Tras las acciones judiciales ejercitadas por diversas personas y colectivos, tanto en Francia como en España, frente a los representantes de sus respectivos gobiernos, se plantea el debate sobre si los miembros del español –si no todos, algunos— pudieran ser personalmente responsables por la deficiente gestión de la crisis del coronavirus. Ello nos ha llevado a investigar esta posibilidad y lo hemos hecho, como verá el lector, en diversas direcciones.
Como escribió hace unos días un influyente exdirector de periódico, desde septiembre de 2019 el gobierno de Sánchez tenía en sus manos un informe elaborado por el Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), grupo de trabajo patrocinado por la OMS, cuyo título es sobradamente elocuente A world at risk (Un mundo en peligro). En el documento se advertía a nuestro gobierno, que “se preparase para lo peor: la rápida expansión de una pandemia letal producida por un patógeno respiratorio” (p. 26), capaz de causar entre 50 y 80 millones de muertes y aniquilar el 5% de la economía mundial (p. 6). Incluso se llega a señalar que el origen de esta pandemia podría ser tanto natural como consecuencia de un arma biológica, fabricada por un Estado o grupo terrorista (p. 27). El informe llama a los gobiernos a adoptar medidas rápidamente; pues los expertos consideran que no están haciendo lo suficiente y que no invertir en la implementación de las medidas necesarias es una apuesta de alto riesgo (p. 31). La fecha en la que el GPMB debía comprobar la citada implementación para evitar el desastre –según el informe– iba a ser el mes de septiembre de 2020; sin embargo, nuestro gobierno no puede decir que no estaba avisado.
El mismo informe llama a cumplir el Reglamento Sanitario Internacional (IHR 2005), editado por la OMS, cuyo prefacio alude directamente a las “enfermedades cuarentenables” y, en su texto articulado, entre otras cosas, habla de “la obligación de los Estados Partes de instalar un mínimo de capacidades básicas en materia de salud pública”, para detectar, evaluar, informar y responder ante amenazas contra la salud, así como “movilizar recursos financieros para facilitar la aplicación de sus obligaciones dimanantes del (mismo) Reglamento”. Tales obligaciones incluyen “sustentar un sistema de vigilancia eficaz sobre las enfermedades y los laboratorios de control (…) y mantener las insfraestructuras necesarias para responder a las emergencias sanitarias". Como puede comprobar el lector, el IRH 2005, en realidad, es un tratado internacional y como tal no constituye una mera recomendación para el gobierno, sino una norma vinculante, que debería haberse cumplido hace tiempo.
Así pues, cuando se desencadenó la pandemia en China; pero, sobre todo, cuando se produjo el primer caso de contagio en Italia (y ya no digamos en España), un gobernante medianamente prudente debería haberlas visto venir y, habiéndose dado cuenta de que no había hecho todo lo necesario para estar preparado frente a esta amenaza terrible, debería haberse puesto manos a la obra para minimizar los daños. En esto, creemos, estriba la eventual responsabilidad de los miembros del gobierno, tal y como vamos a argumentar a continuación.
Decía George Bernard Shaw que “un hombre razonable es el que se adapta al mundo y uno poco razonable el que persiste en el intento de que el mundo se adapte a él”. El gobierno ha sido muy poco razonable porque, aunque todas las luces rojas de la pandemia estaban encendidas, antes que empezar a adoptar medidas fronterizas (conforme al IHR 2005), antes que adoptar medidas preventivas para tratar de proteger a los españoles, antes que dotar rápidamente a los hospitales de los equipos necesarios, antes que proveer a los profesionales de la sanidad, las fuerzas de seguridad y al ejército de los medios de protección necesarios se dedicó a desarrollar su política (en la que la convocatoria del 8-M sólo era una parte). No quiso adaptarse a la pandemia, prefirió que la pandemia se adaptase a él. Ya publicamos el pasado 18 de marzo una tribuna, en el diario El Mundo, titulada La corrección política te podría matar, y nos reafirmamos en todo lo dicho allí. Va a ser esa falta de razonabilidad, en nuestra opinión, la que podría llevar, dentro de un tiempo, a que algunos miembros del gobierno de Sánchez pudieran ser declarados responsables por los daños y perjuicios causados por su negligente gestión.
