Pedro Sánchez durante una de sus últimas comparecencias. Foto: JOSÉ MARÍA CUADRADOVALÈNCIA. La cifra de contagiados y fallecidos por el coronavirus en España sigue creciendo. Hasta el momento, se desconoce cuando se alcanzará el punto álgido de afectados por esta pandemia, una circunstancia que ha acrecentado la tensión política entre Administraciones.
De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía por tercer sábado consecutivo en este caso para anunciar un confinamiento aún mayor para las próximas dos semanas que incluye a todos los trabajadores de actividades no esenciales.
Una reivindicación que ya le venían exigiendo desde hace días algunos gobiernos autonómicos al considerar que el Ejecutivo central está siendo demasiado lento en la aplicación de medidas para frenar al coronavirus. En cambio, por otro lado, estas nuevas medidas de restricción de la movilidad y de cierre de actividades han causado malestar en presidentes de regiones gobernadas por el PP como Andalucía y Galicia, pero también en otras como el País Vasco, dirigida por un partido ahora aliado del propio Sánchez como es el PNV.
Estas críticas, procedentes de las citadas regiones, se le transmitieron al presidente del Gobierno ayer durante su encuentro por videconferencia con los responsables autonómicos y giraron en torno a la necesidad de que las CCAA tengan más control sobre el frenazo económico que van a suponer las nuevas medidas adoptadas, además de incluir un reproche al señalar que los gobiernos regionales conocen mejor cómo se mueve su tejido industrial al estar más pegadas al terreno.
Ahora bien, las discrepancias entre La Moncloa y las CCAA, de distinto signo político pero también socialistas, vienen intensificándose en los últimos días, especialmente desde la madrugada del pasado miércoles, cuando Sánchez compareció en el Congreso para explicar su propuesta para prorrogar el estado de alarma y recabar los apoyos necesarios para lograr que la cámara le diera luz verde. Un objetivo que logró no sin antes recibir críticas de varios de los grupos de la oposición, que le acusaron de haber actuado tarde ante la crisis sanitaria que se avecinaba.
Unos ataques ante los que Sánchez se defendió recalcando que España, teniendo menos contagiados, tomó medidas "más contundentes" que otros países europeos, además de lamentar el "juicio a posterior" al que estaba viéndose sometido por una crisis que, a su modo de ver, nadie supo prever.
Además, el presidente del Gobierno también descargó parte de la culpa en las Comunidades Autónomas al señalar que el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, ya alertó el 7 de marzo del riesgo que representaban las residencias de mayores, si bien dejó en manos de los gobiernos regionales que valoraran qué hacer aunque les recomendó que, en estos casos, siempre era "mejor sobreactuar".
En esta línea, también recordó que hasta el decreto del estado de alarma del 14 de marzo, la capacidad de las consejerías de Sanidad era "pleno", por lo que podían haberse provisto del material sanitario que hubieran considerado necesario para protegerse del coronavirus. Sin embargo, añadió Sánchez, las quejas desde algunas autonomías por la falta de material solo surgieron "a partir de la declaración del estado de alarma".
Unas palabras que, posiblemente, iban dirigidas a la Comunidad de Madrid, donde la popular Isabel Díaz Ayuso ha intensificado sus ataques contra el Gobierno de España en los últimos días por todo tipo de causas -reales o no-, como por ejemplo deslizando que desde La Moncloa no están colaborando para la llegada de aviones con material procedentes de China que había contratado el gobierno autonómico. Unos aviones que, por cierto, todavía no han llegado una semana después de que Díaz Ayuso hiciera pública su contratación.
Estas declaraciones de Sánchez no agradaron tampoco a otros gobiernos autonómicos que se están mostrando colaborativos y leales con el Ejecutivo central. Tal vez por ello la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, lanzó un dardo al ser preguntada por esta cuestión en la tradicional rueda de prensa de los viernes.
"Frente a los adalides del Estado centralizado, se ha evidenciado lo importante que es gestionar desde la proximidad servicios tan importantes como el sanitario: al final somos los que estamos sacando las castañas del fuego", afirmó Oltra, recordando además que los días en los que todo estuvo "residenciado en esa centralización" se generó "falta de material que ahora las comunidades estamos supliendo". Una manera de sacar pecho por la gestión realizada en la llegada de aviones desde China -el primero aterrizó el martes- y, también, de puntualizar que las autonomías son las que están resolviendo los problemas inmediatos y no tanto el Gobierno de España.
Una réplica que, de alguna manera, Sánchez también respondió en su rueda de prensa de este sábado, al justificar la centralización de las compras: "Ante un mercado superagresivo somos más fuertes como uno que como 17 (en referencia a las CCAA)". En esta línea, recordó que el Gobierno de España "ha respetado que las autonomías tengan la capacidad de poder comprar", si bien reiteró la importancia de que desde Madrid puedan "liderar estas compras para dar respuesta con más agilidad a las necesidades" que requiere el país.
Más directo fue el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien en una entrevista concedida al diario Levante-EMV y publicada este domingo, respondía a estas palabras de esta manera: "En esta crisis hace falta humildad".
En cualquier caso, la postura de cierto reproche adoptada por Oltra no ha sido única en estos días, aunque desde otras autonomías se han centrado en otros motivos. Territorios tan dispares como Cataluña, con Quim Torra al frente, o la Región de Murcia, gobernada por el PP con Fernando López Miras, han insistido durante varios días en el cese de todas las actividades no esenciales y el confinamiento total, algo que desde el Gobierno de España habían rechazado y que, este sábado, Sánchez decidió anunciar, pese a que este paso ha disgustado a otras autonomías.
Pero también alguna crítica se ha deslizado en autonomías gobernadas por los socialistas. Esta misma semana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguraba públicamente en una entrevista en Espejo Público que no cerró los colegios en su momento porque el Gobierno de España le pidió que no lo hiciera "para no generar alarma". Además, y en una línea muy similar a Oltra, el presidente manchego defendió la labor de los gobiernos autonómicos: "No quiero ni pensar si todas las competencias estuvieran centralizadas".
Unas manifestaciones que apuntan a reiterarse a lo largo del avance del coronavirus y, más aún, cuando se evolucione hacia la salida y se recupere la actividad política cotidiana, dado que las diversas fuerzas políticas y las distintas Administraciones pretenderán sacar pecho de su propia gestión en lo positivo y, como es habitual, tratar de desviar la culpa respecto a las situaciones comprometidas.
Una circunstancia que, por ejemplo, ya se apreció al inicio de esta crisis sanitaria cuando el Gobierno valenciano anunció la suspensión de las Fallas y, reiteradamente, indicándose que la orden procedía del ministerio.
