No han sido pocos los alardes de defensa de nuestro preciado parque natural por parte del gobierno valenciano, utilizado como un ariete más contra el gobierno central que nos niega el agua necesaria y prometida. Por su parte, éste ha manifestado una y otra vez que los hectómetros acordados han sido ya entregados.
Al parecer, el Ayuntamiento de Valencia no tiene modo de saber si eso es cierto o no. Lo que evidencia que la confrontación ha sido la respuesta, como siempre, sin tener en cuenta que aquí lo que verdaderamente importa ha de ser la subsistencia del parque y no la confrontación política entre instituciones.
Se hayan aportado o no los hectómetros pactados, la realidad es que, ante el aumento de temperaturas y la falta de lluvias, el parque necesita mayores aportes de agua para garantizar el caudal ecológico. Algo que ha de interesar a todas las instituciones implicadas, si la cuestión es salvar el parque y no hacer campaña política en lugar de gestión.
Y precisamente, si al PSOE o al PP en algún momento les hubiera preocupado realmente nuestro valioso paraje natural, se habrían planteado no aprobar la ampliación del puerto de Valencia, sobre la que el president Mazón dice que es un “claro apasionado”.
En efecto, según señalan todos los expertos, el mayor problema de la ampliación del puerto de Valencia es su afección a l´Albufera, algo que quedaría meridianamente claro y de manera oficial si la Autoridad Portuaria se dignara solicitar la Declaración de Impacto Ambiental preceptiva y actualizada, pues la que acompaña el proyecto es del año 2007, y va referida a un proyecto que ha cambiado sustancialmente.
Según la actual normativa, las Declaraciones de Impacto ambiental caducan y ésta habría caducado en el año 2018. Por algo será que este tipo de declaraciones tienen fecha de caducidad, ya que su finalidad es analizar el impacto ambiental de una obra y determinar las necesarias correcciones, si el proyecto se considera viable, para dañar lo mínimo el entorno natural. Algo que al parecer no les interesa.
El último vertido de fuel en las playas de El Saler es buena muestra de que la ampliación del puerto tiene consecuencias ambientales para el Parque Natural y, por tanto, requiere de ese análisis que la Autoridad Portuaria (en manos del PSOE y el PP) se niega a encargar.
Será la justicia la que juzgue este asunto, gracias a la labor ciudadana de la Comisión Ciutat-Port, que lleva años demostrando el grave impacto ambiental de esta megaobra que sólo beneficia a una empresa multinacional, la naviera MSC.
La cuestión es, ¿cómo protegemos un parque si después hacemos obras sabiendo o, como mínimo, sospechando el dañino impacto ambiental que puede tener? Pues con mucha demagogia, planteando una batalla al ministerio correspondiente como si te importara el Parque Natural, a la que el ministerio responde como si también le importara, mientras los dos aprueban la ampliación sin actualizar la Declaración de Impacto Ambiental porque el empresariado valenciano está muy a favor de esta megaobra. Y punto final. Pero l´Albufera no subsiste de demagogia.
Después, la gente te dice que no confía en la política ni en los políticos, y lo entiendo. Es difícil confiar en algunos políticos que sabes que te están vendiendo algo en lo que no creen y que se contradicen en sus acciones. Tampoco ayudan los medios de comunicación cuya orientación editorial es tan manifiesta que sus noticias causan hasta rubor al reproducir propaganda gubernamental y sobre todo empresarial a pies juntillas.
La política requiere honestidad y trabajo, y en la gestión muchas veces hay que decir que no, aunque moleste, poniendo el interés general por encima de las presiones.
Sin embargo, Mazón, cuyo gobierno lleva ejecutado el 15% a mitad año, desde que llegó a la presidencia ha manifestado en todos sus discursos públicos que con él había llegado el fin de las limitaciones al mundo empresarial. Que no se preocuparan que ahora iban a tener carta blanca.
Y de eso va la modificación de la Ley de costas y la eliminación de informes ambientales en su decretazo “simplifica” o, más bien, “abarata” el territorio de la Comunitat.
Ser más rápido en la destrucción del territorio es, al parecer, su objetivo último. Para contentar al empresariado que, por su parte, está en su papel de pedir. Pero frente a este proceder y si se representa al interés general, se ha de contar con informes ambientales que digan sencillamente cual es el impacto ambiental de una obra y, si puede ejecutarse, como corregir o disminuir dicho impacto.
Eso si se tiene algún aprecio por esta tierra. Si, por el contrario, se considera que está en venta a cambio del apoyo político de determinados empresarios para consolidarse en el gobierno, y al mismo tiempo, se quiere hacer creer a la gente que te preocupa el parque natural de l´Albufera o cualquier otro, estamos ante la habitual demagogia con la que gobierna el PP. Las consecuencias de ese proceder político ya las pagamos viendo como está nuestro litoral y el cambio climático, y las sufre l´Albufera.