Puig aún espera un último gesto de Sánchez con la Comunitat para rentabilizar los presupuestos

VALÈNCIA. Última oportunidad para que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga un gesto hacia la Comunitat. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, planteará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que recupere por decreto alguna de las partidas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que resultaban especialmente beneficiosas para la Comunitat, como la condonación de la deuda de La Marina o los 10 millones del transporte metropolitano, para evitar que se pierdan definitivamente tras el rechazo del Congreso a tramitar esas cuentas.

Según se apunta desde el entorno del presidente, esa será una de las cuestiones principales que el jefe del Consell pondrá sobre la mesa en la visita a València de la titular de Hacienda. El encuentro estaba previsto para este miércoles, pero la ministra se ha visto obligada a aplazarlo a la semana próxima, según explican a este periódico fuentes de su departamento.

De cara al mismo, la intención del jefe del Consell es poner también sobre la mesa problemas "estructurales" como la infrafinanciación que sufre la Comunitat como consecuencia del retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica o la deuda histórica.

De esa forma, Puig intentará arrancar al Ejecutivo de Sánchez un último gesto que permita salvar al menos algo de los que en su momento el propio Puig calificó como los mejores PGE para la Comunitat de los últimos quince años. La expectativa por rentabilizar la visita de la ministra de Hacienda choca sin embargo con la cautela que mantiene el Gobierno central al respecto, ya que la propia ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, aseguró al pasada semana en València que asuntos como la condonación de 373 millones de de La Marina quedaban pendientes de la aprobación de unos nuevos presupuestos tras las elecciones generales del 28 de abril.

La asunción de esa deuda fue una de las promesas de Sánchez a Puig que el Gobierno socialista incluyó como una disposición adicional de los PGE de 2019, pero que quedaron en el aire tras la enmienda a la totalidad de los partidos nacionalistas catalanes, PP y Ciudadanos en el Congreso. No obstante, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, se había comprometido meses antes a asumir esa deuda mediante un real decreto ley si las cuentas no prosperaban.

Al respecto, Puig ya comentó tras la reunión con Batet que pediría a Montero "la mejor solución para esa cuestión", sin concretar si le exigiría el cumplimiento del plan B al que se comprometió el Ejecutivo de Sánchez para garantizar la condonación.

El real decreto es la única alternativa viable a día de hoy para que el Consorcio Valencia –ente gestor de La Marina participado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València– pueda quitarse esa losa, pero la realidad es que el Gobierno tendría complicado justificar la urgencia de una medida de ese calado con la convocatoria de elecciones generales ya formalizada para el 28 de abril y la disolución del Congreso de los Diputados antes del martes 5 de marzo.

La Cámara celebra su último pleno este mismo jueves, de manera que si el Consejo de Ministros aprobase por decreto en una reunión posterior recuperar algunas de las inversiones previstas en la Comunitat, la norma tendría que ser convalidada ya por Diputación Permanente.

En su última reunión antes del último pleno de la legislatura, el Gobierno central tuvo tiempo de aprobar un decreto ley con medidas del nuevo Régimen Económico Balear consideradas "urgentes" como la bonificación del 75% de las tarifas aéreas y marítimas para el transporte de personas y el 65% del coste medio del flete para exportación de productos.

Sin avances en financiación

La visita de María Jesús Montero a València, programada antes de que Pedro Sánchez se viera obligado a convocar elecciones tras el rechazo a sus cuentas, surge de la carta que Ximo Puig le envió para que convocase la comisión para la negociación política para el nuevo modelo de financiación, dado que lo cierto es que el Gobierno, pese a reconocer el problema, no ha dado pasos efectivos para resolverlo.

En ese sentido, cabe recordar que Montero no ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) desde el pasado agosto y lo hizo para aprobar la senda de déficit, pero no para avanzar en el cambio del modelo caducado desde 2014. De hecho, el Grupo de Decisión creado en septiembre por iniciativa de la ministra en el seno del CPFF, del que forman parte expertos de todas las comunidades autónomas, tampoco ha sido convocado ni una vez desde entonces.

A la vez que a Montero, Puig también le remitió una misiva a la ministra de Economía, Nadia Calviño, para abordar "las consideraciones que tiene la Generalitat respecto a la necesaria compensación de la deuda histórica" y recordarle que la deuda de la Comunitat que el Estado debería asumir como propia por haberse generado debido a la falta de financiación suficiente para atender pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales asciende a 20.693,2 millones.