VALÈNCIA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evidenció este martes que no tiene ningún interés en volver a asumir el control de todas las competencias tal y como ocurrió en los momentos más duros de la pandemia provocada por la covid-19. Es más, el líder socialista puso sobre la mesa todas las herramientas del Ejecutivo para facilitar a las Comunidades Autónomas (CCAA) el autogobierno en la gestión de la crisis: un regreso al federalismo que ha proclamado -intermitentemente- en su trayectoria política pero que ahora parece cobrar un sentido especialmente estratégico.
Las CCAA serán las responsables de imponer el estado de alarma en la totalidad o parte de sus territorios a juicio de sus respectivos presidentes autonómicos. El propio Sánchez se encargó de recalcarlo este lunes: "Todas las autonomías tienen a su disposición esta herramienta legal en todo o en parte de su territorio", aseguró el también líder del PSOE, quien garantizó además el respaldo de su grupo y de la "mayoría parlamentaria" del Congreso para los presidentes autonómicos que decidan dar el paso.
Es decir, el jefe del Consell, Ximo Puig, es el que tiene -y tendrá- la responsabilidad de decidir si la Comunitat Valenciana o parte de ella aplica el estado de alarma y las diferentes atribuciones que este recurso permite a los gobiernos que lo imponen. O lo que es lo mismo, Puig, al igual que por ejemplo Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Quim Torra en Catalunya, deberán decidir si se lanzan a aplicar las restricciones que consideren necesarias incluido un hipotético confinamiento de la ciudad, comarca, provincia o autonomía que gobiernan.
Sánchez anuncia que las CCAA tendrán cobertura legal para aplicar el estado de alarma
La estrategia de Sánchez no resulta sorprendente si se atiende a sus últimos gestos -o la ausencia de ellos- e incluso a la propia intervención del presidente este martes respecto a las CCAA. De hecho, el líder socialista llevaba semanas sin comparecer y, en una de sus primeras frases, recordó que las competencias de actuación habían sido redirigidas a las CCAA a finales de junio tras el fin del desconfinamiento. Un primer recado que fue regado posteriormente con el recordatorio del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables repartido por el Gobierno de España a las regiones para ser destinados a la lucha contra la covid-19.
Cabe recordar en este punto que, además, el presidente del Ejecutivo se ha reservado el control directo en el reparto entre las autonomías de los hasta 140.000 millones que le corresponden España del fondo de reconstrucción europeo, un elemento que sin duda hará servir para recabar la mayoría necesaria en el Congreso ante la inminente negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
De forma sutil pero continua, el presidente siguió martilleando con ofertas y recordatorios hacia las CCAA: anunció que el Gobierno de España ponía a disposición de los ejecutivos autonómicos 2.000 rastreadores del ejército -algunas regiones vienen flojeando en este apartado- y además insistió en la necesidad de aplicar la tecnología digital con la aplicación RadarCOVID. Una herramienta que diez CCAA aplican o aplicarán en breve pero sobre la que la Comunitat Valenciana aún no se ha decidido pese a que, según Sánchez, podría reducir el impacto de la pandemia en un 30%.
De esta manera, Sánchez lanzaba la pelota al lado de unos gobiernos autonómicos que, en muchos casos, han reivindicado su capacidad para gestionar la crisis sanitaria en mejores condiciones que el Estado. Cabe recordar que el mando único del Ejecutivo central no consiguió demasiados buenos resultados, sobre todo inicialmente, en la centralización de las compras de material sanitario o en la gestión de datos de las autonomías. Es más, en territorios como la Comunitat Valenciana se evidenció la capacidad de conseguir mascarillas, guantes u otros equipamientos por sus propios medios sin que pasaran por el control de Madrid.
Ahora bien, desde el regreso de las competencias a las autonomías los resultados han sido dispares. En el propio Consell, se han producido situaciones llamativas: el Ejecutivo de Ximo Puig fue uno de los últimos de España en señalar como obligatorio el uso de las mascarillas y, de la misma manera, no movió ficha respecto al ocio nocturno hasta que fue Madrid quien puso coto a la apertura de pubs y discotecas, así como al consumo de tabaco en la vía pública.
Unos antecedentes que evidencian el golpe de timón de Pedro Sánchez en su deseo de no asumir responsabilidades que, a su juicio, deben adoptar las CCAA. Más allá de que la estrategia vaya dirigida a compartir el desgaste, también supone un espaldarazo al autogobierno que muchas autonomías como la valenciana han venido demandando -o al menos proclamando- desde el inicio de la crisis.
Por otro lado, el presidente del Gobierno puso el acento al objetivo común de que el regreso a las aulas se produzca de forma "normal" y "presencial" dentro de las "máximas garantías de seguridad" y en la necesidad de "aprobar unos nuevos Presupuestos de país" con el máximo acuerdo entre las distintas fuerzas políticas que pueblan el Congreso.