Imagen de archivo. Foto: EDUARDO PARRA/EPMADRID (EFE). La batalla entre el PP y el PSOE por el problema de la vivienda se ha intensificado con el encuentro del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y doce presidentes autonómicos de su partido para articular una alternativa al Gobierno en ese ámbito, mientras este prepara para el próximo lunes un foro en el que se espera que Pedro Sánchez anuncie nuevas medidas.
En un retiro celebrado en Asturias, Feijoo y los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han acordado ampliar hasta los 40 años la edad para acceder a avales de la Administración en la compra de una casa, al tiempo que decenas de propietarios salían a la calle en varias ciudades españolas para protestar por la inseguridad jurídica.
Los presidentes autonómicos del PP se han coordinado también para llevar a cabo algunas reformas legislativas dirigidas a que haya más suelo disponible para construir, más incentivos y menos burocracia, además de más seguridad jurídica en la vivienda de alquiler para incrementar la oferta.
También han pactado modificaciones normativas frente a la ocupación, un problema contra el que este sábado han protestado decenas de afectados en Madrid, Barcelona y otras ciudades, como Málaga y A Coruña.
En Madrid, medio centenar de personas, en su mayoría propietarios de viviendas ocupadas por familias vulnerables, se han manifestado contra el decreto que prohíbe, desde 2020 desahuciar a estas familias hasta que la Administración les proporcione una alternativa habitacional.
Convocados por la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación y la recién creada Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), los afectados se han concentrado frente al Congreso de los Diputados con pancartas y pitos al grito de "¡decreto covid fuera!".
Aprovij ha convocado además concentraciones en otras veinte ciudades, entre ellas Barcelona, donde decenas de propietarios han reclamado más seguridad jurídica y la retirada de las medidas implementadas durante la pandemia por el Gobierno central para proteger a los inquilinos vulnerables, con el apoyo en este caso de dirigentes del PP y Vox.
El Gobierno decretó en marzo de 2020 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, dentro del real decreto-ley 11/2020 de medidas urgentes para amortiguar los efectos de la pandemia de la covid.
Desde entonces, la medida se ha ido prorrogando, la última vez en diciembre pasado, hasta finales de 2025, dentro de otro decreto que prevé que los arrendadores y titulares de viviendas afectados por la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos tendrán derecho a solicitar, hasta el 31 de diciembre de 2026, una compensación en determinadas circunstancias.
Este nuevo decreto está pendiente de ser convalidado en el Congreso, donde el PP asegura que votará en contra y Junts per Catalunya y el PNV no han asegurado su apoyo, imprescindible para que no decaiga.
La portavoz federal del PSOE, Esther Peña, ha insistido en que el Gobierno quiere convertir el derecho a la vivienda en "el quinto pilar del Estado del bienestar" y en que, mientras que para los socialistas la vivienda es un derecho, para el PP es "un bien con el que especular".
Precisamente "Vivienda, quinto pilar del estado del bienestar" es el nombre del foro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurará el próximo lunes en el Museo del Ferrocarril de Madrid, en el que podría anunciar nuevas medidas.
Desde Moncloa han acusado hoy a Feijoo de "improvisar un ramillete de ocurrencias vacías y medidas que ya existen para presentarlas como su gran plan de vivienda".
Han recordado que los avales para la compra están en vigor a nivel nacional desde el año 2024, con una dotación de 2.500 millones de euros, y disponibles desde hace tiempo en varias comunidades gobernadas por el PP.
