joven. Pocos acontecimientos cristalizan mejor el despropósito que ha sido esta nueva desescalada que lo sucedido con el megabrote de Mallorca, del que son protagonistas miles de estudiantes españoles de bachillerato que se habían desplazado a la isla para disfrutar de un viaje de fin de curso. Ante la entidad del brote, el Gobierno balear decidió aislar a los estudiantes en un hotel covid, y ahí ha vuelto a verse la disyuntiva que hemos vivido desde el inicio de la pandemia entre salud pública y libertad.

La decisión de la jueza de Mallorca de anular el confinamiento de los jóvenes que habían dado negativo, alentada por las denuncias de algunos de los padres, pasará a los anales del despropósito y la estupidez. Una jefa de estudios de uno de los institutos cuyos jóvenes se desplazaron a Mallorca lo ha resumido impecablemente, si bien también cabría considerar cuál es la responsabilidad de unos padres que ven totalmente sensato y normal permitir que sus hijos se vayan a Mallorca de juerga en las presentes circunstancias, y luego se rasgan las vestiduras en pro de la Libertad de hacer botellón sin que nadie les moleste con tonterías de que están propagando el covid por doquier. 

La juerga ha sido breve, pero intensa. Y, desgraciadamente, ha contribuido a crear una nueva ola de covid en España en pleno inicio del verano y, con él, de la temporada turística. Un simple vistazo al mapa de contagios de Europa muestra que nuestra situación dista mucho de ser envidiable. Aunque esta ola de covid no guarde, afortunadamente, riesgos tan graves para la salud de tanta gente como los anteriores, dichos riesgos siguen muy presentes, no son menores, y pueden pesar mucho en las decisiones de millones de turistas extranjeros a la hora de seleccionar un país u otro (por no hablar de las recomendaciones o autorizaciones de los países de origen). Es un problema similar al que nos encontramos el año pasado por estas fechas, aunque con dos diferencias: la primera, que este año la situación relativa de España respecto de otros destinos turísticos europeos es mucho peor que entonces. Y la segunda, que este año no podían decir que no supieran cómo funciona el virus, y lo extraordinariamente rápido que se propaga y expande a poco que le demos oportunidades de hacerlo.