Pero claro, esto no basta con decirlo, hay que justificarlo jurídicamente. El artículo 34 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula que “serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que no tenga el deber jurídico de soportar, de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes” (la cursiva es nuestra). Los profesionales y demás ciudadanos que están y seguirán sufriendo daños en sus personas, bienes y derechos, como consecuencia del mal funcionamiento de la Administración, no están obligados a soportar legalmente tales daños y, además, tal y como hemos visto, de acuerdo con los conocimientos de la ciencia existentes, se trata de daños que el gobierno no solo podía, sino que debía prever. De hecho, los conocía de manera fehaciente. El artículo 36 de la misma Ley establece que después de que el Estado haya indemnizado a las víctimas, “exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades (…) la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento”. Y ¿por qué podemos decir que los miembros del gobierno se han comportado de forma negligente? Pues no sólo porque, como titula Cebrián, se trate de “un cataclismo previsto”, sino también porque no han cumplido el estándar jurídico de diligencia que establece la mayoría de los ordenamientos occidentales.
Tanto en el Derecho anglosajón, como desde hace algunos años también en el francés, el estándar de responsabilidad de los contratantes, de los funcionarios, de los cargos públicos y de los ciudadanos en general se denomina reasonable man o reasonable person (por mor de la corrección política) y soins raisonnables, respectivamente. En España, a nivel legal, seguimos utilizando la clásica expresión “diligencia de un buen padre de familia”, aunque tal y como han puesto de manifiesto los autores y la jurisprudencia, en el fondo se trata de estándares semejantes que arrancan del diligens paterfamilias del Derecho romano, que es un modelo de responsabilidad construido para que lo entendieran hasta los que no sabían Derecho. Los ingleses, al mismo estándar de prudencia lo llaman también “a man on the Clapham omnibus” (utilizado, por ejemplo, en la sentencia Healthcare at Home Limited vs. The Common Services Agency, de 30 de julio de 2014). Este estándar significa que el grado de diligencia que a cualquiera es exigible, sea cargo público o no, es el medio que correspondería a una persona igualmente de tipo medio que se encontrara en sus mismas circunstancias. Ni el correspondiente al gobernante más cuidadoso y previsor, ni la impericia del ser humano más descuidado del mundo.
En nuestra opinión, hasta el viajero que utiliza el autobús que une el citado barrio de Londres con el centro de la ciudad para ir a trabajar, que podría ser equivalente al que se desplaza en metro desde Atocha hasta la Puerta del Sol, de encontrarse en la posición del presidente Sánchez, o de su Ministro de Sanidad, no estando cegado ideológicamente ni presionado por su Vicepresidente, habría tenido en cuenta las muy serias advertencias contenidas en el informe del GPMB, sabiendo que el coste en vidas humanas, en la salud de las personas y en la economía de la nación iban a ser desastrosos. La ceguera política ni es un eximente de responsabilidad penal (antecedentes en la historia se podrían citar algunos) ni tampoco una causa que justifique el deber de los ciudadanos de soportar tanto daño. En nuestra opinión, Sánchez ha sido un imprudente. No hace falta detenerse en la cronología de los acontecimientos y en las correspondientes declaraciones y gestos realizados por el gobierno durante las semanas de enero, febrero y marzo, de donde se puede deducir, de un modo más que razonable, la falta de diligencia del gobierno. Para eso, nos remitimos a todo lo que se está escribiendo y publicando en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nuestro mero propósito no ha sido otro, que aportar claves por las cuales es probable que algunos miembros del gobierno tengan de pagar por su poco diligente gestión.
Juanma Badenas es Catedrático de Derecho civil de la UJI, académico y escritor
María Jesús Frigols es profesora de filología inglesa de la Universidad de Valencia y experta del ECML del Consejo de Europa
