VALÈNCIA (EP). El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que los desahucios están prohibidos en España hasta el 31 de enero y que se pueden "ir tomando medidas en los próximos meses" para prolongar esas medidas extraordinarias que el Ejecutivo ha adoptado hasta ahora para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.
Así lo ha asegurado en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en Moncloa tras la Cumbre del G20, en la que ha confirmado su confianza en todos y cada uno de los miembros del Gobierno, incluidos el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el resto de ministros de Unidas Podemos, tras la enmienda a los Presupuestos que presentó por su cuenta la formación morada para pedir la prohibición de los desahucios hasta 2022, y que generó gran malestar en el PSOE.
A este respecto, Sánchez no ha querido entrar a comentar las tensiones internas que existen en el Gobierno, entre otras cosas, por esta actitud de Unidas Podemos, ni tampoco las duras críticas que la secretaria de Estado de Agenda 2030 y dirigente de esta formación, Ione Belarra, lanzó contra la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, por sus reproches a los 'morados'.
"Todos los ministros tienen mi confianza y empatía y una de las mejores cosas que le pueden pasar al país es que haya unidad de la izquierda y que esa unidad de la izquierda esté en el Gobierno en un momento tan complejo, para dar empatía social a una crisis sin precedentes como la que estamos sufriendo", ha asegurado al ser preguntado al respecto.
En lo que se refiere en concreto a la problemática de los desahucios, cuya gestión sigue siendo un punto de fricción entre Unidas Podemos y el PSOE, Sánchez ha asegurado que el Gobierno "está pendiente de la situación", y ha defendido que ahora no se está produciendo de forma tan traumática como en la crisis financiera, porque están tomando medidas. "Hay un compromiso rotundo del Gobierno de coalición", ha afirmado.
De hecho, ha abierto la puerta a la posibilidad de prorrogar las medidas excepcionales del escudo social que se tomaron desde el inicio del estado de alarma en marzo, entre ellas, la de la prohibición de los desahcios.
"El Gobierno garantiza el que no va haber desahucios, hay medidas aprobadas estos meses. Los desahucios están prohibidos hasta el 31 de enero, con independencia de que podamos ir tomando medidas en los próximos meses para prolongar las medidas extraordinarias", ha asegurado.
Y sobre el "fondo" de la cuestión, en relación a las discrepancias internas tras la decisión unilateral de Unidas Podemos de enmendar los Presupuestos para paralizar los desahucios hasta 2022, Sánchez ha señalado que tras firmarse el acuerdo del Gobierno de coalición, "todos los ministros no son de un partido u otro sino del Gobierno", y todos tienen su "total confianza y empatía".
SáncheZ ha asegurado que las siglas que le importan al Ejecutivo "son las de los PGE", es decir, la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha defendido que todos los partidos que apoyaron su tramitación, entre los que se incluye EH Bildu, representan "la España democrática" porque todos fueron "legítimamente" votados por los españoles cuando fueron llamados a las urnas.
"La España democrática está representada en todos y cada uno de los escaños", ha asegurado en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en Moncloa tras la Cumbre del G20, al ser preguntado por la polémica que se ha generado por el apoyo de la formación abertzale a las cuentas públicas, que ha provocado duras críticas desde la derecha y también malestar en las filas socialistas.
Según Sánchez, lo importante, y en lo que se va a centrar el Gobierno, es en la aprobación de los Presupuestos, porque tras "dos años de bloqueo", es necesario contar con un nuevo marco presupuestario y nuevos instrumentos para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes que ha provocado la pandemia del coronavirus.
Y en estas circunstancias, ha asegurado que es "muy buena noticia para España" que la semana pasada lograran que el Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad con una mayoría parlamentaria de 198 diputados, de 13 fuerzas políticas distintas, en la que ha calificado de votación "inédita".