Sanciones y despidos fallidos en la EMT de València, precedentes a la empleada cesada por el fraude

VALÈNCIA. El ya conocido fraude perpetrado contra la EMT de València el pasado mes de septiembre se ha saldado con el despido de sólo una persona: la jefa de Administración de la empresa municipal, Celia Zafra, quien tramitó los ocho pagos de la estafa tras ser engañada por los defraudadores.

El cese se produjo de forma fulminante tras desvelarse los hechos y la empresa lo sustenta en el laudo que rige en la compañía, según el cual el incumplimiento del deber de resguardar información sensible conlleva el despido directo. No obstante, tanto los sindicatos como la oposición ha cargado duramente contra esta decisión por no respetar la presunción de inocencia.

La oposición incluso ha propuesto en varias ocasiones que se suspendiera de empleo y sueldo a la empleada hasta que se esclareciera el caso y concluyera la comisión de trabajo abierta en el seno de la empresa para investigar el fraude. Zafra estaba citada a declarar en ella el pasado miércoles, pero declinó comparecer. Aunque había sido informada por varios cauces, la notificación formal en burofax le llegó media hora antes de la declaración.

Así pues, todo indica que la que fuera jefa de Administración intente por la vía judicial que se declare el despido improcedente. Y no es la primera vez que sucede algo así en la empresa. Ya hay varios ejemplos de sanciones impuestas a trabajadores que o se han retirado a la sazón o que han sido tumbadas en los tribunales.

El caso más sonado es el del anterior gerente, Andrés Bernabé. Al entrar a presidir la empresa el edil de Movilidad Giuseppe Grezzi en 2015 lo sustituyó por Josep Enric García, relegando a Bernabé a responsable de Recursos Humanos. Y al poco tiempo, decidió despedirlo por detectar "ciertas irregularidades" en la gestión durante su etapa como gerente, concretamente por camuflar horas extra y superar el límite legal de estas en la compañía.

No obstante, año y medio después, el juzgado declaró improcedente su despido, abriendo la puerta a su reincorporación pese a reconocer las irregularidades y que estas se llevaban practicando de forma habitual y normalizada en la EMT. Pero no es el único caso de estas características.

Por el mismo motivo, la que fuera mano derecha de Bernabé en la etapa anterior, Sandra Delgado, tuvo que vivir un proceso similar. Fue cesada por la dirección de la EMT y la justicia declaró improcedente el despido. Así pues, Delgado tuvo que ser readmitida un año después, si bien se le relegó a trabajar en un puesto diferente y alejado de su plaza anterior en la sede.

Otra medida punitiva que quedó en agua de borrajas fue la que se intentó aplicar al que fuera presidente del Comité de Empresa y representante de UGT, Adolfo Cruz. La empresa municipal abrió un expediente disciplinario este mismo año en el que acusaba al portavoz sindical de un presunto amaño en unas bolsas de trabajo y le sancionaba con la suspensión durante dos meses de empleo y sueldo.

Una denuncia que llevó incluso a Antifraude y que saltó a la esfera pública a mediados de abril, un mes antes de las elecciones sindicales. No obstante, a finales de mayo Antifraude todavía no había abierto expediente de investigación y la empresa trató de alcanzar un acuerdo en verano para que el trabajador admitiera los hechos y se declarara culpable. Algo que no ocurrió.

Más tarde, el empleado denunció a la empresa al sostener que no existían pruebas de los hechos. Y finalmente, la empresa cedió el pasado mes de septiembre, cuando en el acto de conciliación previo al juicio, admitió dejar sin efecto la sanción. La batalla legal, sin embargo, parece no haber finalizado: según ha podido saber este diario, Cruz presentará una demanda penal por los intentos de "acoso y derribo" que asegura haber vivido en la empresa.

También recientemente un conductor ha tenido que ser readmitido en la EMT después de que la empresa cediera en el acto de conciliación previo a otro juicio. Casos todos ellos que constituyen un pequeño historial de ceses y castigos llevados a cabo de forma inadecuada y corregidos por la justicia. El caso del fraude de la EMT podría sumarse al listado.