VALÈNCIA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, firmaron este jueves en La Moncloa un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 de gran calado que toca no solo aspectos económicos, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros o la reforma de la cotización de los autónomos, sino compromisos sociales no presupuestarios, como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, o del ámbito penal, como lo relativo al delito de agresión sexual. Compromisos, la mayoría, a corto y medio plazo que el Gobierno de Sánchez se compromete a impulsar a cambio de que Podemos vote a favor de los PGE de 2019.
Entre esos compromisos hay uno que afecta particularmente a la Comunitat Valenciana -también a Madrid-, ya que Gobierno y Podemos se comprometen a crear una comisión integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, "para que en el plazo de seis meses analice la situación y defina las líneas y estrategias" para revertir la sanidad privatizada, "blindando el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario".
Bajo el epígrafe "La sanidad es un derecho universal y no un negocio", los firmantes del pacto argumentan que "se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización. Por ello sigue siendo necesario blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados".
Se trata de un camino, el de la reversión, que ya ha emprendido la Generalitat valenciana, que además de rechazar la posibilidad de prórroga contemplada en el contrato de concesión del Área de Salud de La Ribera (Hospital de Alzira) que tenía Ribera Salud y que finalizó el pasado 31 de marzo, está en negociaciones con la concesionaria del Área de Salud de La Marina (Hospital de Dénia) para anticipar la reversión de este servicio a la gestión pública. La concesión, que ostenta una empresa formada por DKV y Ribera Salud, finaliza en 2024.
El documento no va más allá y será la citada comisión la que concrete en esos seis meses de plazo hasta qué punto llega la reversión, ya que además de las concesiones, en la sanidad pública española existen numerosos casos de hospitales privados que trabajan para el sistema público bajo diferentes modalidades de concierto.
El acuerdo recoge otras medidas en el ámbito sanitario para evitar que los retrasos burocráticos retrasen la cobertura pública a los inmigrantes, extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios reagrupadas por sus descendientes con nacionalidad española, recuperar la cobertura sanitaria gratuita en España a los españoles que residen fuera del país y revertir los copagos de los pensionistas. Esto último "se hará de forma progresiva en esta legislatura, empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad", unos 5 millones.
Sorprende que en un documento de compromisos tan extenso –50 páginas–, que aborda gran variedad de temas –ley 'mordaza', ley electoral, violencia de género, delitos sexuales, desahucios...– y que en caso de llevarse a cabo supondrá un aumento considerable de los ingresos y los gastos de las administraciones, no todos cuantificados, no haya una sola medida relativa a la financiación autonómica, el problema más grave al que se enfrenta la Generalitat valenciana desde hace años.
El presidente Sánchez, interpelado por Ximo Puig y Mónica Oltra, dijo el pasado 9 de octubre en València que trataría de resolver el problema desde el diálogo, pero entre los pactos que ha dialogado con Pablo Iglesias en las últimas semanas no se ha incluido la financiación autonómica entre las medidas "para un Estado social". De hecho, una de las peticiones reiteradas por Puig en los últimos meses, ante la evidencia de que no va a haber nuevo modelo en esta legislatura, era que se incluyesen en los Presupuestos de 2019 medidas transitorias para paliar la falta financiación.
El acuerdo sí que recoge medidas relativas a la financiación local con el objetivo de "reforzar la autonomía local con un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas". Son seis medidas sobre inversiones financieramente sostenibles, tasas de reposición, plusvalías, actuaciones contra la despoblación, la agricultura y el desarrollo rural.
El pacto firmado por Sánchez e Iglesias dedica un amplio capítulo a la fiscalidad, con nuevos impuestos, sobre las Transacciones Financieras y "sobre determinados Servicios Digitales", de los que no se dice si su destino serán las arcas estatales, autonómicas o repartidas. Además, se acuerda modificar los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en su tramo estatal, el Impuesto sobre el Patrimonio y el IVA, en este último caso, para rebajar al 4% el de productos de higiene femenina y al 10% el de los servicios veterinarios.
De todos ellos, el que afecta más directamente a las arcas valencianas es el de Patrimonio, ya que el 100% de su recaudación es autonómica. El acuerdo es incrementar el 1% el impuesto a las fortunas de más de 10 millones de euros.
En cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras, consistirá en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de Euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito del impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. Se trata de una medida que proponen e impulsan 10 países de la Unión Europea (UE).
De los numerosos acuerdos firmados, el más relevante desde el punto de vista económico es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 hasta 900 euros mensuales, lo que tendrá un impacto presupuestario de 340 millones de euros. El impacto de esta fuerte subida es incierto. Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más.
"Los salarios mínimos son una potente herramienta social que puede contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Para ello deben ser salarios que garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y la de sus familias", afirman el Gobierno y Unidos Podemos en el documento firmado.
El pacto contempla la reforma en 2019 del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales, garantizando a los que tengan menores ingresos una cotización más baja.
Ambas partes acuerdan también combatir, antes de finalizar 2018, la proliferación de los llamados 'falsos autónomos' a través de una serie de medidas, entre ellas el establecimiento en la ley de la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena la prestación de servicios en la que los ingresos obtenidos por los trabajadores procedan de un único cliente o empleador.
Asimismo, se evaluará y revisará, en un plazo de cuatro meses, el régimen especial de criterio de caja en el IVA "para hacerlo atractivo a autónomos y pequeñas empresas y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento de ingresos del IVA hasta el cobro de sus facturas", según se explica en el documento.